"Bueno, esta vieja no entiende; ya balacearon a su hija, ya le mataron al marido, hay que echársela a ella para que entienda”, es una de las amenazas que el ganadero Jesús María Sandoval Espino y el recaudador de rentas de Carichí, Mario Aranda Gutiérrez han proferido en contra de la abogada y derecho humanista Estela Ángeles Mondragón, quien durante años ha acompañado a los indígenas del ejido Baqueachi en la lucha por sus derechos agrarios por invasión de tierras.
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Ante las amenazas, la licenciada Estela Ángeles Mondragón solicito al titular de Gobernación Wilfrido Campbell Saavedra, que conminara al recaudador a que se conduzca con respeto hacia todas las personas de la comunidad; que le den celeridad a los asuntos relacionados con Baqueachi y solicitó que se realicen rondines por parte de la Policía Única Estatal en la comunidad indígena, ubicada en el municipio de Carichí, a efecto de que se garantice la seguridad de sus integrantes, de ella y de sus familias. Sin embargo la respuesta de Gobernación fue que no podían hacer nada por ellos.
Estela Ángeles Mondragón detalló que desde el 5 de mayo se enteró de las amenazas que profirieron en su contra, ya que a causa de este litigio de tierra en el ejido Baqueachi, asesinaron a su esposo Ernesto Rábago Martínez en la capital y su hija sufrió un atentado con armas de fuego. Ahora buscan amedrentarla con amenazas contra su vida si ella no desiste de defender a los indígenas.
El recaudador de rentas del municipio de Carichí, Mario Aranda Gutiérrez es una de las principales amenazas, no solo para la licenciada sino para los indígenas, ya que en compañía de uno de los candidatos del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal acude casa por casa y recogen los documentos de los invasores de Baqueachi.
“Nosotros tenemos la esperanza de que esa señora llamada justicia nos está esperando en algún lugar de este mundo”, enfatizó Estela Ángeles Mondragón, quien recientemente recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”.
ANTECEDENTES: RÁRAMURIS, LEGÍTIMOS PROPIETARIOS
Por resolución presidencial, dotatoria pronunciada el
primero de marzo de mil novecientos veintiocho, el ejido Baqueachi fue
beneficiado con una superficie de 44,784-00-00 hectáreas, para los integrantes
de la tribu tarahumara; el razonamiento que motivó la expedición del mandato
presidencial fue -esencialmente- “…que esta tribu era una de las pocas del
norte de la República que conservaban todas sus costumbres ancestrales y había
poseído, desde tiempo inmemorial, las tierras de que se trataba, por lo que, en
rigor, deberían restituírsele, pero como carecían de títulos primordiales
expedidos por la Corona española, era necesario dotarlo”.
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El mayor problema se gesta en el municipio de Carichí,
donde a principios del año 2006, 32 personas que no forman parte de la
comunidad indígena, asesoradas por la Procuraduría Agraria, demandaron al ejido
ante el Tribunal Unitario Agrario, reclamando, entre otras prestaciones, su
reconocimiento como ejidatarios.
La comunidad contestó las demandas, ofreció pruebas y opuso reconvención. Luego de que se realizó el procedimiento de los 32 juicios en todas sus etapas, el Tribunal Agrario dictó las sentencias respectivas, determinó que las personas que demandaron al ejido Baqueachi no demostraron cubrir los requisitos establecidos en la Ley Agraria para ser reconocidos como ejidatarios y, en cambio, el ejido sí había aportado las pruebas suficientes para fundar sus pretensiones contenidas en la reconvención, por lo que condenó a los demandantes a desocupar las tierras de uso común, propiedad de los indígenas que indebidamente estaban ocupando.
Cabe hacer mención que en varias ocasiones persuadieron a
los medios de comunicación para que ventilaran que los invasores eran los
indígenas, sin embargo de poco sirvió ya que las autoridades los declararon
legítimos propietarios.
El ejido Baqueachi ganó los 32 juicios, de los que 4 causaron ejecutoria y 28 fueron impugnados a través del juicio de amparo directo. En 15 casos les fue concedido el amparo y protección de la justicia federal “para efectos”. A los 13 restantes les fue negado el amparo y protección de la justicia federal. Por lo tanto, 17 expedientes se han ejecutado totalmente, por lo que están definitivamente concluidos y archivados, ello gracias a las sentencias pronunciadas, en 12 casos los invasores desocuparon voluntariamente el territorio indígena; y en los 5 restantes su ejecución requirió del apoyo de la fuerza pública.
De la misma manera la licenciada informó que en el
Tribunal Unitario Agrario del Distrito número cinco, con residencia en esta
ciudad de Chihuahua, se están tramitando quince juicios, estos derivados de las
32 demandas iniciadas en el 2006 por los ganaderos del municipio de Carichí, en
los que se involucran tierras propiedad del Ejido Baqueachi que esos juicios se encuentran en la Secretaría
de Estudio y Cuenta del referido Tribunal Agrario para el efecto de que se
dicte la sentencia que en derecho proceda.
GANADEROS INVASORES Y AUTORIDADES CORRUPTAS
A pesar de que se ha acreditado la legitima propiedad de
los indígenas ráramuri y de las sentencias del Tribunal Agrario, a principios
del mes de octubre de 2012, el señor Jesús María Sandoval y su cuñado Juan
Manuel Romero Miranda, pusieron un candado en el cerco que comprende parte de
los terrenos entregados -por sentencia ejecutoriada- al ejido Baqueachi, justo
en el lugar conocido como “Mesa del Divisadero”.
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Cabe mencionar que estos terrenos están en el área donde los indígenas están haciendo trabajos de recuperación de suelos. En virtud de este acontecimiento se presentó denuncia por el delito de despojo en contra de estas personas, denuncia que se está tramitando en la agencia investigadora de la Fiscalía Zona Occidente con residencia en la ciudad de Cuauhtémoc, con el número C.I. 6487-045/2012.
Por si fuera poco, los ganaderos se han aliado con el recaudador de rentas del municipio de Carichí, Mario Aranda Gutiérrez. Este último ha estado instigando a los ganaderos del Municipio de Carichí quienes son los invasores de las tierras para que vuelvan a invadir los territorios que ya les fueron restituidos a los indígenas.
Mario Aranda Gutiérrez se ha dado a la tarea de recabar
documentación de los 32 juicios y los involucrados, ya que ha amenazado con
volver a ocupar las tierras entregadas por ejecutoria.
AMENAZAS Y AGRESIONES A LOS DEFENSORES
El empeño de Estela Ángeles Mondragón por defender los
derechos de las tarahumaras le ha acarreado amenazas de muerte y múltiples
agresiones.
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Estela Ángeles Mondragón y su esposo Ernesto Rábago
Martínez iniciaron una lucha junto con las comunidades rarámuri de Baqueachi en
el municipio de Carichí, para recuperar las tierras que fueron invadidas por
ganaderos locales; sin embargo, luego de ganar el litigio que legitimó la
pertenencia de más de 5 mil hectáreas de tierra de los rarámuri, su esposo fue
asesinado el 1 de marzo de 2010, en un acto que se señala como una venganza.
Previo a este trágico suceso, días antes, la hija de esta pareja sufrió un
atentado afuera de su domicilio.Además de las amenazas de muerte, Estela Ángeles Mondragón ha sido blanco de varios ataques y tentativas de homicidio, las cuales se han registrado en el camino de terracería que conduce de Carichí a Baqueachi. En una de estas ocasiones, el 3 de octubre de 2010, el señor Jesús María Sandoval Espino, con su camioneta le cerró el camino de terracería que conduce de Baqueachi a la comunidad indígena de Huahuacherare.
Ante esto, la licenciada Estela Ángeles Mondragón
responsabilizó a los señora Mario Aranda Gutiérrez, Jesús María Sandoval Espino
y Juan Manuel Romero Miranda del daño que que sufran a su integridad cualquier
miembro de la Comunidad Indígena de Baqueachi, su familias y/o a su patrimonio
y ella misma.
