Chihuahua no es Boston, ni Newtown, ni Columbine, perdónesenos el perogrullo, en lo que se refiere a masacres: es todas ellas juntas, y más. Ciudad Juárez no es Manhattan: en cuanto a víctimas, en esa frontera han sido asesinadas más personas en los últimos cinco años que todas las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Y, sin embargo, acá no hay intensas persecuciones policiacas de los presuntos homicidas, ni consternaciones presidenciales, ni siquiera de los gobernadores. Lo que sí hay es total impunidad.
No hay nada que pueda alentar el menor optimismo sobre el fin de las masacres en Chihuahua. Nada que revele una inflexión en ellas, una reducción en el número de víctimas, un éxito, así sea relativo, en los gobiernos que llegan a suplir a aquellos que fracasaron también en este rubro. Una primera revisión nos dice que en el estado de Chihuahua se han perpetrado 24 masacres de cuatro o más personas, con un saldo de 255 personas asesinadas desde que se pusieron en marcha los operativos conjuntos de la guerra contra el narcotráfico.
La primera fue la de Creel, en la sierra Tarahumara, el sábado 16 de agosto de 2008, cuando un comando irrumpió en una fiesta y asesinó a 13 personas, en su mayoría jóvenes y un bebé. A partir de entonces la zona serrana, y en especial el municipio de Bocoyna, han sido el espacio de varias masacres, la más reciente en diciembre pasado en Guadalupe y Calvo, que arrojó 11 personas asesinadas.
Ciudad Juárez fue el principal núcleo de masacres hasta hace dos años. La más visible fue la de 16 jóvenes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010. Además de ella ha habido cuando menos ocho matanzas de 2008 a 2011. Llama la atención que en esta frontera no se han presentado las masacres al nivel que antes en los últimos dos años.
En cambio, el horror parece haberse trasladado a la capital del estado. Ahí se han perpetrado 10 masacres, ocho de ellas los últimos dos años. Entre ellas, la que arrojó un mayor número de personas asesinadas, en el centro de rehabilitación de adicciones Fe y Vida, en junio de 2010, con 20 ejecutadas. Destacan, además, las matanzas efectuadas en tres bares: el Río Rosas en octubre de 2008, donde ultimaron a once personas; la del bar Colorado en abril de 2012, donde fueron asesinadas 17 personas, entre ellas dos conocidos periodistas, y la del bar Far West, donde ultimaron a cinco integrantes del grupo musical La Quinta Banda y cuatro personas más.
De 2008 a 2010 las masacres en los centros de rehabilitación de adicciones fueron recurrentes: cinco en total; ahora parece que el centro de gravedad ha cambiado a los bares. Por cierto, en ningún caso se trata de bares de la clase alta o media alta, sino sobre todo de carácter más bien popular. También es muy claro que alrededor de 90 por ciento de las personas ultimadas en las masacres son jóvenes de entre 15 y 29 años, con lo que el juvenicidio continúa.
Ningún gobierno ha podido detener las masacres: en los dos últimos años de la administración de Reyes Baeza se perpetraron 11 masacres, con un saldo de 101 personas asesinadas: durante los últimos cuatro años del gobierno de Calderón hubo en Chihuahua 21 masacres, con 233 personas asesinadas. Los gobiernos actuales también son ampliamente rebasados en este campo: desde que César Duarte tomó posesión, en octubre de 2010, van cuando menos 13 matanzas, con 154 personas asesinadas, y en los pocos meses del peñanietismo, tres, con 22 personas asesinadas. No es cierto de ninguna manera que la violencia esté controlada en Chihuahua.
Si bien los datos y la geografía de las masacres en Chihuahua son muy reveladores, palidecen cuando los comparamos con el número total de homicidios dolosos perpetrados en esta entidad norteña desde 2008: apenas llegarían a representar 1.5 por ciento de los más de 18 mil asesinatos generados por la guerra iniciada por Calderón y continuada mañosamente por Peña Nieto. Una numeralia como para sacudir la vergüenza política –si es que existe– del titular del Ejecutivo de cualquier orden. Más si se toma en cuenta que la impunidad de quienes perpetraron todas estas masacres es prácticamente total.
Y, sin embargo, tanto el gobierno federal como el del estado ponen su discurso y sus prioridades en todos lados, menos en proteger la vida de la población. Ya no hay cuentas alegres del combate a los hechos de sangre, ya ni siquiera hay algún tipo de cuentas. Ante el estrepitoso fracaso de la estrategia de todos los órdenes de gobierno, lo que urge es una cruzada para saciar el hambre… pero de justicia.
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