No es de admitirse el argumento mediante el cual se propone realizar las reformas económicas - financiera, hacendaria, energética -, sin consolidar nuestro sistema democrático, o dando por sentado que la democracia que tenemos es la meta que nos habíamos fijado para encauzar nuestra convivencia social y política. Hemos avanzado un buen trecho, pero aún faltan mecanismos efectivos de participación ciudadana en la definición y sanción de políticas públicas, rendición de cuentas, transparencia en el gasto público, persecución real de la corrupción, y corregir varias distorsiones tanto en la división de poderes como en la distribución de competencias entre niveles de gobierno. La mayor distorsión es el feuderalismo político que se vive en los estados del país, en sus vertientes de, cacicazgo electoral, opacidad informativa, dispendio de recursos, control de medios, impunidad.
Por eso no pueden plantearse las reformas económicas sin la consolidación primero de un sistema democrático más justo y transparente, sin que hayamos dado el salto cualitativo en el combate a la corrupción; en un régimen político donde la corrupción queda impune, los bienes comunes y las metas nacionales, terminan en bienes privados y objetivos personales o de grupo; de hecho no hay crecimiento económico real sin democracia efectiva y eficaz. En el centro de las reformas económicas se colocan centenares de miles de millones de pesos y bienes del dominio de la Nación tan importantes y valiosos como los hidrocarburos que, sin el establecimiento de reglas claras para el manejo y destino de esos recursos, los únicos bolsillos que engrosarán serán los de particulares, nacionales o extranjeros, según sea la reforma.
Este es el sentido del condicionamiento que el PAN ha hecho de aprobar primero una reforma político-electoral y luego la energética. Se equivocan por cierto los que en un reduccionismo partidista plantean que la reforma político-electoral es sólo para los actores políticos y que a los ciudadanos poco les importa, cuando en el centro de la propuesta del PAN está un ensanchamiento de las libertades ciudadanas y una renovación del sistema electoral con el propósito inequívoco de que el ciudadano sea en verdad el sujeto esencial de la democracia, y no público de utilería en el circo de los medios y el dinero, como ha sido la tendencia creciente.
Por eso el PAN ha llamado a la reforma política-electoral, la condición sine qua non para apoyar la reforma energética. Esto es, sin la cual, no aportará un solo voto para reunir las dos terceras partes del Senado y la Cámara de Diputados, toda vez que se parte del supuesto que el gobierno y su partido necesitará de los votos del PAN tratándose de modificaciones constitucionales a los artículos 25, 27 y 28; precisamente en lo que no está de acuerdo el PRD, al sostener que se lograrían los mismos objetivos sólo con adecuaciones legales. Se trata de las primeras "fracturas" pactadas del pacto. En la reforma hacendaria vemos claramente el eje de acuerdo PRI-PRD. Lo importante es que en ambos casos, se tome con toda normalidad la bilateralidad y no resulte una traición a la Patria, sólo cuando lo hace el PAN con el PRI.
Ante la imposibilidad de una iniciativa de reforma política conjunta entre los firmantes del Pacto por México, Acción Nacional presentó esta semana su propuesta básica, para que el gobierno y su partido no tengan el pretexto de acusar falta de materia; tampoco de escudarse en la diversidad de opiniones intramuros de sus grupos parlamentarios. Hay un cierre de filas de todos los legisladores federales panistas para presentar un proyecto común, hemos cedido discrepancias específicas al valorar el conjunto, y en la mejor tradición gomezmoriniana hemos "apartado lo que nos separa" y "apretado lo que nos une".
Obviamente no están todos los temas que debieran conformar un rediseño del régimen político, faltan algunos temas del propio pacto como el compromiso 95; en éste se estableció que "para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a protección civil o salud". La ausencia de este compromiso en la propuesta del PAN es significativa, porque da cuenta de hasta donde ha permeado en el ánimo de la dirigencia nacional la estrecha relación con el gobierno de Peña Nieto, y como ello merma el deber de contrapeso y equilibrio que en tan importante tema obliga a la oposición. Peña ya no ha vuelto a moverle al tema de la transparencia publicitaria, porque evidentemente le ha dado mejor resultado la discrecionalidad de la fórmula de asignación de recursos bajo la Zanahoria y el Garrote, con el que premian o castigan, la cobertura informativa.
Hay otros temas que aunque no vienen en la propuesta de reforma constitucional, se ha expresado el compromiso de impulsarlos, me refiero a las leyes reglamentarias de la reforma política del 2011 que quedaron comprendidas en el compromiso 93 del Pacto: candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y de las consultas populares.
En la parte electoral, la iniciativa del PAN desarrolla un nuevo modelo para una disputa del poder más justa, transparente, imparcial y menos onerosa. Recuperar la organización de las elecciones del control de los gobernadores y de la influencia determinante del dinero mal habido, así como del rebase de gastos de campaña. En lo político se hacen avanzar figuras muy importantes de reconocimiento a la pluralidad.
En el centro de la propuesta está la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), como órgano único encargado de las elecciones en todos los niveles. La propuesta atiende la realidad política y una de las principales distorsiones a las que me refería renglones arriba: la diversidad de tácticas utilizadas por grupos que buscan perpetuarse en el poder mediante el fraude electoral, la represión, la inequidad en la contienda y la manipulación de actores y reglas clave en el juego democrático que tienen su principal fábrica en los procesos locales. Andreas Schedler ha encontrado que en México, en muchas entidades federativas, se ha recurrido a la manipulación de actores, en concreto, señala que algunos gobernadores han “colonizado las instituciones electorales” y han “explotado recursos del Estado con fines partidistas” para reducir la incertidumbre que conlleva una elección y garantizar el triunfo de su partido político.
De ahí la importancia de la reconversión del IFE en un órgano nacional. Es cierto que el desempeño de las autoridades electorales federales no ha sido intachable y que existen cuestiones que deben de ser revisadas a profundidad para evitar futuros cuestionamientos a sus decisiones. Sin embargo, dada la visibilidad que tienen estos órganos, su actuar es más transparente, lo que les obliga a regirse conforme a los principios de legalidad e imparcialidad.
La propuesta plantea un solo ordenamiento de carácter general que regulará el desarrollo de las elecciones en todo el país. Los estados regularán esquemas propios para conformar sus órganos políticos (Congresos locales y Ayuntamientos) en sus respectivas Constituciones. Oportuna fiscalización de las finanzas de partidos políticos.
Dota de facultades expresas para fiscalización de recursos públicos cuando existan indicios de uso a favor de partidos políticos, precampañas o campañas. Homologa la contabilidad y los informes de partidos políticos. Incorpora nuevas causales de nulidad: rebase de topes de gastos de campaña, utilización de recursos al margen de la legislación electoral, adquisición de propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
Un cambio central para la consecución no sólo de un mayor ahorro económico, sino como aliciente para la gobernabilidad y el acuerdo político, es la homologación de las elecciones federales y locales, el primer domingo de julio de cada 3 años. Plantea nueva duración de campañas federales y estatales. 90 días para la elección presidencial y de gobernador; 60 días para elecciones intermedias. Mecanismos en legislación secundaria para que mexicanos residentes en el extranjero participen en procesos electorales. Implementación del voto electrónico y urna electrónica, previstos para ser garantizados por el nuevo Instituto desde la elección de 2015. Restringir mediante sanciones a quienes voten y proporcionen información falsa para su registro en listado nominal.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se transforma en el Tribunal de Justicia Electoral y desaparecen tribunales electorales locales. Faculta a la Sala Superior para emitir Acuerdos Generales para la distribución de sus asuntos. Y una exigencia largamente planteada: que el procedimiento especial sancionador (PES) sea resuelto por el Tribunal. La iniciativa contempla, en absoluta congruencia con la demanda social de garantizar la equidad de género, la obligación para que partidos políticos y coaliciones registren al menos 40% de candidaturas de un mismo género procurando paridad. Los candidatos propietario y suplente deberán ser del mismo género para evitar Juanitas.
Para afianzar las libertades políticas de los ciudadanos, mecanismos de participación y combate efectivo a la corrupción incorpora el concepto de Democracia Deliberativa en la Constitución como parte del sistema de planeación democrática y propone dos nuevas autonomías: la del Ministerio Público y el Coneval. Instaura la reelección de Senadores, por una ocasión; Diputados Federales y Locales, hasta en tres ocasiones; Miembros del Ayuntamiento y Jefes Delegacionales, hasta por un periodo. De manera opcional propone el Gobierno de Coalición, ratificación de Gabinete. Segunda vuelta en elecciones: Sólo para Presidente de la República, Gobernadores y Jefe de Gobierno del D.F. Ganará la primera vuelta quien obtenga más de la mitad de votos obtenidos o al menos el 40% y una diferencia de al menos 10% respecto al segundo lugar.
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