Poder Judicial, cuestionado en Chihuahua

Desde el Poder Ejecutivo prepararon el camino para controlar el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), colocaron a cinco magistrados en un solo proceso y al secretario general priistas, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) negoció dos magistraturas, de las últimas trece designadas.

El pretexto de una “profunda” reforma al Poder Judicial, fue “oxigenarlo” de vicios antiguos, pero convirtieron la elección de trece magistrados, en una contienda electoral.

El reto se logró con la colaboración de todas las fracciones del Congreso del Estado, que con reformas legislativas obligaron a jubilase de manera forzada a ocho magistrados (varios del ala crítica en el Pleno del STJ) y eligieron a trece nuevos magistrados, siete políticos del PRI o del PAN.

Las reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el procedimiento de elección, fue impugnada por diversos grupos de abogados, que buscan evidenciar la “aberración” política que invade al Poder Judicial en un ambiente de impunidad que vive la entidad desde hace años.

El primer presidente del STJ con el que trabajó el gobernador César Duarte Jáquez al asumir a gubernatura, fue Javier Ramírez Benítez, quien le acompañaba a todos los eventos públicos y se ganó el mote de “Edecán”, entre la ciudadanía y círculo político.

Al concluir los tres años de Ramírez Benítez,  el Pleno del Poder Judicial decidió no reelegirlo y nombraron a un magistrado más independiente, a José Alberto Vázquez Quintero, quien quitó la imagen de su antecesor, pero en menos de cinco meses lo obligaron a renunciar por presiones externas a su encargo.

En noviembre de 2013, crearon la Sala Constitucional y nombraron como magistrado al parralense José Miguel Salcido Romero, tío de la esposa del gobernador, Betha Olga Gómez Fong, de acuerdo con señalamientos que han hecho grupos de abogados.

Salcido Romero fue nombrado presidente del Poder Judicial cuando forzaron la renuncia de Vázquez Quintero, en febrero del año pasado. Asumió en medio de reclamos de juristas que cuestionaron su nombramiento y el procedimiento para hacerlo presidente.

La actual legislatura, de manera exprés, anunció en septiembre una mesa trabajo que sesionó a puerta cerrada, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El 14 de octubre la aprobarían. Sin embargo, decidieron reforma primero la reforma a Constitución local en materia del Poder Judicial, aun cuando no lo habían contemplado.

Durante casi un mes y de manera intensiva, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia trabajaba en una propuesta de reforma a la Ley Orgánica, pero la visita de un diputado panista, los alertó porque la propuesta que él les llevó era inviable debido a que violaba la Constitución local y así se lo señalaron.

El legislador llevó la alerta al Congreso del Estado el viernes 10 de octubre y el 14 subieron la reforma a la Constitución local al Pleno. Fue aprobada por unanimidad.

Los magistrados se quedaron con su propuesta en la mano, porque mientras ellos preparaban la reforma a la Constitución y así lo anunciaron a los diputados, estos la aprobaban sin tomarlos en cuenta.

Ese martes, los magistrados habían firmado la propuesta, incluido el presidente José Miguel Salcido, pero la propuesta que nunca llegó al Congreso.

Con la nueva ley, forzaron a renunciar a ocho magistrados por su edad, incluidos dos que apenas llevaban ocho años en su encargo y se retiraron con el cien por ciento de su sueldo y prestaciones, para que no hicieran escándalo. Ganan casi 140 mil pesos al mes.

Junto con la preparación de la reforma, desde el poder, impulsaron una campaña mediática de desprestigio de la figura de los magistrados, para posicionar el nepotismo que estaba impregnado en el Poder Judicial y varios desistieron de luchar, a pesar de que no todos tenían familiares trabajando en el STJ y no se comprobaba que ellos los hubieran metido.

Firmas de la propuesta del STJ, ignorada por el Congreso

MAGISTRADA SE AMPARA

La ex magistrada de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, Rosa Isela Jurado Contreras, promovió un amparo contra la reforma a la Constitución local, alegó intromisión del Poder Legislativo y violación a sus derechos fundamentales porque la forzaban con otros siete magistrados, a jubilarse.

El amparo fue radicado en el juzgado Décimo de Distrito con el expediente 1266/2014, en donde señaló como autoridad responsable al Congreso del Estado, al gobernador César Horacio Duarte Jáquez; al secretario de gobierno, Raymundo Romero Maldonado; al presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), José Miguel Salcido Romero y a  35 ayuntamientos que aprobaron la reforma en sus respectivas sesiones de Cabildo.

La jueza federal le negó la suspensión del amparo porque consideró que su acto reclamado quedó colmado con la reforma a la Ley Orgánica del mismo poder y aunque la magistrada no se desistió, tuvo que dejar la sala porque como a los otros magistrados jubilables, la presionaron para que se fuera o de lo contrario, la ley reglamentaria vendría menos favorable para ellos.

La magistrada reclama que se le negó conocer la iniciativa de reforma constitucional y ejercer la facultad en unión con el Pleno, para emitir una opinión oportuna sobre tópicos que afectan el funcionamiento del Poder Judicial y  que quebrantan su derecho humano a la dignidad y al ejercicio de la función jurisdicción, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución estatal, que faculta al pleno a la directa presentación de iniciativas relativas de sus funciones y organización.

“Durante tres semanas anteriores al 14 de octubre, me integré a la comisión de analizar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con un grupo de enlace parlamentario a través del secretario general del Tribunal… magistrados hicieron notar de la ley secundaria que ameritaba ajustes para su cabal armonía  constitucional y la convencionalidad… De manera inexplicable, sin que hubiese previa discusión, aprobación  y propuesta por el pleno, el Congreso, sin recabar la opinión especializada, con la sola aprobación de los ayuntamientos necesarios y en franco desacato a ese precepto constitucional, invadió funciones y atribuciones propias del Poder Judicial, porque se abstuvo de recabar y analizar esa opinión”.

Esa actitud es violatoria a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Mexicana porque reformó preceptos esenciales sin consulta, explica.

Otro punto que impugna es que la reforma  impone el retiro forzoso de manera automática sin que medie un previo procedimiento, según la nueva y el artículo tansitorio, situación que implicó sacar a ocho magistrados y cuestiona que en el presupuesto de Egresos no estaba contemplada la partida para ese número de jubilaciones, que derivará en un boquete financiero para el estado.

Ahora un magistrado podrá durar 15 años desde su nombramiento, cuando antes debía esperar tres años para que el Congreso del Estado determinara su inamovilidad o no.

Rosa Isela Jurado cuestionó que la reforma limitara el acceso a la terna a las personas designadas, no contempla filtros verificables con objetividad, mientras que en las normas derogadas permitían la participación de cualquier persona que cubriese los requisitos y en igualdad de condiciones.

Además eliminaron el examen público de oposición en el que podían participar todas las personas en igualdad de condiciones, anularon requisitos que exigían para adquirir inamovilidad como inspección del trabajo desarrollado, el grado académico que comprende el nivel de estudios, cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, todo para nombrar con discrecionalidad a quien convenga a las autoridades en turno.

Ahora, el 50 por ciento del pleno deberá estar integrado por aspirantes externos al Poder Judicial y el 50 por ciento por aspirantes internos.

“La exclusiva finalidad es generar espacios para el ingreso de personas recién nombradas bajo régimen diverso, es clara la vulneración del derecho fundamental de debido proceso, la no aplicación retroactiva de la ley a la independencia judicial…”.

También eliminaron la participación del pleno del STJ, en el proceso de elección de magistrados, porque ahora una comisión “especial” debe elegirlos y sólo está conformada por un representante de cada poder.

De esa manera, la ley permitió que las trece ternas para elegir a los nueve magistrados fueran designadas por el criterio de tres personas cercanas al gobernador: José Miguel Salcido del Poder Judicial; el priista y presidente del Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa Ramírez y el priista y consejero jurídico del Ejecutivo, Mario Tevizo Salazar.

En un fin de semana decidieron las ternas y fue evidente el golpeteo en contra de uno de los aspirantes propuestos por el PAN, a través de filtración de información a columnas políticas y de redes sociales, pero finalmente lograron acomodar a dos panistas y a cinco priistas.

La reforma impidió que los candidatos no fueran sometidos a exámenes de oposición. A los integrantes de las ternas sólo los entrevistaron diputados de las siete fracciones del Congreso del Estados y quienes ganaron, obtuvieron la misma cantidad de votos cerrados en el pleno, 29, excepto dos personas que tienen carrera judicial, quienes obtuvieron unanimidad con 30 sufragios.

De los trece magistrados designados, siete son los cuestionados, así como el secretario general, recién nombrado:

En la Segunda Sala Penal quedó Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, ex diputado en la pasada Legislatura que pasó a la historia como sometida al Poder Ejecutivo, dejó su encargo para ser candidato a alcalde en Cuauhtémoc por el PRI,  perdió y el gobernador lo colocó como coordinador para la implementación del Sistema Penal Acusatorio.

En la Quinta Sala Penal quedó Rafael Julián Quintana Ruiz, ex diputado del PAN y cuando fue designado como magistrado era secretario del ayuntamiento de Cuauhtémoc.

En la Segunda Sala Penal de Juárez, el magistrado es César Fernando Ramírez Franco, quien tiene experiencia como agente del Ministerio Público y periodista, antes de ser magistrado, era el director del Registro Civil y le correspondió acatar decenas de amparos de parejas homosexuales por negarse a casarlos por el civil; participó de manera activa en la campaña de César Duarte.

En la Primera Sala Civil ganó José Alfredo Fierro Beltrán, quien ha presidido asociaciones de abogados. Su esposa fue contralora del gobierno de Duarte, quien la impulsó para ser directora de la facultad de Contaduría y Administración, cargo que actualmente ocupa.

En la Séptima Sala Civil, quedó como magistrado el panista Luis Villegas Montes, que era asesor del grupo parlamentario de Acción Nacional, ha sido representante del partido ante el Instituto Estatal Electoral, diputado local y federal. Con él se evidenció aún más, la lucha partidista para ocupar más magistraturas, ya que los priistas desde diferentes áreas, filtraron un presunto WathsApp para exhibir que él mismo dudaba de su honorabilidad.

Por la Sala Civil de Juárez nombraron a quien era delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y está relacionado con el PRI, Eduardo Filiberto Terrazas Padilla, quien también sólo tiene licenciatura.

En la Sala de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, eligieron a Gabriel Sepúlveda Reyes. Él fue diputado por el PRI en la pasada legislatura local, aspiraba a ser alcalde por Parral pero en una jugada política, el PRI nombró candidato al panista Miguel Jurado Carreón (actual alcalde de Parral) y a Sepúlveda le dejaron como compensación, la secretaría general del Supremo Tribunal de Justicia.

Fue señalado por el juez de Garantía de Parral, Guillermo Gómez Cortés, de dar “línea” y presionar a los jueces para resolver asuntos, por lo que ese juzgador promovió un amparo para evitar que lo cambiaran a Ciudad Juárez como represalia al no acatar órdenes en resoluciones judiciales que le han incomodado al Ejecutivo estatal.

El día que rindieron protesta los trece magistrados, el jueves 13 de noviembre pasado, el pleno nombró secretario general del STJ a otro priista, a Fernando Mendoza Ruiz, quien también fue diputado la legislatura pasada y hasta ese día fue secretario del ayuntamiento de Chihuahua.

Él fue señalado por dilatar las indemnizaciones de las víctimas de Aeroshow e incluso hay una queja en su contra, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El año pasado, el magistrado José Carlos Flores Silva ganó un amparo contra la pasada legislatura, porque no lo ratificaron en su cargo y no fundaron ni motivaron su decisión.

LAS IMPUGNACIONES

Por lo menos tres grupos de abogados impugnaron las reformas aprobadas por el Congreso del Estado en materia judicial y el mismo proceso de elección.

El abogado Maclovio Murillo Chávez asesora a uno de los participantes en el proceso de elección para interponer un amparo y es promovió otro amparo con otros abogados. Murillo advirtió que el proceso y las reformas son violatorios de la constitución federal.

“La reforma  posibilitó ser magistrados a ex diputados, políticos, ex candidatos, ex secretarios de ayuntamiento, a gente que nada tiene que hacer en la justicia, aun cuando la calidad del juzgador no se improvisar, debe ser una persona excelsa en el conocimiento de la ciencia del derecho, debe tener experiencia y conocimientos específica en la materia que va a juzgar".

En materia penal también es grave, porque se corre el riesgo de que el gobernador  diga que se condene a todos porque esa es su política "o a este no, porque lo conocemos”, explicó.

Por ahora, los juzgados federales han admitido por lo menos dos amparos que siguen su curso en los tirbunales correspondientes, uno de estos lo promovió el Colegio de Abogados de Chihuahua, presidido por Joaquín Sotelo Mesta.