De Omnia y anomia.

Duarte, Payán, Jorge Kahwagi y Guillermo Ortega.
Imagen tomada del Blog de Jaime García Ch.

Por: Jaime García Chávez.

Es una mancha indeleble la que se marca en un juez cuando le demuestran, razonando con reducción al absurdo, que ha dictado una sentencia monstruosa, agraviante, que lejos de hacer de la cosa juzgada un instrumento de paz y sosiego, sólo alcanza a lanzar fuego en el fuego mismo. Reducir al absurdo es sugerir que una proposición que no puede ser falsa necesariamente es verdadera. Así resuelve, lastimosa y vergonzosamente, la señora Claudia Guerrero Centeno, en su calidad de jueza titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Chihuahua, en una controversia en la que son parte el abogado Marcos Molina Castro y Antonio Payán Gómez, beneficiándose éste del innoble desempeño de una funcionaria judicial que se supone garante de los derechos de las personas y que en la realidad trabaja a contrapelo de esa idea de que frente a cualquier agravio y vulneración de los derechos fundamentales hay un juez que restituye, que encausa por el respeto a la Constitución a quienes la violan. Lo que hay que ver cuando un ciudadano ofendido sale en defensa de su honorabilidad y la acredita. Cuánta razón tiene Juan Villoro cuando ha dicho que lo que le falta a México es honor.

Les explico: el abogado Marcos Molina Castro publicó una importante carta en la que denuncia la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, y especialmente la que abriga y protege la jueza Claudia Guerrero Centeno, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Chihuahua. En ese texto, que publicó el periódico El Heraldo de Chihuahua, su autor rebate con el argumento de reducir al absurdo el anticonstitucional desempeño de la mencionada funcionaria, que en los hechos ejerce, por consigna, un padrinazgo a favor de Antonio Payán Gómez, propietario de diversos medios identificados con la denominación Omnia, que como columna se publicó en El Diario de Chihuahua y hoy, además es director del periódico La Crónica, de reciente instalación en Chihuahua. Se trata de un periodista engreído del poder político en la entidad y que vive y se ha enriquecido proverbialmente como profesional de la persuasión en favor del autoritarismo y cobra munificentemente no nada más en el gobierno del estado sino en cuanta dependencia se le autoriza, incluida la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su trabajo no es informar, ese compromiso jamás lo ha tenido, sino difamar, calumniar, denostar a quienes resultan incómodos al ejercicio del poder corrupto y corruptor.

En un país en el que hacer periodismo con honradez sólo da para vivir en la medianía económica, la riqueza, bienes y privilegios de Antonio Payán Gómez, hablan claramente del nefasto papel que juega desde hace tiempo aquí en la región. Por eso sus ataques ilegales por desapego a la Constitución provocaron que el abogado Molina Castro lo haya demandado por daño moral con el resultado de que la jueza Claudia Guerrero haya venido en auxilio con un fallo protector a fortalecer la peor burla que ha habido en Chihuahua para denostar lo que realmente es la libertad de expresión. El legendario Francisco Zarco volvería a morir de vergüenza si se enterase de cómo un juez de amparo traiciona las libertades que tanto han costado a este país. Y no vale que se aduzca que la libertad de un columnista da para proceder como lo hace Payán Gómez. Lo correcto, y además legal, es que en los géneros de opinión, como la columna, el enfoque sustancial es ciertamente la opinión, y la información, si existe, queda relegada a un segundo plano. Aún así, la información debe acudir inmediatamente en socorro de este tipo de texto, es decir, cualquier opinión o visión subjetiva debe razonarse. Como cantaba Jorge Negrete: si echo bravata, también la sostengo. De otra manera la tinta del periodista simplemente queda convertida en estiércol, como en este caso.

Una cosa debe estar clara, tanto para Payán Gómez como para la jueza Guerrero Centeno: las cosas no van a parar donde pretenden dejarlas. Este es un agravio que no se olvida aunque lo archiven en una gaveta secreta del juzgado. Al tiempo.

Aunque sólo se sugiere en el texto de Marcos Molina, es conjeturable que la consigna para dictar el aberrante fallo provenga de los agentes sembrados por Diego Fernández de Cevallos, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en la Judicatura adosada a la misma. Será parte de esta historia indagarlo y demostrarlo.

Para que Marcos Molina Castro no se sienta solo en esta causa, que en esencia es de todos, yo también le pregunto a la jueza Claudia Guerrero Centeno: ¿Cuánto le pagaron por su sentencia en favor de Antonio Payán Gómez?, ¿quién le dio la instrucción de proceder de esa manera? Y no es que sea osado, simplemente pienso que si la justicia federal es así, los tribunales de la unión estarán para garantizar la peor de las concepciones de la libertad de expresión que se pueda imaginar.

Este es un caso de anomia que no puede quedar impune.