El 13 de marzo pasado encontraron los
cuerpos de dos estudiantes de enfermería al noroeste de la ciudad de Chihuahua,
fueron exhibidas como lesbianas y una de ellas como delincuente. Hasta ahora no
se conoce el móvil de los homicidios, pareciera que al criminalizar a las
víctimas se agotó el tema.
Tania Rubí Martínez Salinas de 23
años y Tiara Arlet Mendoza Núñez de 27, estaban degolladas, fueron violadas,
una de ella con objetos. Las declaraciones inmediatas de las autoridades, fueron
sobre los antecedentes penales de Tania Martínez y su noviazgo pasado con un
“peligroso” un líder de banda de roba carros.
De acuerdo con el expediente penal
152910, Tania Rubí Martínez estuvo detenida por el delito de robo simple de
autos, del 8 de agosto de 2010 al 21 de enero del 2011. Fue sentenciada a tres
años de prisión y salió bajo libertad condicional.
Lo que omitieron decir las
autoridades, es que la joven se acogió a un recurso de beneficio que
se llama “criterio de oportunidad”, para obtener su condena condicional. Ese
recurso consiste en colaborar con las autoridades para delatar a delincuentes
involucrados en el delito de robo. En esa situación se encontraba, de acuerdo
con personal de la fiscalía, lo que podría ser otra línea de investigación.
El fiscal general, Carlos Manuel
Salas, se apresuró a declarar que Tania Rubí Martínez estuvo en el Centro de
Reinserción Social (Cereso número 1), por robo de autos. Posteriormente agregó
que era novia del líder de la banda, no dio el nombre y hasta ahora el crimen
no está aclarado.
La fiscalía dio a conocer, paso a
paso, cómo dieron con el motel Las Palmas e informaron que fue el lugar del hallazgo. En el lugar del crimen encontraron
sábanas de un hotel y buscaron hasta encontrarlo. Cuando llegaron al establecimiento,
encontraron a los empleados nerviosos y pintando una habitación manchada
con sangre. También dieron a conocer un retrato hablado de un presunto culpable
y hasta ahora aseguran que “ya mero” lo aprehenden.
El tratamiento del caso en los
medios, causó indignación entre la comunidad estudiantil, por la manera en que
se dio a conocer la relación sentimental de ambas. Tania Rubí y Tiara Arlet
Mendoza Núñez de 27 años, se conocieron en la facultad de Enfermería y
Nutrición de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la que ingresaron en
agosto del año pasado.
Tania expresaba su agradecimiento con
Tiara Arlet porque la apoyaba a ser una mejor persona, así lo indicaba. Las
familias de ambas las apoyaban. En su perfil de Facebook, Tania escribió:
“estoy tan segura de mi persona, me siento tan feliz, tengo la mayoría de las
cosas que deseo, las personas que adoro están a mi lado, mi familia es hermosa,
tengo una mamá a la que amo más que a nada, Dios está conmigo quien contra
mí…tengo buenos amigos, mi suegra es un amor…la quiero sólo por el hecho de
traer al mundo a la mujer que quiero…”.
Eran dos jóvenes que intentaban
vivir, ser felices, recuerdan sus amigos. Las autoridades de la UACh se
deslindaron del caso, dijeron que los asesinatos no ocurrieron en las
instalaciones del plantel.
Sin embargo, el campus número 2 de la
UACh, donde se alberga la facultad de Enfermería, no cuenta con suficiente
seguridad, la situación fue señalada luego del doble homicidio. Los estudiantes
deben caminar unos 200 metros a despoblado, lo que incrementa el riesgo para quienes salen en la noche, pasadas las 21:00 horas. No hay suficiente seguridad. El riesgo es latente.
La situación fue analizada y
evidenciada durante el diplomado “Acompañamiento psicosocial de víctimas”, que
desarrolla el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en la intervención del
psicólogo Carlos Beristáin.
Ese caso es sólo una muestra de la
actitud que muestran las autoridades estatales para minimizar e invisibilizar
los delitos contra las mujeres
El pasado 28 de marzo, tres mujeres
que eran jefas de hogar, fueron asesinadas en una masacre donde murieron otras
cuatro personas. El gobernador César Duarte sólo declaró a los medios, que ese
hecho no echaría por la borda los avances en seguridad que ha tenido su
administración.
MUJERES SERRANAS, NO APARECEN NI EN
LAS ESTADÍSTICAS.
Una joven tarahumara de 17 años, fue
violada y asesinada en el municipio de Guachochi, cerca de la presa Yáñez y del
rancho El Frayle, de donde ella era originaria. Ninguna autoridad informa sobre
el caso.
Pocos habitantes conocieron el caso,
ni siquiera se encuentra en los registros de la Fiscalía Zona
Sur. Las autoridades municipales sólo interrogaron a dos indígenas
que llevaron a la joven con unos mestizos, dijeron que estos les pidieron que
le hablaran a la mujer y la llevaran hasta la camioneta donde estaban.
Los dos indígenas no supieron más.
Los hombres tomaban cerveza cuando llevaron a la joven. El parte policiaco dice
que la encontraron rellena con papel higiénico y sin órganos genitales.
Sin embargo, en la fiscalía no hay
datos de un hecho similar en el lapso en que ocurrió el homicidio, hace tres
meses, dijo Manuel González, portavoz de la dependencia.
El caso fue conocido por un grupo de
mujeres, quienes han intentado darle seguimiento, apoyan a la tía abuela de la
víctima, Rosario Cruz, quien vive en otra comunidad cercana, Sawaroachi.
El viacrucis de acceso a la justicia por delitos contra mujeres, también lo vivió Ramona, una mujer de casi 80 años que fue abusada sexualmente.
Vivía sola en una casa de madera que
le prestaban unos conocidos, en la cabecera municipal de Guachochi, hasta donde
llegó un hombre intoxicado, así lo declaró la víctima ante las autoridades.
El agresor le tapó la boca, la golpeó
en la cabeza y casi la mata, dijo.
Casi sin poder caminar porque fue
golpeada, Ramona acudió la mañana siguiente
a la presidencia municipal. Ahí la enviaron a Averiguaciones Previas. Los exámenes médicos confirmaron el abuso sexual.
Una de las mujeres que da seguimiento
al caso, indicó que cuando han ido a Averiguaciones Previas a preguntar sobre
los avances, sólo les informan que no tienen a quién juzgar, porque no hay
detenido y no hacen más.
Lo único que pudieron hacer por la
víctima fue darle despensa cada mes a través del Instituto Chihuahuense de la
Mujer.
La hija se hace cargo de ella, aunque
el yerno no la quería porque representa una “boca más”, les dijo. Con las despensas
que le dan, el hombre aceptó llevar a Ramona a su casa.
La información que tienen sobre el
caso, es que llevan avances, pero no los pueden dar a conocer para no
interferir en la investigación, indicó Manuel González.
OCULTAN OSAMENTAS, LEVANTAN SOSPECHAS
DE ACTITUD DE PERSONAL DE LA FISCALÍA.
Juárez tiene historia de impunidad en el tema. El 3 de febrero pasado, un grupo de cuatro mamás de jóvenes asesinadas, pidieron a la Fiscalía Zona Norte que las llevara a colocar una ofrenda donde habían encontrado los pocos restos de Jesica Leticia Peña García, quien desapareció a los 15 años y el 29 de mayo de 2010. La joven cumpliría ese día 18 años.
Sus restos fueron encontrados en
febrero del año pasado. Después de insistir, Norma Ledezma Ortega, coordinadora
de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, logró el permiso para ir.
Iban además de la María García, mamá
de Jesica y de Norma, la mamá de Adriana Sarmiento Enriquez, cuyo cuerpo fue el
primero en ser entregado el año pasado, luego de tenerlo dos años guardado; y
Ana Trejo, mamá de Ana Beatriz Hernández Trejo, a quien le entregaron dos
restos óseos en enero pasado.
El 4 de marzo, acudieron acompañadas
por un equipo de agentes: “Duramos tres horas para llegar, en vehículo y otro
tramo caminando, al Arroyo Naranjo, al lugar donde encontraron los restos de
Jesica. Ahí pusimos ofrendas”, contó Norma Ledezma.
De regreso, pidieron ir por otro
camino, las mamás se ubicaron y se dieron cuenta que las habían llevado por un
camino más largo y en zigzag. Era un lugar cercano a Praxedis G. Guerrero.
Cuando caminaban de regreso, vieron un hueso por una brecha, fueron hacia allá. Encontraron ropa femenina. Norma Ledezma llamó por teléfono a los agentes que se habían adelantado para que regresaran a ver. Caminaron por el arroyo unos 25 minutos más, llegaron antropólogos de la fiscalía.
A ocho minutos hay un pueblo al que no había ido nadie a preguntar o investigar sobre jóvenes desaparecidas y asesinadas, está muy pegado al municipio de Praxedis.
Las mamás solicitaron rastrear la zona. Uno de los casos de jóvenes desaparecidas, que tiene posibilidades de encontrarla en ese lugar, es el de Yanira Frayre Jáquez, a quien buscan desde el 16 de junio del 2010.
El 3 de marzo pasado realizaron un operativo a cargo de la Fiscalía Zona Norte. Encontraron 130 restos óseos. Utilizaron una avioneta, perro y agentes.
Norma alertó que si los casos de Juárez se desconocen u ocultan información, en la Sierra Tarahumara es aún mayor la opacidad, porque la presencia del crimen organizado vulnera aún más los derechos de las mujeres.
Minimiza el gobierno de Chihuahua intento de feminicidios y disminuye
sanciones a los agresores
Hoy, el Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), denunció la falta de criterio de
defensor público y jueza, para castigar un caso de feminicidio.
“Juan Manuel,
le dijo a su ex pareja: ‘te voy a matar’ mientras la estrangulaba y sacó
un arma frente a varios testigos. No obstante, Héctor García Aguirre de la
defensoría pública de Chihuahua intentó modificar la sentencia y la magistrada
Delia Holguín decidió reducir la penalidad contra el agresor, el 19 de marzo de
2013”, dio a conocer Luz Estela Castro Rodríguez, directora de la asociación.
Explica que García
Aguirre debió reconocer el intento de estrangulamiento durante el juicio y
acusa que lo minimizó cuando señaló que era sólo “una forma para someterla y
controlarla”.
Para el Cedehm,
García Aguirre y la magistrada Holguín no actuaron con la debida diligencia porque
no tomaron en cuenta los estudios científicos que señalan que cuando una víctima está siendo
estrangulada, se encuentra al borde del homicidio. Puede sobrevenir la pérdida
de conciencia en tan sólo algunos segundos y la muerte en unos cuantos minutos.
“Héctor García
utilizó además comentarios discriminatorios y sexistas contra la víctima
y sus defensoras, señaló que la defensora del Cedehm, que ayuda a tramitar órdenes
de protección, no debería de haber estado ahí en razón de tratarse
de una mujer de edad avanzada y no muy fuerte e insinuó que lo único que
pretendía era un papel protagónico de heroína”.
El Cedehm
lamentó, a través de su equipo de abogadas, que desde hace varios años, el
gobierno de Chihuahua ha tenido una estrategia de culpar a las mujeres que son
víctimas de delitos y violencia, en lugar de responsabilizar y desaprobar los
ataques de los agresores, tal como ha venido sucediendo desde hace más de
20 años con las declaraciones discriminatorias contra las jóvenes que han
desaparecido y son asesinadas en esta entidad, particularmente en Juárez.
Señalaron que
en otro caso, el juez de Garantías del Distrito Judicial Benito Juárez,
sentenció en un juicio abreviado a sólo tres años a José, que intentó matar a
su pareja.
“José incendió
intencionalmente la vivienda de la víctima. En el momento en que ardió en
llamas la casa, se encontraban en ella la madre de la víctima y su pequeña
hija. El acusado fue detenido en flagrancia. Sin embargo, las mujeres que
sobrevivieron el incendio debieron esperar un año para que se realizara la
audiencia de vinculación a proceso por tentativa de feminicidio y daños. La
sentencia que recibió por intentar matar a una mujer incendiando la casa, donde
vivía es menor a la que hubiera obtenido si se hubiera robado una vaca”.
Luz Estela Castro,
directora del centro, señaló: “preocupa que los pocos casos que llegan ante un
juez de intento de feminicidio sean tratados con desdén y minimizados,
enviando un mensaje de permisividad de que en Chihuahua no es grave asesinar a
una mujer, o dando sentencias menores a quienes intenta matar a mujeres, a las
que tendría el robo de ganado. Pareciera que el estado despliega sus recursos
para negarles el acceso a la justicia a aquellas que logran sobrevivir”.