El Presidente Enrique Peña Nieto, por conducto del Secretario de Hacienda Luis Videgaray, presentó el pasado 8 de septiembre ante el Congreso de la Unión, el paquete económico 2014 y la iniciativa de Reforma Hacendaria que propone adicionar los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución, modificar 15 ordenamientos legales, abrogar dos leyes existentes y crear cuatro nuevas leyes. Es un conjunto mayúsculo de propuestas legislativas que requiere de un análisis muy preciso, pormenorizado, técnico e informado para hacer un balance objetivo de las razones y metas que lo justifican.
No quiero sumarme a la descalificación total de la propuesta planteada por el Ejecutivo, entre otras cosas, porque a cambio de nuevos gravámenes y la ampliación de algunos de los existentes, la reforma de Peña ofrece crear un Régimen de Incorporación a la Seguridad Social, por el que las personas recibirán los servicios de seguridad social con descuentos sobre las obligaciones por pago de cuotas; porque se promueve el Seguro de Desempleo para los trabajadores formales y también porque se coloca como uno de los compromisos del aumento de la recaudación, la creación de una pensión para los adultos mayores más pobres de nuestro país. Eso de entrada me parece muy importante en la ruta de ir avanzando hacia una mayor equidad social, basada precisamente en una más justa redistribución del ingreso.
No hablo de "pensión universal", sino de una pensión básica para adultos mayores, porque tampoco quiero sumarme al manejo propagandístico engañoso con el que el gobierno anuncia como "universal" algo que no lo es. No es menor lo que se ofrece, pero se magnifica, y la gente puede abrigar esperanzas infundadas. Me hago eco de Andrés Lajous, quien puntualiza que lo ofrecido es lo que se conoce como "mínima" o "residual". "Decirle universal, es mentir o en el mejor de los casos estar confundido". Está destinada a adultos mayores que no sean derechohabientes y no tengan ingresos mensuales arriba de los 960 pesos.
Con tales ofrecimientos, el planteamiento de reforma fiscal pudo haber iniciado un amplio debate en el país sobre el problema de fondo de nuestro sistema económico que es la desigualdad, la pobreza, la exclusión. Pero fue envenenada con algunas propuestas absurdas, en mucho fruto del desconocimiento con que operan en la realidad varios fenómenos sociales y productivos. Es el caso de la intención de homologar el IVA en la frontera a la tasa nacional del 16%. Es el caso de pretender gravar en doble vía las colegiaturas escolares, al eliminarle la deducibilidad y cargarle el IVA. Es el caso de eliminar la exención a los alimentos para mascotas. Es el caso de querer gravar las hipotecas.
Por ello es fundamental separar en el paquete económico las materias: lo que tiene que ver con Presupuesto de egresos, luego ley de ingresos, la reforma fiscal, la reforma hacendaria y reforma a la seguridad social. Y dentro de cada uno de éstos temas distinguir lo positivo, de lo que no lo es e incluso puede ser regresivo o catastrófico. En lo que no creo es en la postura que, por sumar los intereses parciales que se oponen a la reforma, lo descalifica todo. Cada sector defiende legítimamente sus intereses, de una manera muy individual, sin hacerse cargo del todo o "los demás". El legislador tiene como deber atender al conjunto, colocar el interés general y generar los equilibrios.
Digo, pues, que me gusta en lo general la propuesta que ha presentado el Ejecutivo, y me opondré en los temas que ya he enlistado aquí, así como otros que considero dañinos e incluso inconstitucionales. Ya habrá ocasión para detallarlos, adelanto que tocan la ley federal de derechos, específicamente en materia de espectro radio-eléctrico.
Uno de los flancos en los que estoy de acuerdo es el de los impuestos ecológicos y de impuestos al consumo de bienes nocivos para la salud. Los llamados "impuestos verdes" dirigidos a la garantía de un desarrollo sustentable mediante la protección del medio ambiente, y el que tiene como propósito desestimular el consumo de refrescos en nuestro país y con ello contribuir a enfrentar el gravísimo problema de sobrepeso, obesidad y diabetes en nuestro país; causa en la que ha puesto valor, dignidad y entusiasmo la Senadora Marcela Torres Peimbert, legisladora panista por el Estado de Querétaro, que presentó la iniciativa para crear un impuesto al Refresco.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado a la obesidad como uno de los problemas globales del siglo XXI y dentro de ese contexto, en julio de este año recibimos la noticia de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), de que México se ubica como el país con mayor obesidad en el mundo, ya que el 32.8% de su población de adultos presenta este problema.
Anteriormente, Estados Unidos se establecía como la primera nación a nivel mundial cuya población padecía de sobrepeso; actualmente nos ubicamos arriba de la Unión Americana donde el 31.8% de sus habitantes sufre de obesidad de acuerdo al último informe “The State of Food and Agriculture 2013”, que además señala que al menos un 70% de mexicanos adultos tienen sobrepeso.
El problema es grave, según la Encuesta de Salud y Nutrición 2012 del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 48.6 millones de mexicanos mayores de 20 años tienen problemas de sobrepeso u obesidad, 7.5 millones más que en 2006.
Al respecto, habíamos recibido ya alertas por parte de otros organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en 2010 presentó el informe sobre “La obesidad y la cultura de la prevención”, mismo en el que nos ubicó, desde entonces, en el primer sitio entre sus países miembros.
En un lapso de 24 años, entre 1988 y 2012, tanto la obesidad como el sobrepeso, tuvieron un aumento sostenido en mujeres adultas y en adolescentes.
De acuerdo a la Organización mundial de la Salud (OMS), la obesidad es la quinta causa de muerte en el mundo pues cobra alrededor de 2.8 millones de vidas al año en todo el planeta.
A estas cifras habrá que agregar las de los costos que implica la atención a esta enfermedad que es causada por la ingesta de alimentos con elevada densidad energética, bebidas azucaradas, alimentos procesados, bajo consumo de agua, frutas, verduras, leguminosas y por falta de orientación nutricional, así como por el sometimiento a una vida sedentaria.
De acuerdo a estimaciones realizadas en el libro Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado, atender la obesidad y sus consecuencias costó en 2008, 67 mil millones de pesos, cantidad que se elevará y podría llegar a los 151 mil millones de pesos para el 2017 si no se toman cartas en el asunto.
Es por el desalentador panorama que resulta urgente la implementación de evaluaciones y estrategias conjuntas con el fin de prevenir el aumento de los índices de sobrepeso y obesidad en la población. Y en ese enfoque se ubica, como una de las medidas a emprender, un impuesto a las bebidas azucaradas, como parte de una política fiscal sana.
La obesidad está asociada a otros padecimientos que también se han colocado entre las principales causas de muerte en nuestro país, entre los que se encuentran la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, osteorarticulares, así como ciertos tipos de cáncer.
Mientras que hace cuatro décadas los principales problemas de salud tenían que ver con enfermedades infecciosas y desnutrición, hoy día la Academia Nacional de Medicina señala que la obesidad, la diabetes, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles relacionadas con la nutrición (ECNT), han tomado su lugar. Hoy sabemos que cada dos horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes; que de cada 100 pacientes con diabetes, 14 presentan alguna complicación renal; que el 30% de los problemas de pie diabético termina en amputación y que de cada cinco pacientes con diabetes, 2 desarrollan ceguera. México ocupa el décimo lugar en diabetes mundial y se estima que para 2030 ocupe el séptimo puesto.
Por si fuera poco, no sólo tenemos el primer lugar en materia de obesidad y sobrepeso del mundo, también somos los número uno en el consumo de refrescos, hemos superado ya en un 40% a los Estados Unidos en el consumo anual de refrescos por persona.
Cuando pugnamos - me incluyo por haber suscrito la iniciativa de la Senadora Torres Peimbert - por un impuesto al refresco, hemos sugerido que el monto recaudado sea destinado para hacer frente a los gastos del sector salud que se derivan de estos padecimientos y no sólo eso, también para generar la infraestructura necesaria para dotar de agua potable escuelas, lugares públicos y hogares, medidas todas ellas que impacten directamente en la disminución del consumo de bebidas azucaradas, principalmente refresco.
Esta no es, por supuesto, la única medida que como política pública se puede adoptar, el problema es multifactorial, por lo que también es necesario impulsar medidas como la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas; regular el etiquetado; impulsar la activación física para combatir el sedentarismo; campañas nacionales de educación y orientación alimentaria; impulsar campañas de información nutricional por parte de personal operativo de salud; asegurar el acceso a alimentos saludables en comunidades aisladas que tienen dificultad de acceso a dichos productos; entre otras medidas que ya diversos especialistas han explorado.
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