El gobernador César Horacio Duarte Jáquez presumió ayer, cuando
entregó en su III Informe de Gobierno al Congreso del Estado, que los delitos de mayor impacto social van a la
baja en el estado, y media hora más tarde, dejó plantados a embajadores y organizaciones
civiles que abrieron la oficina de Brigadas Internacionales por la Paz (PIB).
El evento del gobernador estuvo resguardado por unos 50 agentes de
la Fiscalía General del Estado, que colocaron vallas de seguridad en un
perímetro de alrededor de 50 metros cuadrados para evitar protestar y
manifestaciones.
A las 14:00 horas, la organización internacional Brigadas
Internacionales de Paz inauguró su nuevo Equipo Norte con sede en la ciudad de
Chihuahua, porque este estado se encuentra entre los primeros cinco con mayor
riesgo para la defensa de los derechos humanos, junto con el estado de
Coahuila.
Una media hora antes, concluyo la entrega del informe del gobernador, en el recinto del Poder Legislativo, y a un costado, en la
Presidencia Municipal lo esperaban porque su gente había confirmado, para formar parte del arranque del proyecto
internacional, que busca acompañar a los derechohumanistas de Chihuahua y
Coahuila.
Brigadas Internacionales comenzó a trabajar en la oficina de
Chihuahua, con tres personas, pero en diciembre incrementará hasta diez voluntarios
observadores internacionales que caminará al lado de quienes defienden los
derechos humanos y dialogarán con autoridades locales, nacionales e
internacionales con el fin de abrir espacios seguros de participación para
activistas locales, explico Ben Leather,
coordinador de Incidencia y Relaciones Púbicas de PBI México,
Explicó que sólo trabajan con petición de la sociedad civil que
piden apoyo para brindar el acompañamiento y en el país tienen doce años,
principalmente en Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal.
A partir del 2010 incrementaron las solicitudes de apoyo, cuando
la sociedad civil se sintió en riesgo externó un grito de auxilio. El año
pasado realizaron una misión exploratorio para determinar dónde abrir un nuevo
equipo, valoraron la situación de defensores de Coahuila y Chihuahua y
decidieron abrir la sede en la capital de Chihuahua.
La fuerza del PIB está en el terreno porque trabajan con las
organizaciones civiles y por la presencia internacional en México con cuerpo
diplomático, y buscarán que parlamentarios de otros países conozcan la
situación, se pronuncien para que presionen y que la situación cambie.
Ben Leather dijo que aún está pendiente el diálogo con el
gobernador, pero esperan que las próximas semanas puedan concretar ese
encuentro, ya que hay la esperanza de encontrar las formas de diálogo con las
personas que defienden derechos humanos en Chihuahua.
En la inauguración, Rubens Carvalho, coordinador de comunicación
de PBI México, explicó que la decisión de abrir el equipo es resultado de la
misión exploratoria a varios estados de la República Mexicana, realizada en el
2012 y como respuesta a un aumento de peticiones de acompañamiento
internacional desde la sociedad civil.
La decisión fue respaldada por
Javier Hernández, representante de la Oficina en México del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), que
sitúa a Chihuahua y Coahuila entre los cinco estados más peligrosos de México
para defender los derechos humanos.
Han evidenciado que los derechohumanistas de esas dos entidades
sufren ataques, amenazas, hostigamiento, vigilancia, agresiones físicas y
criminalización debido a su trabajo. Debido al elevado nivel de riesgo,
integrantes de varias organizaciones son beneficiarios de medidas cautelares de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las temáticas que trabajan
esas organizaciones reflejan problemáticas nacionales, como los abusos cometidos por
las fuerzas de seguridad, feminicidios, desapariciones forzadas e involuntarias,
explotación de los recursos naturales y violaciones contra las personas migrantes,
entre otras.
Javier Hernández explicó que el problema que más les preocupa es
la gran barrera que hay entre organizaciones civiles defensoras de derechos
humanos y las autoridades, porque no han logrado resolver en engranaje para que
logren comunicarse de manera efectiva para lograr una efectiva política pública
al respecto.
“Las autoridades toma poca nota y dan poca importancia a problemas
de asociaciones que presentan diagnósticos y sólo hay reacción a las notificaciones
e informes internacionales. La situación plantea retos y humanamente los
funcionarios no tienen mucha disposición”, enfatizó.
El sacerdote Javier “El Pato” Ávila, reprochó al gobierno de
Chihuahua el desprecio que les hizo al no asistir, ya que sólo faltaron
representantes de esta entidad. “En la vida hay prioridades y no somos
prioridad para el gobierno. El mensaje es duro, pero nos fortalecen más de lo
que se imaginan. No necesitaos que nos hagan visibles, porque nuestro trabajo
avala nuestra historia”, dijo el representante de la Red TdT y de la Comisión
de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en México,
manifestó la disposición del organismo para apoyar a los defensores y reconoció
que escuchó testimonios desgarradores, a la vez que ofreció los proyectos en
los que pueden participar las organizaciones.
Por la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, acudió Juan Carlos Gutiérrez, para poner a
disposición el mecanismo federal de protección a derechohumanistas y
periodistas, que a la fecha registran 96 casos, 59 defensores y 37 periodistas.
CASOS QUE EVIDENCIAN VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS POR
AUTORIDADES EN CHIHUAHUA
Los representantes de PIB, informaron que uno de los casos que
tienen registrados es el de Paloma
Escobar Ledezma, quien fue desaparecida y asesinada en el 2001, y que tiene una
recomendación por la CIDH por el manejo que le han dado a la investigación.
Destacaron las agresiones físicas y criminalización de los
defensores de derechos humanos, que han dejado cinco mujeres activistas
asesinadas en Chihuahua y doce que han abandonado el país por inseguridad.
Informaron que en Chihuahua tienen medias cautelares por la
Comisión Internacional de Derechos Humanos, las asociaciones Nuestras Hijas de
Regreso a Casa, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y El Barzón,
así como la Casa del Migrante Saucillo y Frontera Digna, de Coahuila.
Recordaron el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz el
16 de diciembre de 2010, quien unos días antes de su homicidio, pidió seguridad
personalmente al gobernador y murió justo frente a Palacio de Gobierno.
El año pasado asesinaron a Ismael Solorio Urrutia y a su esposa
Manuela Contreras Solís, quienes eran defensores de los derechos ambientales
del ejido Benito Juárez en el municipio de Buenaventura.
Dieron a conocer que han allanado las instalaciones de las
organizaciones Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Cedehm, Casa del
Migrante de Saucillo, y en varios casos por policías estatales o federales, con
el fin de obstaculizar el trabajo de las asociaciones.
Indicaron que además formarán redes de apoyo para responder en
momentos de emergencia, junto con países como Argentina, Chile, Colombia,
Portugal, Italia, España, Suiza, EUA, con la sede en Chihuahua y con la coordinación
de la oficina en México.
PIB cuenta con 16 grupos internacionales en Australia, Estados
Unidos, Canadrá y otros.
RECOMENDACIONES
En el evento Ben Leather, coordinador de Incidencia y Relaciones
Púbicas de PBI México, llamo a las autoridades estatales y federales a
coordinarse para garantizar la protección y la participación de personas defensoras de
derechos humanos en Coahuila y Chihuahua, y en particular. Recomendó:
-
Contrarrestar cualquier
cuestionamiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos de
estos estados con declaraciones de reconocimiento de su legitimidad e
importancia
-
Investigar los crímenes en
contra de activistas, sancionando los culpables para que no reincidan.
-
Garantizar la
implementación de medidas efectivas de protección para cualquier activista en
riesgo, fortaleciendo la implementación del Mecanismo Nacional de Protección.
-
Consultar a la sociedad
civil en el desarrollo de cualquier política pública que tenga implicaciones
sobre los derechos humanos.
Las organizaciones que estuvieron presentes son: Red TdT, Cosyddhac Chihuahua, Casa del Migrante Saltillo, Cedehm, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi de Torreón, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte de Ciudad Juárez, Justicia
para Nuestras Hijas, El Barzon, Bowerasa, Fundec, Red Mesa de Mujeres de Juárez
y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo
Asimismo asistieron los embajadores de Canadá y Holanda, el cónsul
general de los Estados Unidos, el consejero político de la delegación en México
de la Unión Europea (UE), el representante en México de la OACNUDH, así como
del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y de los ombudsman estatales y nacional.
Previo al evento de inauguración, Brigadas Internacionales por la
Paz facilitó una mesa redonda entre representantes de las embajadas de Canadá,
Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Suiza y la UE y las organizaciones de la
sociedad.
PBI es una organización internacional no gubernamental creada en
1981 y registrada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1991,
que mantiene equipos de acompañantes internacionales en áreas de conflicto,
siempre a petición de las organizaciones de los propios países.
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