Sin embargo, a pesar de que México fue uno de los países que impulsó la creación de este instrumento internacional, se encuentra vergonzosamente fuera de la lista de países firmantes.
Este nuevo instrumento es una herramienta clave en la lucha contra la pobreza ya que posibilita a cualquier persona o grupo presentar sus casos sobre falta de acceso a derechos como la educación, agua, vivienda o la salud un Comité de la ONU.
Amnistía Internacional considera este instrumento una pieza clave en cualquier esfuerzo serio para erradicar la pobreza, pues establece mecanismos de rendición de cuentas, ya que hace posible que las personas puedan poner quejas y exigir explicaciones si consideran que las medidas que se toman no están mejorando su situación.
“La pobreza es un problema de derechos humanos, es una tragedia de derechos humanos y ningún esfuerzo para combatirla tendrá resultados efectivos y duraderos si no se ponen los derechos humanos al centro de esta lucha” afirmó Daniel Zapico, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
Preocupa a la organización que si bien el gobierno federal ha reiterado numerosas veces su compromiso para erradicar la pobreza hasta el momento se ha negado a firmar este tratado, lo cual podría poner en entredicho la credibilidad de este compromiso.
“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas” agregó Zapico.
La organización llama a las autoridades mexicanas a tomar todas las acciones necesarias para que este protocolo se firme y ratifique a la brevedad y de esta forma se despeje al camino para que las millones de personas que viven en la pobreza puedan exigir sus derechos.
Información adicional
Han pasado casi cuatro años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo y tres años desde su apertura a firma. Desde entonces 41 países de todo el mundo han firmado este instrumento.
Este Protocolo fue aprobado por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, necesitando para su entrada en vigor de la firma y posterior ratificación de, al menos, diez Estados.
Este protocolo además de crear una vía para escuchar quejas individuales sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, establece un mecanismo de investigación, de carácter confidencial, que permite al Comité investigar estas presuntas violaciones en el territorio de cualquier Estado que lo haya firmado.