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| Foto: elmundo.es |
La Fiscalía General del Estado y principalmente en la
zona norte, no investigó los asesinatos de siete integrantes de la familia
Reyes Salazar, del Valle de Juárez, dejó inactivas durante meses e incluso años,
las carpetas de investigación, de acuerdo con la recomendación 83/2013 de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por lo menos diez agentes del Ministerio Público que
integraron y/o atendieron las capetas de investigación, fueron omisos y negligentes
en las investigaciones respectivas y el Estado mexicano, también fue incapaz de
proteger a los familiares que sobrevivieron, a pesar de que ellos denunciaron
amenazas e incendios de sus viviendas, que tampoco fueron investigados.
La CNDH detalla cada caso, inicia con el homicidio de la
activista Josefina Reyes, asesinada el 3 de enero de 2010, luego de exigir
justicia por el asesinato de su hijo Julio César Reyes, asesinado en noviembre
de 2008, año en que inició el Operativo Conjunto Chihuahua.
Detalla que cada integrante de la familia es víctima de la
fiscalía, porque sus crímenes quedaron impunes en el caso de los asesinados y
el resto debió desplazarse de su lugar de origen. En el 2012 les dieron asilo
en Estados Unidos.
Registra los homicidios de Josefina Reyes Salazar ocurrido el
3 de enero; Rubén Reyes Salazar, el 18 de agosto de 2010; María Magdalena y Elías Reyes Salazar, asesinados el 7 de
febrero de 2011 y Luisa Ornelas de Reyes, también ejecutada con estos dos
últimos; y el 14 de agosto de 2011, privaron de la libertad y asesinaron a
Isela Hernández Lara, “familiar por afinidad” de Marisela Reyes Salazar,
hermana de la familia victimada a lo largo de tres años.
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| Sara Salazar con la foto de su hija. |
La mamá de los hermanos Reyes Salazar, Sara Salazar
Hernández y toda la familia de Saúl Rubén Reyes Salazar, uno de los
sobrevivientes, obtuvieron asilo político en el 2012, las autoridades
estadounidenses los avaló como activistas y denunció que el gobierno mexicano
no pudo protegerlos ante el miedo fundado de persecución.
Las carpetas de investigación, reitera la CNDH, tienen
lagunas de tiempo entre una diligencia y otra. Dichas diligencias consisten en
llamadas telefónicas a familiares o conocidos de las víctimas, así como visitas
a vecinos de la familia, quienes no quisieron declarar. También presentaron a
la CNDH un oficio en el que intentaron declararse incompetentes de esos casos y
declinarlo a la Procuraduría General de la República (PGR).
Advierte sobre la necesidad de que la Fiscalía General del
estado de Chihuahua cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de
conductas delictivas, investigar con los medios a su alcance los ilícitos que
se cometan en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los
responsables y lograr que se impongan las sanciones pertinentes, así como de
proporcionar a las víctimas del delito un trato digno, sensible y respetuoso y,
fundamentalmente, brindarles una debida atención.
En el caso de Josefina Reyes, indica que previo a perder la vida, ella había
encabezado una serie de marchas y movimientos contra la represión, la violencia
y la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales
concentradas en Ciudad Juárez, Chihuahua, para combatir el crimen organizado.
También participó a través de una organización civil no
gubernamental, en el foro contra la militarización y la represión, lo que
derivó en la privación de la libertad de uno de sus hijos y del asesinato de
otro, el 16 de noviembre de 2008, año
que inició el Operativo Conjunto Chihuahua.
Sobre Rubén Salazar
dice que fue privado de la vida por disparos de arma de fuego en el municipio
de Guadalupe, Distrito Bravos, Valle de Juárez y era parte de otra organización
civil.
En el asesinato de uno de los hijos de Josefina Reyes,
indica que cuando la CNDH consultó el caso, la autoridad estatal no había
determinado indagatoria alguna, por lo que los hechos continúan impunes, a más
de cinco años.
En los otros homicidios, señala también dilación y omisiones
en la integración de las carpetas, encontró alteraciones.
En la carpeta del caso de Rubén Reyes, se evidencia que un
agente del Ministerio Público recibió los dictámenes periciales en
criminalística de campo y en química y
seis meses después de los hechos, el 18 de febrero de 2011, otro agente
solicitó a la Policía Estatal realizar la investigación solicitó a la Policía
Estatal realizar la investigación respectiva, lo que reiteró otro agente más,
dos años y medio después, hasta el 1 de febrero de 2013: “sin que al momento de
la consulta realizada por personal de esta comisión nacional el 13 de junio de
2013, obre constancia de que la Policía Estatal hubiere rendido su informe de
la investigación respectiva”.
Hasta el 31 de enero de 2013, uno de los agentes solicitó
las actas de nacimiento, matrimonio y de defunción de los descendientes de
Rubén.
“Llama la atención que a pesar de que el 31 de agosto de
2010 se planteó al director de la Zona Norte de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses de la Fiscalía General solicitud de dictamen pericial en materia de
balística forense, no fue sino hasta dos años y seis meses después, esto es, el
1 de febrero de 2013, que AR12, envió un recordatorio para tal efecto, aunado a
que no obra constancia de que se hubiere recibido en la unidad requerida”.
“A más de tres años de ocurridos los hechos en que fuera
privado de la vida V2 (Rubén Reyes), no obran actuaciones tendentes a su
investigación, que permitan la identificación de los probables responsables”.
Los otros casos de homicidio presentan irregularidades
similares, ya que las carpetas de investigación han permanecido dos años,
inactivas.
En ningún caso tienen esclarecido siquiera el móvil, ni han identificado a los probables responsables, a pesar del tiempo transcurrido, pero tampoco se observa voluntad para hacer.
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| Casa de Sara Salazar, incendiada |
Y advierte que a pesar de que la Fiscalía General de Estado
de Chihuahua, tuvo conocimiento de los homicidios desde 2008 y de que hubo
amenazas de muerte hacia otras víctimas que posteriormente también fueron
asesinadas, fue omisa en establecer mecanismos de prevención en su favor para
evitar que sufrieran nuevas amenazas o agresiones a su vida, o bien, disponer
de las medidas necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de los demás
familiares de los agraviados.
La omisión de los diez agentes que tuvieron en sus manos
loso casos, consiste pues, en practicar las diligencias mínimas necesarias para
la investigación de la verdad histórica de cada uno, tampoco buscaron informes
policiales ni dictámenes periciales, por lo que encontraron una deficiente
actuación ministerial.
Los sobrevivientes han sido lesionados de diferentes maneras
porque sus domicilios y negocios fueron incendiados, pero la fiscalía informó a
la CNDH que no había denuncias, a pesar de que fueron hechos púbicos dados a
conocer en medios de comunicación.
“De esta manera, las víctimas y los ofendidos no sólo se
enfrentaban a las consecuencias derivadas del delito, sino que, además,
padecían de una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en el
sistema de procuración de justicia; acciones y omisiones que forzaron a los
familiares, a salir del estado de Chihuahua, en búsqueda de salvaguardar su
integridad física”.
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| Panadería de los Reyes, incendiada. |
Las recomendaciones son:
1.
- Brindar asistencia médica, psicológica, social y
material necesaria a los familiares de las víctimas.
2.
-- Brindar medidas de protección urgentes (después
de dos años y más), para los integrantes de la familia agraviada o residen en
otra entidad federativa.
3.
- Que la fiscalía realice las acciones necesarias
para la integración y determinación de las carpetas correspondientes a cada
homicidio.
4.
- Que la
fiscalía colabore con la queja de la CNDH para determinar la responsabilidad de
los servidores públicos que fueron omisos y negligentes en los casos.
5.
- Que se colabore en la presentación y seguimiento
de la denuncia de hechos preentada por la CNDH, contra los servidores públicos.
6.
- Que se den medidas pertinentes para que a los
familiares desplazados se les respeten sus derechos humanos o bien, les brinden
lo necesario en caso de que deseen regresar a su lugar de origen.
7. -
- Que se garantice la no repetición de ese tipo de
actos.
8.
- - Que se implemente un Programa Integral de
Capacitación y Formación en Materia de Derechos Humanos, dirigido a todo el
personal del gobierno del estado de Chihuahua
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