domingo, 19 de mayo de 2013

Amenazan de muerte a derecho humanista

"Bueno, esta vieja no entiende; ya balacearon a su hija, ya le mataron al marido, hay que echársela a ella para que entienda”, es una de las amenazas que el ganadero Jesús María Sandoval Espino y el recaudador de rentas de Carichí, Mario Aranda Gutiérrez han proferido en contra de la abogada y derecho humanista Estela Ángeles Mondragón, quien durante años ha acompañado a los indígenas del ejido Baqueachi en la lucha por sus derechos agrarios por invasión de tierras.



Ante las amenazas,  la licenciada Estela Ángeles Mondragón solicito al titular de Gobernación Wilfrido Campbell Saavedra, que conminara al recaudador a que se conduzca con respeto hacia todas las personas de la comunidad; que le den celeridad a los asuntos relacionados con Baqueachi y solicitó quse realicen rondines por parte de la Policía Única Estatal en la comunidad indígena, ubicada en el municipio de Carichí, a efecto de que se garantice la seguridad de sus integrantes, de ella  y de sus familias. 

Sin embargo la respuesta de Gobernación fue que no podían hacer nada por ellos.



Estela Ángeles Mondragón detalló que desde el 5 de mayo se enteró de las amenazas que profirieron en su contra, ya que a causa de este litigio de tierra en el ejido Baqueachi, asesinaron a su esposo Ernesto Rábago Martínez en la capital y su hija sufrió un atentado con armas de fuego. Ahora buscan amedrentarla con amenazas contra su vida si ella no desiste de defender a los indígenas.

El recaudador de rentas del municipio de Carichí, Mario Aranda Gutiérrez es una de las principales amenazas, no solo para la licenciada sino para los indígenas, ya que en compañía de uno de los candidatos del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal acude casa por casa y recogen los documentos de los invasores de Baqueachi.


“Nosotros tenemos la esperanza de que esa señora llamada justicia nos está esperando en algún lugar de este mundo”, enfatizó Estela Ángeles Mondragón, quien recientemente recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”.





ANTECEDENTES: RÁRAMURIS, LEGÍTIMOS PROPIETARIOS

Por resolución presidencial, dotatoria pronunciada el primero de marzo de mil novecientos veintiocho, el ejido Baqueachi fue beneficiado con una superficie de 44,784-00-00 hectáreas, para los integrantes de la tribu tarahumara; el razonamiento que motivó la expedición del mandato presidencial fue -esencialmente- “…que esta tribu era una de las pocas del norte de la República que conservaban todas sus costumbres ancestrales y había poseído, desde tiempo inmemorial, las tierras de que se trataba, por lo que, en rigor, deberían restituírsele, pero como carecían de títulos primordiales expedidos por la Corona española, era necesario dotarlo”.

Desde la ejecución de la resolución presidencial, la comunidad indígena de Baqueachi ha padecido la ocupación de su territorio: por una parte, una serie de mestizos -ganaderos del municipio de Carichí-  se fueron avecindando e invadieron, aproximadamente, unas 25 mil hectáreas, y por otra, los ganaderos del vecino municipio de Nonoava, se apoderaron de otras 7 mil hectáreas.

El mayor problema se gesta en el municipio de Carichí, donde a principios del año 2006, 32 personas que no forman parte de la comunidad indígena, asesoradas por la Procuraduría Agraria, demandaron al ejido ante el Tribunal Unitario Agrario, reclamando, entre otras prestaciones, su reconocimiento como ejidatarios.

La comunidad contestó las demandas, ofreció pruebas y opuso reconvención. Luego de que se realizó el procedimiento de los 32 juicios en todas sus etapas, el Tribunal Agrario dictó las sentencias respectivas, determinó que las personas que demandaron al ejido Baqueachi no demostraron cubrir los requisitos establecidos en la Ley Agraria para ser reconocidos como ejidatarios y, en cambio, el ejido sí había aportado las pruebas suficientes para fundar sus pretensiones contenidas en la reconvención, por lo que condenó a los demandantes a desocupar las tierras de uso común, propiedad de los indígenas que indebidamente estaban ocupando.



Cabe hacer mención que en varias ocasiones persuadieron a los medios de comunicación para que ventilaran que los invasores eran los indígenas, sin embargo de poco sirvió ya que las autoridades los declararon legítimos propietarios.

El ejido Baqueachi ganó los 32 juicios, de los que 4 causaron ejecutoria y 28 fueron impugnados a través del juicio de amparo directo. En 15 casos les fue concedido el amparo y protección de la justicia federal “para efectos”. A los 13 restantes les fue negado el amparo y protección de la justicia federal. Por lo tanto, 17 expedientes se han ejecutado totalmente, por lo que están definitivamente concluidos y archivados, ello gracias a las sentencias pronunciadas, en 12 casos los invasores desocuparon voluntariamente el territorio indígena; y en los 5 restantes su ejecución requirió del apoyo de la fuerza pública.


De la misma manera la licenciada informó que en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número cinco, con residencia en esta ciudad de Chihuahua, se están tramitando quince juicios, estos derivados de las 32 demandas iniciadas en el 2006 por los ganaderos del municipio de Carichí, en los que se involucran tierras propiedad del Ejido Baqueachi que  esos juicios se encuentran en la Secretaría de Estudio y Cuenta del referido Tribunal Agrario para el efecto de que se dicte la sentencia que en derecho proceda.


GANADEROS INVASORES Y AUTORIDADES CORRUPTAS

A pesar de que se ha acreditado la legitima propiedad de los indígenas ráramuri y de las sentencias del Tribunal Agrario, a principios del mes de octubre de 2012, el señor Jesús María Sandoval y su cuñado Juan Manuel Romero Miranda, pusieron un candado en el cerco que comprende parte de los terrenos entregados -por sentencia ejecutoriada- al ejido Baqueachi, justo en el lugar conocido como “Mesa del Divisadero”.


Cabe mencionar que estos terrenos están en el área donde los indígenas están haciendo trabajos de recuperación de suelos. En virtud de este acontecimiento se presentó denuncia por el delito de despojo en contra de estas personas, denuncia que se está tramitando en la agencia investigadora de la Fiscalía Zona Occidente con residencia en la ciudad de Cuauhtémoc, con el número C.I. 6487-045/2012.

Por si fuera poco, los ganaderos se han aliado con el recaudador de rentas del municipio de Carichí, Mario Aranda Gutiérrez. Este último ha estado instigando a los ganaderos del Municipio de Carichí quienes son los invasores de las tierras para que vuelvan a invadir los territorios que ya les fueron restituidos a los indígenas.
Mario Aranda Gutiérrez se ha dado a la tarea de recabar documentación de los 32 juicios y los involucrados, ya que ha amenazado con volver a ocupar las tierras entregadas por ejecutoria.


 

AMENAZAS Y AGRESIONES A LOS DEFENSORES

El empeño de Estela Ángeles Mondragón por defender los derechos de las tarahumaras le ha acarreado amenazas de muerte y múltiples agresiones.

Estela Ángeles Mondragón y su esposo Ernesto Rábago Martínez iniciaron una lucha junto con las comunidades rarámuri de Baqueachi en el municipio de Carichí, para recuperar las tierras que fueron invadidas por ganaderos locales; sin embargo, luego de ganar el litigio que legitimó la pertenencia de más de 5 mil hectáreas de tierra de los rarámuri, su esposo fue asesinado el 1 de marzo de 2010, en un acto que se señala como una venganza. Previo a este trágico suceso, días antes, la hija de esta pareja sufrió un atentado afuera de su domicilio.

Además de las amenazas de muerte, Estela Ángeles Mondragón ha sido blanco de varios ataques y tentativas de homicidio, las cuales se han registrado en el camino de terracería que conduce de Carichí a Baqueachi. En una de estas ocasiones, el 3 de octubre de 2010, el señor Jesús María Sandoval Espino, con su camioneta le cerró el camino de terracería que conduce de Baqueachi a la comunidad indígena de Huahuacherare.


Ante esto, la licenciada Estela Ángeles Mondragón responsabilizó a los señora Mario Aranda Gutiérrez, Jesús María Sandoval Espino y Juan Manuel Romero Miranda del daño que que sufran a su integridad cualquier miembro de la Comunidad Indígena de Baqueachi, su familias y/o a su patrimonio y ella misma.