domingo, 12 de mayo de 2013

Denuncia Corral a Duarte ante Gobernación, por violar el Estado laico



Por Javier Corral

Metido de lleno en la reforma de telecomunicaciones y en el cierre del segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, no había tenido oportunidad de ocuparme de la Consagración del Estado de Chihuahua y del Gobernador del estado, César Duarte, “al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María”, acto religioso de la Iglesia católica que se verificó en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el pasado 20 de abril y al que acudieron los seis obispos del estado, 150 sacerdotes, el Gobernador César Duarte Jáquez; su esposa, la presidenta del DIF, doña Bertha Gómez Fong; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, licenciado Javier Ramírez Benítez; el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez; el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Enrique Seáñez Seáñez; el presidente municipal de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez y cerca de 14 mil asistentes, según estimaciones de los organizadores.



En el centro del acto religioso, como momento cumbre de la consagración, el Gobernador hizo uso de la palabra y dijo: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público a la sociedad: pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude y por intercesión del inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad, todo lo que somos, todo lo que tenemos en el Estado de Chihuahua”. Así mismo, pidió perdón a Dios por su mala actuación como Gobernador del estado, al señalar: “Le pido perdón a Dios por todo lo que ha sucedido en el pasado, le pido que nos ayude a cambiar todo lo que no sea de él. Yo César Duarte declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y de mi pueblo, amén”.

Y ya envuelto de la nueva espiritualidad asumida, hizo un llamado al pueblo chihuahuense para asumir una actitud positiva, de reflexión, de redención, para con ello, “dejar atrás los tiempos que nos han lastimado, que nos han dolido, este es el nuevo tiempo de Chihuahua”.

También hubo otro discurso importante, el del obispo de la tarahumara, Rafael Sandoval Sandoval, quien ante la proximidad de las elecciones locales –se renuevan Congreso y ayuntamientos el 7 de julio–, instó a la grey ahí reunida a elegir a gobernantes “que tengan sintonía con Dios, porque si no, nos van a destruir”, adicionalmente precisó que: “consagrar significa dar en propiedad a Dios algo o alguien, en este caso al Estado de Chihuahua”, y explicó: “es introducirlo en su ambiente para que sea todo de Dios”.

Al día siguiente, el 21 de abril, sin rubor alguno, el Gobernador del estado, manifestó: “El día de ayer fue un evento en el cual las 6 diócesis del estado convocaron a todo el estado a un acto de redención a un acto meramente de valor en el sentido de la convocatoria de la Iglesia católica y todo lo que abona a un ánimo de recuperación de la paz un ánimo de reflexión de la paz, todo ayuda sin duda y ahí estamos más que comprometidos”.

Más allá de la vergonzosa utilización político-electorera de lo sagrado para el pueblo católico de Chihuahua y la penosa connivencia de los principales jerarcas del clero con la clase política priista, a la cabeza de ellos, Constancio Miranda Weckmann, la tal consagración, hechos y dichos tanto del Gobernador como de los obispos, constituye uno de los actos de mayor provocación al Estado laico que se haya realizado en la vida pública de México; por lo menos en las últimas cuatro décadas. Contiene graves violaciones a la Constitución y a la ley de cultos, y desafía la histórica separación Iglesia-Estado, al poner en marcha una operación política para declarar, en los hechos, a la religión católica como oficial en el estado de Chihuahua.

Antes de continuar debo advertir que, aunque pecador estándar, soy católico, bautizado y confirmado. Serví a la Iglesia durante algunos años en Ciudad Juárez, desde mi niñez hasta entrado en años, de monaguillo a profesor en cursos de evangelización y preseminario; entre mis amigos más cercanos cuento a varios sacerdotes y tengo una cercanía desde siempre con miembros de la Compañía de Jesús; tuve la fortuna de recibir cátedra de don Manuel Talamás Camandari y sostener inolvidables diálogos con él. 

También me enorgullece el privilegio de que mi matrimonio con Cinthia Aideé, lo bendijera don Adalberto Almeida y Merino, en Parral por supuesto. Le había pedido a Dizán Vázquez que él me casara, pero en ese tiempo estaba suspendido en el ejercicio del orden sacerdotal, y don Adalberto –ya emérito–, aceptó gustoso. Credenciales en la Iglesia Católica no me faltan. Reconozco que dos fenómenos me han ido alejando de su estructura de poder y de su ceremonial, no de su fundamento: la inexplicable complicidad, silencio, tolerancia e impunidad del fenómeno de pederastia clerical, y la connivencia de una buena parte del alto clero con políticos y empresarios corruptos.  
No obstante todo lo anterior, soy un convencido del Estado laico. Entiendo la laicidad como una neutralidad positiva del Estado frente a las iglesias. 

En este mismo espacio escribí el 18 de diciembre del 2012: “El Estado laico nos impone el deber de mantener la política en el campo de lo contingente, y reservar la religión para el campo de lo necesario. Este es el mandato del artículo 130 constitucional, en el que se funda la separación Iglesia-Estado, y el carácter aconfesional de las organizaciones políticas. El Estado laico se basa en la libertad de la conciencia y de las conciencias en la sociedad. Cada uno de nosotros está dotado de entendimiento para buscar la verdad, para encontrarla o para equivocarse en la búsqueda. Y la dignidad íntima del entendimiento no permite que otro, aunque sea poderoso y se llame gobierno, nos imponga la verdad oficial, nos diga cómo debemos usar un entendimiento que él no nos dio, ni cuáles deben ser los criterios para distinguir lo verdadero de lo falso”. (Rotafolio / Javier Corral / Libertad religiosa y Estado laico).


Desde esta convicción varias veces expresada por mí es que, el pasado jueves 9 de mayo presenté formalmente ante la Secretaría de Gobernación, ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, ante la Comisión Sancionadora prevista en el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como ante la Comisión Plural Nacional de Preservación del Entorno Político de Equidad de la Competencia, una denuncia de hechos que constituyen conductas que estimo son violatorias del artículo 24, 40 y 130 de la Constitución, así como de los artículos 1, 3, 25 y 29 fracción IX de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pido que sean sancionados el Gobernador César Duarte y los diferentes infractores, entre ellos, el arzobispo Miranda y el obispo Sandoval. 

El texto íntegro de la denuncia lo pueden consultar en mi página de internet: www.javiercorral.org

La autoridad no puede dejar pasar estos hechos. En efecto, el reconocimiento de la libertad religiosa, es el camino por el que se han construido las sociedades democráticas occidentales modernas, haciendo posible la convivencia en libertad de una pluralidad de credos religiosos o filosóficos, pero sólo se garantiza en el Estado laico, condición tutelada históricamente en nuestras constituciones y en la actual en los artículos 24 y 130.

La historiadora Patricia Galeana, lo identifica muy bien: “La construcción del Estado laico en México es un tema capital de la historia política y cultural del país. El Estado confesional y la intolerancia religiosa existieron en México desde la conquista española. Tal condición prevaleció durante medio siglo de vida independiente a través de los textos constitucionales. En la Constitución de Apatzingán, promulgada en plena guerra insurgente, en la Constitución Federal de 1824, así como en las constituciones unitarias de 1836 y 1843, se estipula, entre sus primeros artículos, que la única religión que se podía profesar era la católica sin tolerancia de ninguna otra. De ahí la importancia de la obra de Benito Juárez y de la generación que él encabezó, misma que logró hacer compatibles sus creencias religiosas con sus convicciones políticas, para suprimir al Estado confesional y establecer un Estado laico”.

Por su parte Michelangelo Bovero, al explicar la amplia gama de significados que tiene el término “laicidad”, sostiene en uno de sus enfoques: “laicismo no se contrapone tanto a la religiosidad como al confesionalismo, entendido este último como teoría y práctica de la subordinación de las instituciones culturales, jurídicas y políticas de una comunidad a los principios metafísicos y morales de una religión determinada, los cuales son establecidos, custodiados e interpretados por sus sacerdotes, o “clérigos”. De aquí también el contraste histórico en particular en las regiones en las que tienen predominio la Iglesia católica, entre el laicismo y el clericalismo. Así, al interior de este otro núcleo semántico, el adjetivo “laico” significa en general “no confesional” y “no clerical”.

El Estado laico no fomenta, ni obstaculiza, credo religioso alguno y por ende los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben mantener una nula injerencia en asociaciones religiosas, así como en la celebración de sus cultos. Esa nula injerencia Estado se sustenta en el principio de la tolerancia, consistente en respetar a los demás, porque la decisión de optar por una religión es de los individuos y no del Estado, ya que en la libertad de creencia se contiene no sólo la libertad de profesar un credo, sino también la libertad de vivir y actuar de conformidad con las propias creencias religiosas.

En una entidad como Chihuahua, donde conviven diversas expresiones culturales, religiosas y políticas, no se puede poner en riesgo la paz y estabilidad social con manifestaciones parciales e individuales, más bien, el Estado debe dar a las diferentes comunidades ideológicas y religiosas un tratamiento con base en el principio de neutralidad positiva. Por supuesto que Duarte es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias religiosas, devociones o actos del culto público respectivo, pero como autoridad no debe señalar que su Estado y la sociedad se han destinado a una deidad, ente divino o asociación religiosa alguna, porque violenta los principios de tolerancia, libertad religiosa e igualdad consagrados en la Constitución.

Además de la brutal hipocresía política que constituye en César Duarte tal consagración religiosa a la luz del talante corrupto y corruptor de su gobierno, de su narcisismo político y su obsesión por controlarlo todo, el acto constituye un escándalo en términos de provocación a la histórica separación Iglesia-Estado. Si Duarte pretende embaucar a algún sector de la sociedad chihuahuense con su redención, y para ello es capaz de usar lo religioso como distractor de los problemas que aquejan a los chihuahuenses, e incluso si los obispos de Chihuahua deciden entrarle a esa dinámica de las convicciones religiosas políticamente interesadas, es muy su libre albedrío, pero ese actuar es ilegal y el Estado debe sentar un precedente frente a esta provocación.