En 2012 más de 24 mil 500 personas tuvieron que abandonar
Ciudad Juárez debido a la violencia generada por el narcotráfico y el crimen
organizado, con esta cifra Chihuahua se encuentra entre los siete estados que
más presentaron este problema en el país, revela el informe del Consejo Noruego
de Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa,
Michoacán y Guerrero, son los siete estados de la República que concentran el
mayor número de personas desplazadas por el crimen organizado, cuya suma
asciende a cerca de 430 mil personas entre 2011 y lo que va de este año.
Tan sólo en 2012, 230 mil mexicanos tuvieron que abandonar
su hogar y sus propiedades en distintos estados de la república como
consecuencia de la violencia generada por el crimen organizado, se destaca.
El informe señala que en 2011 “la violencia de los cárteles
(del narcotráfico) se disputa territorios (donde habitan) alrededor de 200 mil
personas” principalmente en esos siete estados del país.
Ante esta grave situación, el PRD presentó una iniciativa de
reforma constitucional para que el Estado asuma la responsabilidad “de
garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de los derechos
de las personas desplazadas internamente de su lugar de residencia, para evitar
los efectos de situaciones de violencia generalizada…”.
Lo mismo en el caso de las personas que se ven obligadas a
abandonar sus hogares como resultado de “violaciones a los derechos humanos,
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, según lo disponga la ley
en la materia, la cual establecerá la concurrencia de la Federación, las
entidades de la República y municipios en el ámbito de sus respectivas
competencias”, precisa la iniciativa.
En su texto, el diputado federal Israel Moreno indica que la
categoría de desplazado, en el derecho humanitario a nivel mundial, difiere de
la de refugiado, ya que aún y cuando en ambos casos las personas se ven
forzadas a abandonar sus hogares, los desplazados no pueden acceder a los derechos de protección que les
proporcionan los instrumentos internacionales en la materia “puesto que no han
cruzado una frontera internacionalmente reconocida”.
Por tanto, explicó, el gobierno tiene la responsabilidad de
satisfacer las necesidades de protección y asistencia que demandan los miles de
desplazados que hay en territorio mexicano como consecuencia de la acción
violenta del crimen organizado y el narcotráfico. El diputado Moreno Rivera
señaló que a pesar de que ha habido esfuerzos de la Federación para atender
este fenómeno, la situación está lejos de mejorar, y por el contrario “se ha
agudizado por motivo de la aparición de nuevas causas de desplazamiento, como
la relacionada con la violencia del narcotráfico y el crimen organizado”,
concluyó.