Con calificaciones de 4.5 y 6.6 respectivamente, documentos
incompletos o no certificados e influyentismo, el Congreso del Estado eligió el
9 de octubre de 2012, a dos consejeras del Instituto Chihuahuense de la
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).
Por ese motivo, la justicia federal puso a prueba al Poder
Legislativo en el estado, luego de evidenciar la opacidad con la que actuó la
pasada legislatura, para designar a las dos consejeras.
El aspirante que tuvo la mayor calificación, de 9.0, Rodolfo
Leyva Martínez, denunció las irregularidades ante el juez octavo de Distrito,
Ignacio Cuenca Zamora y éste resolvió el pasado 9 de enero a favor del
ciudadano denunciante.
De acuerdo con la demanda de amparo JA 1574/201, interpuesta
el 21 de diciembre de 2012 y resuelta el 9 de enero de 2014, Cuenca Zamora
resolvió no amparar a Leyva Martínez contra los actos relativos a las
violaciones cometidas durante el proceso de selección de los aspirantes
atribuido a la comisión de elecciones de Congreso del Estado, es decir, no
anuló todo el proceso.
El juez sí amparó al quejoso, contra los actos del Congreso,
Gobierno del Estado, el secretario de Gobierno y el director del Periódicos
Oficial del Estado, por lo que ordenó dejar sin efectos el decreto 981/2012,
aprobado por mayoría en la anterior legislatura el 29 de noviembre de 2012 y
publicado el 1 de diciembre de ese mismo año. La decisión sólo la impugnaron
diputados panistas que eran minoría.
La sentencia fue emitida por el juez el 9 de enero pasado,
pero la actual legislatura se retrasó porque el Patido Revolucionario
Institucional (PRI) y otros partidos aliados, se empeñaba en sostener a las dos
consejeras electas, Alma Rosa Armendáriz Sigala y María Nancy Martínez Cuevas,
ganaron tiempo para buscar una solución.
La sentencia causó ejecutoria el 11 febrero de 2014 causó
ejecutoria y el Congreso no se inconformó,
por lo que la presidencia del Congreso remitió la resolución del juez el
28 de febrero a los integrantes del Congreso, así como la documentación para
que conocieran del asunto y estuvieran en aptitud de pronunciarse al respecto.
El juez le llamó la atención al Congreso del Estado por haber
dilatado la derogación del decreto y elección de nuevos consejeros. Finalmente
el pasado 25 de marzo lo concretó y las consejeras fueron destituidas de su
cargo seis días después, así como los cinco suplentes, cuando se publicó en el
Periódico Oficial del Estado.
 |
| Rodolfo Leyva Martínez |
Los suplentes que quedaron sustituidos son Edgar
Daniel Cuilty Grabulosa, Alejandra Portillo Jáquez, María del Rosario de Fátima
Baeza Baeza, Julio César Aranda Ochoa y Héctor Hugo Natera Aguilar.
En la misma sesión del 25 de marzo, debieron elegir a los
otros dos consejeros, pero el diputado Gustavo Martínez del Partido Nueva
Alianza (Panal), pidió tiempo para conocer los perfiles de los finalistas, que
son 20, aun cuando ya habían dilatado de decisión más de dos meses.
El pasado miércoles 26 de marzo, una comisión de diputados
encabezada por el presidente de la fracción del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Rodrigo De la Rosa Ramírez, acudió con el juez para
pedirle otra prórroga y les dio diez días hábiles más, para “analizar” los
perfiles de los finalistas, también estuvo presente Leyva Martínez.
La exigencia del juez es que el Congreso designe de nuevos a
los dos consejeros o consejeras titulares y cinco suplentes, mediante voto
razonado de cada diputado presente, y el presidente del Legislativo deberá dar
a conocer los nombres de los ganadores, de manera fundada y con motivación
reforzada, en específico, deberá justificar por qué excluyen como vencedor al
quejoso, en caso de dejarlo fuera.
Con el pretexto de la destitución, el Ichitaip no ha
sesionado y alegaron que tienen un rezago importante, incluso acusaron a
intereses extraños, una serie de solicitudes que consideran sin sentido que
pretenden “tronar” al consejo, lo que fue reprobado por usuarios de redes
sociales que los acusaron de opacos.
A partir de la resolución del juez y de la dilatación del
Congreso para acatar la sentencia, Leyva Martínez ha enviado a los diputados
una serie de oficios que ha hecho públicos en redes sociales y a través de
correos, para señalarles que irá hasta las últimas consecuencias se incurren en
desacato, les ha señalado con bases legales, por qué podría ir hasta la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si no lo eligen, porque la lista
finalistas está viciada desde el inicio, ninguno pasó el examen y entregaron
papelería a destiempo.
El presidente de la bancada del PRI, De la Rosa, lo ha
acusado de amedrentar y amenazar a los legisladores, pues alega que Leyva ha
cuestionado la función del diputado y el Congreso tiene sus tiempos para
analizar con “puntualidad” la sentencia del juzgado federal.
“No vamos a permitir ese tipo de artimañas para que influyan
en la decisión”, dijo el diputado priista en rueda de prensa el pasado jueves
27 de marzo. Sin embargo, dijo que no realizarán ninguna acción legal en contra
del quejoso.
Señaló además, que al único presidente de bancada que no ha enviado Leyva los oficios o cartas, es César Jáuregui Moreno, de Acción Nacional, y agregó: “Yo creo que sin lugar a duda, el licenciado Leyva siempre ha pertenecido a la línea del PAN, por eso el diputado Jáuregui no ha recibido ese tipo de cartas”.
Y es que Rodolfo Leyva es hermano de un militante panista,
Alejandro Leyva.
 |
| Benjamín Palacios Perches |
En columnas de medios de comunicación locales, afines al
gobierno del estado, han filtrado que de no cesar con sus amenazas, las
autoridades podrían dar a conocer los “antecedentes” de Leyva cuando fue
funcionario en la Procuraduría de Justicia del Estado, en el sexenio pasado,
pero no han dado más detalles sobre esos antecedentes.
Rodolfo Leyva les ha advertido a los diputados que de no
votar por él, podrían ir a prisión, lo que
fue desestimado por De la Rosa, ya que dijo, es el juez quien tiene la última
palabra.
El diputado explicó que la decisión para elegir a los dos
consejeros y los cinco suplentes, la tomarán basados en la lista de 20
finalistas, ya que el juez no anuló todo el proceso y deja la lista intocada.
“Hay expediente, currículum, examen, entrevista de cada uno,
que son elementos de juicio que en su momento la comisión especial utilizó”,
detalló.
LA LUCHA CONTRA LA OPACIDAD
En entrevista, Rodolfo Leyva Martínez explicó que él cree en
que la transparencia porque es fundamental para que los ciudadanos tengan
mejores elementos para tomar decisiones y para cuidar qué hace bien y qué hace
mal el gobierno, por lo que es necesario que los organismos especializados, sean
realmente imparciales.
Dijo que su interés es llegar hasta las últimas
consecuencias, para que ese tipo de actos no se vuelvan a repetir, más allá de
que sea electo o no.
“El instituto ha venido trabajando muy mal, han negado
incluso, solicitudes de información sobre cuánto gana cada empleado del
Congreso del Estado, que es algo básico y debe ser público. El Consejo General
del Ichitaip censura la libertad de expresión, cuando un ciudadano denuncia, ni
siquiera el consejo da seguimiento porque alega que es una falta de respeto
cuando tienen asuntos sin resolver de hace dos años, cuando ley obliga a tomar
las decisiones en 30 días”, abundó.
 |
| Consejo General del Ichitaip |
Cuando participó en el primer proceso, concursó con el actual
presidente del Consejo General, Enrique Medina Reyes que quedó en el lugar
número 15 y con el actual consejero Manuel Enrique Aguirre Ochoa, quien quedó
en el lugar número 87 de 91 participantes, su calificación fue reprobatoria.
“Sucedió lo mismo aquella ocasión, no se consideraron los
perfiles adecuados porque las personas ya habían sido asignadas desde antes,
pero en el 2009 la Constitución era diferente, si hubiera denunciado, me habría
topado con un pensamiento tradicional que hubiera determinado que era una decisión
libre del Congreso, pero con la reforma constitucional de 2011, en materia de
derechos humanos y de amparo, aunado a decisiones de Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), vino a cambiar la situación”, explicó Leyva, quien es
abogado de profesión y se preparó para enfrentar al sistema, desde que decidió
participar en el segundo proceso.
Tomó como referencia la promoción de actos de inconstitucionalidad que emprendieron y ganaron dos magistrados contra el congreso local, pero Leyva lo enfrentó como ciudadano, destaca él mismo.
“Entre la Secretaría General de gobierno, la Consejería
Jurídica y el despacho del gobernador, han pagado más de un millón y medio
mensuales si sumamos a todas las personas que han involucrado en el litigio”,
explica y presume que él ha enfrentado el proceso con sus propios recursos
durante casi 500 días desde que éste inició.
Detalla que las consejeras que fueron electas el 29 de noviembre de 2012, Alma Rosa Armendáriz y María Nancy Martínez, no cumplieron con la convocatoria porque les aseguraron que ellas eran las elegidas y las apoyaron con todo el aparato de gobierno.
“La convocatoria exigía que la solicitud debería ser por
escrito, obviamente con la firma del solicitante, pero en el caso de María
Nancy Martínez, ni siquiera la firmó, no tiene firma y así fue designada
titular, pero además entregó copias simples de sus títulos profesionales y la
convocatoria exigían documentos públicos que expiden los funcionarios, en
original o copias certificadas que cuestan 50 pesos, su título tampoco tiene
firma”, detalló.
Todos los documentos los obtuvo a través del juzgado de
Distrito, ya que no lo logró por solicitudes de información, le respondieron
en la Unidad de Información del Congreso
del Estado y lo respaldó el Consejo General del Ichitaip, que era información
confidencial porque incluyen datos de personas, “pero lo único que debe ser
confidencial es el número de celular, la dirección física y electrónica, lo
demás debe ser público”.
En el caso de Alma Rosa Armendáriz, quien saltó como
consejera del Instituto Estatal Electoral (IEE) al Ichitaip, tampoco entregó
copia certificada “de lo que ella dice son sus títulos profesionales, entregó
copia simple y no demostró hasta el 9 de noviembre de 2012, que ella era una profesional.
Las reglas eran iguales para todos, no se puede corregir fuera de proceso una
falla de ella misma, si es que realmente tiene título profesional”, explicó
Leyva.
Ellas dos y otras personas, la mayoría de la lista de los 20
finalistas, de acuerdo con Leyva Martínez debieron ser descalificadas desde esa
etapa, porque obtuvieron ayuda de Secretaría de Gobierno para obtener su
constancia de laicidad, dato que sí obtuvo a través de Infomex.
 |
| Diputado Rodrigo de la Rosa |
Por ese motivo, también demandó en el amparo, a Romero
Maldonado, debido a que utilizó su influencia institucional para que
expedientasen los documentos.
Rodolfo Leyva cuenta con los documentos obtenidos a través de
Infomex, solicitud número DRJA 2074/2012.
“Incluso, Alma Rosa Armendáriz señaló como domicilio para
recibir los documentos, la dirección de las oficinas de la dirección general de
transporte del gobierno de Chihuahua, en la avenida Venustiano Carranza”, dio a
conocer Leyva.
Y abunda: “La Secretaría General de gobierno era parte de la
comisión especial tripartita encargada de la primera etapa de proceso de
selección, conformada por dos representantes del ejecutivo, dos del judicial,
el presidente del Congreso y representantes de partidos. Uno de ellos era
Francisco Javier Balderrama Domínguez, actualmente es director de normatividad
de la secretaría general de gobierno y a su vez, el entonces Wilfrido Guillermo
Campbell Saavedra era director de transporte (actualmente es delegado del
Instituto Nacional de Migración), fue quien cometió peculado para beneficiar a
más del 60 por ciento de los participantes, pagó con dinero público funcionando
como empresa de paquetería”, criticó el quejoso.
Rodolfo Leyva investigó que Alejandra Portillo Jáquez, una de
las consejeras suplentes destituidas, también fue beneficiada porque entregó su carta de laicidad 14 días después
del cierre de la convocatoria.
“A ella ahorita la tienen beneficiada en la nómina de
ichitaip, es coordinadora de relaciones intergubernamentales, puesto que no
existe formalmente, es nuera de quien era diputado del Partido del Trabajo
(PT), Rubén Aguilar Jiménez, partido que contendió por la gubernatura con el
actual gobernador como candidato común. El parentesco lo tengo demostrado en el
expediente con el acta de matrimonio”, aseveró.
Agrega:
“Yo sí entregué documentos sin ayuda, a tiempo y en la forma
exigida, desde ahí debieron haber sido separados a la mayoría. En total
participamos 71. Luego, vino el examen de conocimiento. La ley señala
específicamente que se realizará con apoyo de universidades estatales y hace
énfasis en el conocimientos”, advierte.
En el proceso de 2009 realizó el examen la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACh) y en el segundo de 2012, fue la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), cuyo rector es Ricardo Duarte Jáquez, hermano
del actual gobernador de Chihuahua, explica Leyva.
Alma Rosa Amendáriz obtuvo una calificación de 4.5 y María
Nancy Martínez, de 6.6, ésta última, de acuerdo con los alegatos de Leyva
Martínez, no demostró especialización porque con esa calificación no podría
aprobar una materia de maestría en ninguna materia de maestría de ninguna
universidad del estado.
La tercera etapa fue una entrevista, en la que se iba a
verificar que las personas tuvieran la experiencia y actitud de servicio
adecuado y tuvieran una idea clara de lo que iban a hacer.
“A mí no me encontraron ni un solo motivo de descalificación,
por eso fue incluido en la lista de diez finalistas, pero esas entrevistas no
fueron videograbadas, no se levantó una minuta ni versión estenográfica, no
tienen una sola razón para descalificarme porque cumplí con todo”, agrega.
Toda la documentación, la obtuvieron hasta el 17 de julio de
2013, cuando el juez obligó a los diputados a entregaran toda la información y
estos no pudieron cambiar o alterar nada. “La entregaron completa porque ya
habían cometido delitos en el juicio de amparo, falsificaron documentos.
Francisco Javier Salcido Lozoya –quien entonces era presidente del Congreso-,
cometió delito de falsificación documental junto con Benjamín Marcelo Palacios
Perches –funcionario del Poder Legislativo-“, indica Leyva.
Explica que Francisco Salcido le mandó al juez información
falsificada.
“Antes de esto, yo le había pedido al Congreso en diciembre
de 2012, que entregara copia certificada de expedientes y calificaciones y dijeron
que era confidencial porque podía afectar la reputación de los participantes,
Mariana Lizeth Rodríguez Martínez era la secretaria de la unidad de información
en el Congreso y es hija de María Nancy
Martínez Cuevas, una de las concursantes que fue nombrada consejera titular y
destituida posteriormente”, detalló.
La solicitud de información fue impugnada por Leyva y llegó
al Consejo General del Ichitaip y por unanimidad dicen que sí es información
confidencial. “Votan las dos consejeras sobre sus propias calificaciones, ese
es un ilícito y el presidente Enrique Medina Reyes lo permitió”, agrega.
“Las dos consejeras dicen que es información confidencial
porque afecta su reputación, ese documento fue integrado al expediente. Y en
mayo de 2013 se le exigió a Francisco Salcido que le entregara los expedientes,
pero éste le dice al juez que no porque es información reservada porque así lo
decidió en Ichitaip”, ironizo.
Argumenta que Francisco Salcido y Benjamín Palacios
cometieron falsificación porque entregaron al juez de distrito, la información
censurada completamente, las calificaciones y documentos estaban censurados con
tinta negra y Palacios Perches le dice al juzgador que son copias certificadas,
fieles a los originales, aun cuando fueron manipulados con tinta negra.
Por ese motivo, advirtió que va a Juez no estaba impulsar que
sean sancionados, para que se le dé visa al Ministerio Público.
Además, acusó que en el Congreso les dijeron que el diario de
debates y el video de la sesión de noviembre de 2012 eran confidenciales,
porque se mencionaba el nombre de otras personas mejor situadas en
calificaciones.
En aquella sesión del 29 de noviembre del 2012, hubo un
debate entre los diputados Héctor Ortiz Orpinel del PAN y Fernando Mendoza
(actual secretario general del Ayuntamiento de Chihuahua) del PRI, y el
funcionario del Poder Legislativo, Álvaro Rodríguez Lerma envió al juez octavo,
el diario de debates incompleto, de 50 hojas le mandó 29 y alegó que era copia
fiel, detalle que se encuentra en el expediente.
Leyva Martínez, puso una queja ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos por el trato que le dio el secretario de Gobierno, pero dícha
queja fue rechazada y asegura que fue tratado mal por dos visitadores que no
quisieron admitírsela y los demandó ante el mismo organismo.
El presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz González,
aseguró que la queja se encuentra en Asuntos Internos pero aún no la resuelven.
LEYVA ALEGA QUE DEBEN ELEGIRLO COMO CONSEJERO
Para Leyva, el juez declaró que los nombramientos del 9
noviembre de 2012 son nulos porque van en contra de la Constitución, eso
incluyen a los dos titulares y cinco suplentes. Por ese motivo, ninguno de
ellos puede ser electo por la actual legislatura, debido a que ya están
anulados.
“Un suplente incluso, entregó copia simple de su acta de
nacimiento. Si el Congreso las vuelve a designar, cometen desacato”, alerta
La decisión que tomará el Congreso, debe estar basada en los
mismos elementos que tenía en noviembre de 2012, no debe reponer el proceso,
“ya no debo presentar documentos, no debo presentar de nuevo examen, ni me
deben hacer de nuevo la entrevista”.
El Congreso debe tomar en cuenta que de los 20 finalistas,
queden quienes acreditaron su documentación completa y la presentaron en tiempo
y forma, sin la ayuda de gobierno y debieron tener calificación aprobatoria,
sin embargo, Rodrigo de la Rosa da por sentado que el juez ya los autorizó a
los 20, ya que no ordenó reponer todo el proceso.
Pero de acuerdo con los expedientes de uno de los 20
finalistas, no cumplieron con la documentación y tienen calificaciones
reprobatorias, por lo tanto, partirán de una lista viciada.
“Debo ser considerado obligatoriamente un finalista”, y
coincide De la Rosa, puesto que Rodolfo Leyva estará entre los 10 finalistas,
adelantó el diputado.
Leyva envió una carta final a los diputados, en donde les
indica que por su bien y para que eviten ir a la cárcel, deberán elegirlo a él
como consejero y de no hacerlo, se irá a otras instancias judiciales.
Como respuesta, el Congreso del Estado lo ha calificado como
una persona conflictiva que amedrenta y amenaza al Poder Legislativo, lo cual
ha sido publicado en diferentes medios de comunicación locales con el fin de
desprestigiarlo, de acuerdo con el mismo quejoso.
“Ahora resulta que la víctima es el Congreso, cuando ellos
fueron quienes violaron constitución, dijo el juez que el proceso es
inauténtico, antidemocrático, antirrepublicano, que se caracterizó por la
manipulación y la discriminación. Y ellos dicen que se van a tomar todo el
tiempo que quieran y que las van a volver a nombrar”, abunda.
Advirtió que si ya ha invertido casi 500 días al litigio con
sus propios recursos, con una sentencia firme será más fácil.
LA SEGUNDA PERSONA QUE CUMPLIÒ CON LOS REQUISITOS, ESTÁ FUERA DE LOS 20
Durante la última sesión del Congreso del Estado, el pasado
27 de marzo, hizo acto de presencia Amanda Córdova Chávez, la segunda
concursante que entregó toda la papelería a tiempo, pasó el examen con
calificación aprobatoria de 7.0 y realizó la entrevista.
Sin embargo, el comité de elección la dejó fuera de los 20
finalistas, por lo que no la tomarán en cuenta para el nuevo proceso.
Con pocas posibilidades judiciales para ganar un pleito al
Congreso, Amanda Córdova dijo que está dispuesta a pelear porque es una
injusticia la que cometieron, sin embargo, los tiempos para impugnar la
elección ya pasaron.
Ahora valora qué opciones tiene para proceder, luego de la
votación en la que designen de nuevo a los consejeros o consejeras del
Ichitaip.
El juez otorgó otros diez días hábiles a los diputados para
la elección, a partir del 26 de marzo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjanos tu comentario