Vivebús, ¿negocio redondo?

El nuevo sistema de transporte urbano, vendido a la ciudadanía como un sistema modernizado, aún no funciona, mantiene en la quiebra a cientos de familias de concesionarios que invirtieron todo su patrimonio en él, no han logrado pagar a los choferes sus prestaciones de ley y acusan que el sistema está secuestrado por el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Doroteo Zapata García, en complicidad con el gobernador César Duarte Jáquez.

Cientos de choferes del transporte urbano en la ciudad de Chihuahua realizaron un paro laboral durante la mañana del 17 de noviembre pasado. A más de un año de la reestructura del sistema de transporte, no han firmado contrato colectivo de trabajo ni perciben todas las prestaciones de ley, a pesar de que el gobierno estatal les prometió que se las otorgaría la empresa creada para ese fin, Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC).

A partir de las 5 de la mañana, los conductores de camiones urbanos, pararon actividades en las terminales norte y sur de la capital, marcharon hacia palacio de gobierno para exigir sus derechos y que el exsenador Doroteo Zapata, “saque” las manos de la empresa.

Con micrófono en mano, exclamaban “Chihuahua está de pie, Chihuahua está unido. Afuera el Vivebús, estamos haciendo patria. Hoy venimos por la sociedad chihuahuense, por la clase trabajador, por las mujeres, por los ancianos, por los niños, por los estudiantes, por la sociedad. Éste es nuestro movimiento por la sociedad de Chihuahua, por los camioneros que están aquí, mis compañeros”.

Pidieron que se les respetara lo que tienen pactado con la empresa y con gobierno estatal.

A mediodía fueron recibidos por el secretario general de gobierno, Raymundo Romero Maldonado; el director de Transporte, Gustavo Morales y el secretario del Trabajo en el estado, Fidel Pérez Romero.

Sólo acordaron que firmarán el contrato colectivo de trabajo, elaborarán un reglamento interior de trabajo, les pagarán sus prestaciones conforme a derecho como aguinaldo, afore, horas extras, Seguro Social, Afore e Infonavit; manifestaron que hay inconformidad con la elaboración infracciones de transporte, prepotencia de personal de Transporte y la negación del titular de Transportes para atenderlos, así como con el titular de la secretaría del Trabajo; pidieron reestructurar el sistema; piden que intervenga el gobierno para llegar a un acuerdo con la empresa privada que maneja el sistema, CTC e informaron que las autoridades se negaron a regresa al esquema anterior.

“No estamos en contra de la modernización pero sí contra la falta de aplicación de todo lo que se requiere para prestar un mejor servicio”, aseveraron los choferes a las autoridades.

"GOBIERNO Y DOROTEO ZAPATA, LE APUESTAN AL FRACASO DEL VIVEBUS": CONCESIONARIOS

El proyecto de un nuevo sistema de transporte inició en la administración pasada, del ex gobernador José Reyes Baeza Terrazas. El proyecto lo realizó la dirección de Desarrollo Urbano que encabezaba Carlos Carrera y César Duate lo retomó junto con él, cuando ganó la gubernatura.

Doroteo Zapata le apostó como precandidato a Héctor Murguía Lardizábal, quien aspiraba a ser gobernador, pero una vez que desde la dirigencia nacional determinaron que el candidato sería Duarte, “Doroteo fue el primer agachón”, recuerda un grupo de ocho concesionarios entrevistados en grupo que pidieron no dar sus nombres por el ambiente de amenaza en el que viven.

“Todos los cetemistas, taxistas y camiones, traían calcomanías de la CTM con el nombre de Teto (Murguía Lardizával), pero cuando Beatriz Paredes les llamó a los cinco aspirantes a candidatos, les informa que va Duarte como candidato de unidad. Entonces Duarte tomó la bandera del transporte del proyecto de Carrera y no lo soltó”.

Planearon que gobierno estatal compraría 84 camiones nuevos para la ruta troncal y la infraestructura también estaría a cargo de las autoridades. Otras 319 rutas alimentadoras serían las unidades antiguas en mejores condiciones y posteriormente, los 528 concesionarios comprarían otras nuevas.

Calculaban alrededor de 150 mil pasajeros diarios, con un gasto de 60 millones de pesos al mes para mantenimiento, impuestos, sueldos y prestaciones para los concesionarios. Cada concesionario ganaría aproximadamente 16 mil 500 pesos por mes.

Crearon la empresa y con ésta 12 personas morales, 8 de éstas pertenecen a la CTM, casi 300 concesionarios pertenecen a ésta y 225 concesionarios, no.

Además crearon un consejo consultivo, los puestos claves quedaron en manos de gente de la CTM: el presidente, tesorero, gerente de talleres, el contralor, jefe de recursos humanos, jefe de operación y jefe de compras, son gente de Doroteo Zapata.

“Iba a haber talleres y nos dijeron que no compráramos camiones porque iba  a haber créditos blandos para nuevas unidades y ahora (después de que en mayo pasado el gobierno del estado anunció la quiebra de la empresa)  el gobierno dice que los concesionarios que no metieron camiones, se les van a cancelar las concesiones”.

El gobernador César Duarte se aferró a echar andar el sistema el 25 de agosto de 2013, pero los concesionarios, incluida la CTM, le advirtieron que no estaban listos.

“Fue por las fechas políticas, venían las ferias, su informe, la ciudad mutilada por la construcción de la ruta troncal, había comerciantes afectados, el gobierno estaba a punto de estallar por un conflicto social (había varias manifestaciones por obras que no aceptaba la ciudadanía). El mismo Doroteo le dijo al gobernador que el proyecto no iba a funcionar, pero el gobierno no hizo caso y Zapata boicoteó.

“Se movilizaron los choferes, buscaban cambiar  a Amando Méndez que entonces era el presidente del Consejo de Administración, se moviliza incluso la CTM. La tarifa de 6 pesos la tenemos desde 2009, era una inquietud por parte de los concesionarios y el 23 de agosto nos citan para hablar de la nueva tarifa de pasaje, nos citan en gobierno con todas las autoridades”.

El acuerdo fue que debido a la planeación de las rutas, muchos pasajeros deberían abordar dos o tres camiones más, por lo que la primera ruta que tomaran costaría 6 pesos, la segunda 3 y la tercera sería gratis.

"Nos levantamos de la mesa. El 24 de agosto hubo una manifestación de choferes porque además nadie les había informado sobre los sueldos y condiciones de trabajo, las prestaciones hasta esas fecha, sólo se las habían ofrecido de palabra", explican los mismos concesionarios.

Como resultado, Doroteo Zapata quitó a Armando Méndez de la presidencia del consejo de la CTC y colocó a un hombre de confianza, a Francisco Lozoya.

Al 25 de agosto, tampoco estaban preparados para el sistema de pago, ya que los pasajeros no pagarían en efectivo sino con tarjeta electrónica y recargable. La empresa recaudadora es francesa, planearon arrancar con 120 mil tarjetas y pidieron 200 mil, pero se terminaron a la semana y tardaban cinco semanas más en llegar las otras. Se creó un caos en la ciudadanía, “la fibra óptima para el sistema de recaudo no lo tenían contemplado”.

Otro factor por el que no querían iniciar la operación del nuevo sistema el 25 de agosto, fue que no requerían seis meses de prueba por el tema de la recaudación, pero no se los permitieron.

“El gobierno dio 4 millones de pesos para agilizar, aun cuando necesitaban 6 meses de prueba. Durante el proyecto nunca nos tomaron en cuenta, nunca nos preguntaron a los concesionarios”, refiere uno de los entrevistados.

Una de las salidas que encontró gobierno estatal para no evidenciar la falta de tarjetas, fue otorga el transporte un mes gratis y luego lo amplió a otro más, situación que generó mayores pérdidas a los concesionarios.

Sin embargo, el sistema no se ha estabilizado hasta la fecha. En mayo pasado, el gobernador reconoció y anunció la quiebra por más de cien millones de la empresa CTC.

Todos los concesionarios se ampararon porque tienen invertido todo su patrimonio y el de sus familias, ahorrado desde hace años. El juez octavo de Distrito otorgó la suspensión del amparo, pero cuando estaba a punto de resolver el fondo del recurso, Francisco Lozoya los traicionó y se desistió del amparo, aunque varios de ellos continúan una estrategia legal.

En octubre promovieron otro amparo, el número 1126/2014 radicado en el juzgado Primero de Distrito.

“No se ha estabilizado el sistema porque Doroteo Zapata lo tiene secuestrado, tiene al gerente mantenimiento que no tiene en condiciones óptimas las unidades; al jefe de recursos humanos que no contrata los choferes necesarios; al de compras que no hace los mejores negocios para insumos; Duarte no puede meter al aro a Doroteo”, aseguran.

Sin embargo, ambos se pusieron de acuerdo, insisten, para crear la empresa paraestatal aprobada por el Congreso del Estado luego del anuncio de la quiebra, con el fin de venderla y posteriormente comprarla entre ellos mismos.

“Entre los dos planean embargar las alimentadoras”, advierten y denuncian que han tenido pérdidas de entre 15 y 16 millones de pesos por aferrarse a no subir las tarifas que tienen desde 2009, cuando la gasolina y otros insumos han subido.

“La CTM manipuló las condiciones de trabajo para que el sistema no funcione”, reiteran y denuncian que a los concesionarios nunca los consultaron para el proyecto.

“Nos están despojando de nuestro medio de vida, ¿por qué se desistió del amparo si ya había negociación? Quieren declarar la quiebra pero es provocada. Nosotros tenemos concesiones desde 1946 o 1968 algunas, somos los chivos expiatorios”, lamentan.

“Hay avaricia, prepotencia y nosotros tenemos miedo, la gente estamos asustada pero no vamos a desistir. Creemos que en el proyecto, pero con todos los que se han metido, no ha logrado funcionar, por eso es necesario que saque las manos Zapata y el mismo gobierno, del transporte público, que designen a alguien con capacidad y facultad para la reestructura, que se siente con el consejo y vamos a decir cómo sí se puede”.

DINERO RECAUDADO

A pesar de que el Gobierno del Estado ha dicho que la CTC es una empresa independiente, “siempre ha metido las manos”.

El director de Transporte del gobierno eligió cuáles y cuántas tiendas de autoservicio Oxxo, para comprar y recargar las tarjetas y “tronaron las colonias” porque no había abasto.

“La empresa ACS Solutions se encarga del recaudo y lo depositan en Unión Progreso (el polémico banco cuya creación impulsó el gobierno estatal, por el que el gobernador enfrenta una demanda penal y varias administrativas, por malversación de fondos públicos). La empresa francesa Xerox compró la empresa recaudadora en 4 mil 500 millones de dólares y asesoró en la licitación gobierno al estado”, indica otro de los concesionarios, quien muestra evidencias del contrato para recaudación del dinero en las máquinas expendedoras y recargadoras de tarjetas.

De acuerdo con un documento cuya copia fue entregada a este medio, en marzo realizaron una modificación al contrato de servicios de custodia,  transporte especializado de valores que  celebraron ACS Solutions de México S.L de C.V, representado en este acto por Alejandro Silva Hernández con Servicios Especiales Canira, S.A de C.V. representada por Martín Javier Montes Nieva.

El contrato fue celebrado el 12 de septiembre de 2013 y modificado en marzo de 2014 en cuanto al Plan de Trabajo Global, para quedar así: “el total de la cobranza recaudada diariamente deberá liquidada el proveedor al cliente diariamente, mediante transferencia bancaria o depósito bancario electrónico, en las cantidades y a las cuentas que se le instruya por escrito el cliente”.

Esas cuentas son: Banco nacional de México S.A. Fideicomiso 1115772, número de cliente 140727452, prod/inst 01-01, contrato clave 7939558113. Cuenta 7005 6187993

La otra cuenta está a nombre de ACS Solutions de México S. de R.L de C.V., contrato clave 002180026669964133 y cuenta 6996413 y sólo dice que se deposite a “la institución acostumbrada”.

La modificación del contrato entró en vigor el 14 de marzo de 2014 y ordena: “se convino que el depósito de cobranza recaudada y en custodia se verifique diariamente en dos cuentas bancarias. Le solicito que a partir del día de mañana, se sirvan ustedes depositar la suma diaria de 250 mil pesos en la cuenta 6996413 del Banco Nacional de México y el resto de lo recaudado en la cuenta en que hasta la fecha se han hecho los anteriores depósitos”.

Firma Alejandro Silva H, apoderado legal de ACS Solutions.