Desde 2005 Chihuahua ha mostrado un comportamiento derrochador, multiplicador y “preocupante” en el gasto por concepto de publicidad oficial en los medios de comunicación, equivalente, tan sólo en 2011, al 50 por ciento del presupuesto que el Seguro Popular prevé ejercer en todo el estado en 2013. Es decir, de 2005 a 2011, Chihuahua pagó un total de dos mil 170 millones de pesos a los medios de prensa escrita, radio, televisión e internet, comparado con los 998 millones que el organismo de asistencia social egresará este año.
De acuerdo al segundo informe “El costo de la legitimidad, el uso de la publicidad oficial en entidades federativas”, elaborado en conjunto por organizaciones no gubernamentales como Fundar, Article 19 y la Open Society Foundations, Chihuahua ha estado a la par, y en ocasiones encima, del gasto ejercido en publicidad por entidades como Nuevo León y el Distrito Federal. En 2010 y 2011, ya instalado el gobierno de César Duarte y manteniendo esa tendencia al alza, Chihuahua ocupó el tercero y segundo lugar nacional (de un subgrupo que abrió más su información) en cuanto al gasto en publicidad: 366 y 486 millones de pesos, respectivamente.
Dado a conocer el pasado 10 de abril a nivel nacional, el informe destaca que la información fue en algunos casos, “opaca”, “indebida” e “ilegalmente” clasificada como “reservada”, y fue recabada a través de mecanismos poco transparentes, con datos parciales, como en Chihuahua, donde no se desglosaron cantidades asignadas por proveedor, ocultando nombres de medios, representantes y propietarios.
Agrega el informe que “con este ejercicio se puede concluir que no existe un marco normativo robusto en los estados que permita que la asignación de la publicidad oficial se haga bajo criterios legales claros y objetivos y que tome en cuenta la especificidad del uso de la publicidad oficial”, y señala que no existen reglas claras para la asignación de la publicidad oficial: en Puebla, por ejemplo, un medio de bastante penetración fue castigado y otro, afín al gobierno estatal, que recibía 4 mil pesos anuales, de pronto recibió un contrato por 10 millones de pesos. Además dice el documento, a la publicidad oficial se le utiliza como mecanismo de presión para combatir a los medios incómodos (cita varios casos de exclusión en el país, entre ellos El Diario de Juárez, Proceso y Radio Bemba)
Hay “usos y costumbres” y cita el caso de Oaxaca, donde el nuevo gobierno de coalición de Gabino Cué trató de modificar viejas relaciones prensa-gobierno, pero que los medios terminaron imponiendo criterios ventajosos que mantenían con el hoy exgoberador priísta Ulises Ruiz. Se relata: “En numerosas ocasiones las y los entrevistados mencionaron que para obtener la publicidad oficial sólo bastaba con lanzar una nota sobre la actividad de algún funcionario del Ejecutivo y llegar a cobrar lo respectivo una vez que estuviera publicada: ‘Los reporteros van, cubren la nota, la publican en su medio y luego van con el periódico o revista y le dicen mira ya te publicamos y esa es como la contraseña: ya saben que tienen que darle algo y aceptan desde 100 pesos, 200... lo que quieran darle’”.
El análisis hace referencia a la publicidad simulada: “La experiencia de trabajo (con fuentes documentales oficiales, entrevistas a profundidad, trabajo en grupos focales, análisis presupuestario, entre otras) nos ha permitido obtener la evidencia suficiente para afirmar que la asignación de la pauta publicitaria es por demás discrecional y arbitraria y que es una herramienta para el control político que ejercen los gobiernos sobre los medios y viceversa”.
Y toca la parte medular del tema: “En las democracias, la publicidad oficial es una herramienta fundamental, no sólo para comunicar sobre el quehacer gubernamental sino también para propiciar el libre flujo de información entre gobiernos y gobernantes, el debate público sobre las decisiones colectivas, ya que fomenta la pluralidad informativa.
La falta de criterios en el uso de la publicidad oficial puede debilitar la libertad de expresión y servir de herramienta para chantajear a los medios y acallarlos [...] Los medios de comunicación son un pilar de la democracia ya que proveen información, permiten el debate y la pluralidad, y vigilan a los gobiernos. Transparentar los gastos en publicidad oficial permite transparentar la relación financiera que existe entre el Estado y los medios. Esta relación influye directamente sobre las líneas editoriales de estos. Al conocer cuánto recibe cada uno, los ciudadanos pueden evaluar el nivel de independencia de los medios que cada día los informan y ayudan a forjarse una opinión de sus gobiernos.
Transparentar estos gastos abona también a la construcción de la confianza entre los gobernados y los que gobiernan. La transparencia tiene también un efecto inhibidor, ya que limita las prácticas ilegales y el uso indebido de recursos públicos”.
Al divulgar el documento y en las diversas entrevistas que ofrecieron Ana Cristina Ruelas y Justine Dupuy, representantes de las organizaciones Fundar y Artículo 19, respectivamente, urgieron al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir con su promesa de regular la difusión oficial y alertaron que “los excesos en el uso de recursos públicos están generando una propaganda político electoral que no tiene que ver con la información que se debe dar a la ciudadanía sobre las actividades de un gobierno”, y que “mientras no haya claridad en las reglas de cómo se reparten los recursos, seguirá no sólo la falta de transparencia, sino un abuso sin control por parte de los gobiernos, tanto federal como estatal”.
El informe deja claro que los persuasores profesionales se llevan una tajada sustancial del presupuesto público y que además lo hacen con alta discrecionalidad y sin una auditoría que permita saber, a fondo, a dónde van a dar finalmente los resultados de esta mañosa publicidad. Conjeturo: ¿Con cuánto dinero de Chihuahua se apoyó la campaña de Enrique Peña Nieto? Una cosa es cierta, y no hay que perderla de vista: lo principal que está en peligro son nuestras libertades, el derecho a estar bien informados; y no muy atrás, el gasto dispendioso en una sociedad evidentemente con enormes rezagos sociales.
Jaime García Chávez