Un grupo de 16 asociaciones civiles advirtieron sobre una consulta
ciudadana opaca e inducida, que realizan los tres poderes del Estado para reformar
el Código Familiar y el Código de Procedimientos Civiles y Familiares.
Con esas reformas, están en juego las problemáticas de mujeres y
niñas en situación de violencia; la desaparición de personas y la preservación del
patrimonio familiar básico como la
vivienda, ya que sólo en la ciudad de Chihuahua, hay más de 10 mil personas que
podrían ser desalojadas de inmediato, si se implementan los juicios fast track,
explicó el sociólogo y líder estatal de Morena, Victor Quintana Silveyra.
La mayoría de esos morosos perdieron debido a que dejaron de pagaron sus créditos
hipotecarios, porque perdieron su empleo, y en muchos casos por la violencia. Hay
familias completas que dejaron sus ciudades y hasta el estado, por amenazas
cuando desaparecieron o asesinaron a algún familiar y dejaron sus créditos hipotecarios
pendientes.
Y es que el Congreso de Estado de Chihuahua anunció en su portal, apenas el 9 de junio, los “Foros de consulta sobre la implementación
del sistema oral en los juicios civiles y familiares en el estado de Chihuahua”,
que se efectúan en las siguientes fechas: 14 de junio en Juárez, el 21 en
Chihuahua, el 28 en Parral: en 12 de julio en Cuauhtémoc y el 19 en Delicias.
Para las consultas invitan a grupos selectos
y las organizaciones inconformes acusan que han pedido la iniciativa pero no se
las han dado a conocer. “También nosotros queremos opinar”.
En el caso de la capital, lo realizaron en
las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), ubicadas en una
zona de difícil acceso para la población, y cuestionan por qué no la realizaron
en un edificio gubernamental que se localizan en el centro, a donde puede
acudir cualquier persona interesada en opinar.
Demandan una convocatoria amplia a la
ciudadanía, incluyente y con tiempo suficiente para que la ciudadanía realmente
conozca las iniciativas de ley, que no se han mostrado a las organizaciones
civiles que han defendido los derechos de víctimas de violaciones a sus derechos,
derivados precisamente de las materias civil y familiar.
Las organizaciones cuestionan la premura con
la que las autoridades han convocado a la ciudadanía para participar en los
foros.
Francisca Jiménez Barrientos, de la Red de Participación Ciudadana, dijo que les resulta “curioso” que
pongan a consulta la oralidad de los juicios orales y familiares, cuando desde
1997 tienen en el congreso una propuesta de ley de participación ciudadana que
contiene la figura de plebiscito y referéndum, por ejemplo.
“Es raro, que de manera tan acelerada, los diputados tengan tanta prisa para
consultar y aprobar las reformas antes de que concluya esta legislatura, aun
cuando la ley de participación ciudadana está dentro de su agenda desde el
inicio de esta legislatura”, indicó Francisca Jiménez.
Recordó que el 21 de noviembre pasado, presentaron una propuesta de Ley
de Participación Ciudadana, integrada por organizaciones civiles de todo el
estado, y hasta ahora, ni siquiera se ha reunido la comisión.
Los diputados sólo han demostrado menosprecio por la ciudadanía, aun
cuando la participación de la población en materia política, es un derecho
humano, advirtieron.
Consideran que la urgencia por lanzar la consulta ciudadana, es porque
los integrantes de la organización Pacto por Juárez, confrontaron al candidato
por el PRI a la alcaldía de Juárez, Enrique Serrano Escobar, porque como
coordinador de la fracción parlamentaria de su partido, nunca impulsó ni
respetó la participación ciudadana.
Gabino Gómez advirtió
que las autoridades se esconden para hacer sus consultas, por lo que sospechan
que por los antecedentes de las autoridades, buscan hacer juicios fast track,
lo que quiere decir que con el solo hecho de que una persona caiga en mora por
deuda, ordenarán el desalojo sin llegar a juicio, como lo hacen
actualmente en España.
“Debemos recordar que las
constructoras están acostumbradas a prácticas corruptas y con la complicidad de
las autoridades, así como con las crisis económicas que son cíclicas,
pronto va a haber otra oleada de deudores, por eso queremos ver las
iniciativas, queremos apoyar”, dijo Gabino Gómez.
Las organizaciones indicaron que Chihuahua fue pionero en la
implementación del Sistema Penal Acusatorio impulsado por los tres poderes de
gobierno y contaron con la participación ciudadana, propiciaron una
contribución efectiva en la construcción de leyes que dieron legitimidad y
aceptación al sistema.
Por eso lamentaron que actualmente, los tres poderes de gobierno,
simulen la participación ciudadana y exigieron un verdadero proceso de consulta
sobre la implementación del sistema oral en los juicios civiles y familiares.
“Nos interesa que reconozcan con legitimidad, la importancia y la
necesidad de crear espacios de participación reales que permitan conocer las
experiencias delas organizaciones que trabajan en forma cotidiana con las
víctimas en eso temas… las leyes que deben impulsar para dar respuesta a la
situación de cientos de personas desaparecidas en el estado de Chihuahua, las
medidas de protección efectivas para las mujeres en situación de violencia, o
los derechos humanos de las familias en riesgo con esta reformas, nos referimos
al grave problema de cartera vencida originada por la crisis económica y de
violencia en el estado, miles de familias han perdido su fuente de trabajo y se
vieron obligadas al incumplimiento de pagos de viviendas”, explicó Luz Estela
Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
(Cedehm).
Las organizaciones son El Barzón, Centro de Atención a la Mujer
Trabajadora, Cedehm, Círculo de Estudios de Género, Comisión de Solidaridad y
Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), Consultoría Técnica Comunitaria,
Grupo de Abogadas Democráticas, Grupo Género Parral, Grupo Promotor de los
Derechos Políticos de las Ciudadanas, Mujeres Barzonistas, Mujeres por México,
Observa Ciudadana, Pioneras 19, Por un Chihuahua Libre y sin Temor, Red por la
participación ciudadana y red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez.
Los representantes de las organizaciones fueron recibidor por el secretario
de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, quien se comprometió a darles una respuesta
la semana entrante.
Ayer, el gobernador del Estado César Duarte Jáquez, inauguró la sala de
juicios orales en materia laboral, en la Junta Especial número 5 de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje.
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