No se olvide de la libertad de expresión, señor Presidente. Libertad de expresión y protección a periodistas también tienen que estar en la agenda.
Por: Mariclaire Acosta, directora del proyecto México de Freedom House.
Viviana Giacaman, directora del Programa América Latina de Freedom House.
Además de la escandalosa cifra de más de 60 mil víctimas en los últimos 6 años, México es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El silencio y autocensura en que está sumida la prensa mantiene en la oscuridad a los criminales, genera impunidad y reproduce el ciclo de violencia. Con una prensa en silencio, las bases mismas de la democracia están en tela de juicio.
Recientemente México ha tomado
una serie de iniciativas para intentar combatir los ataques a la prensa. El
viaje de Obama debiera servir como un espaldarazo a los avances hechos y tender
una mano en la implementación de otras medidas indispensables y urgentes para
defender la libertad de expresión.
La próxima visita del
Presidente de Estados Unidos, Barack Obama a México, la primera visita
internacional en su segundo mandato de gobierno, muestra la importancia que las
relaciones bilaterales con el vecino del sur tienen para la administración
estadounidense. Luego que Estados Unidos colmara la agenda con temas de
seguridad a través del Plan Mérida y otras iniciativas, la intención del
gobierno de Obama es ampliar el espectro de conversaciones e incluir asuntos
mucho más positivos y de miras al futuro como las relaciones comerciales y
energéticas.
Hace bien el Presidente Obama
proponiendo una agenda amplia de interés mutuo. Sin embargo, la política de
seguridad, en la que Estados Unidos ha entregado aproximadamente 2 mil millones
de dólares a México, ha traído
consecuencias tales que el Presidente Obama simplemente no puede ignorar sus resultados. A una
escandalosa cantidad de víctimas, cercana a las 60 mil personas, la libertad de
expresión y el ejercicio del periodismo están secuestrados por la espiral de
violencia y amenazan con socavar las bases mismas de la democracia. Por sus
graves repercusiones sobre la gobernabilidad democrática y la estabilidad, el
Presidente Obama debe hacer eco de esta problemática y situarla en un rol
relevante dentro de la agenda bilateral.
Las agresiones a periodistas y
medios de comunicación en México se han incrementado desde el año 2000 a la
fecha de manera proporcional a la violencia que se ha registrado en las calles,
convirtiendo a ese país en uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio
del periodismo en el mundo.
Si bien las estadísticas no
son precisas debido a la dificultad para acceder a la información y al silencio
de las víctimas y familiares que desconfían de las autoridades, cifras
oficiales proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
en los últimos doce años se contabilizaron 82 homicidios de periodistas, 18
desapariciones y 33 atentados a medios de comunicación. En 2012, hubo 8
asesinatos (6 de ellos en Veracruz) y 4 desapariciones de periodistas (la mitad
en Veracruz). La violencia contra la prensa creció en un 20% en el último año,
de acuerdo a las cifras de la
organización internacional de libertad de prensa Artículo 19. El Comité para la
Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York señala que ningún país
del mundo tiene tantos periodistas desparecidos como México. Sus cifras son más
conservadoras que las de la CNDH ya que registra 12 desapariciones en los últimos
dos sexenios.
Según registros de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de
Noticias, WAN-IFRA, en lo que va del
año 2013, ya se registraron 6 agresiones físicas, 5 secuestros, 5 ataques a
medios de comunicación y 1 homicidio en el país.
Además, el Diario Zócalo de Coahuila anunció que dejaría de cubrir información relacionada con los cárteles por las amenazas recibidas, y el autor del blog “Valor por Tamaulipas” tomó la decisión de dejar de informar a la ciudadanía sobre enfrentamientos entre delincuentes, y entre éstos y autoridades en la ciudad, porque grupos de la delincuencia organizada ofrecieron una recompensa a quien diera información para encontrarlo.
Además, el Diario Zócalo de Coahuila anunció que dejaría de cubrir información relacionada con los cárteles por las amenazas recibidas, y el autor del blog “Valor por Tamaulipas” tomó la decisión de dejar de informar a la ciudadanía sobre enfrentamientos entre delincuentes, y entre éstos y autoridades en la ciudad, porque grupos de la delincuencia organizada ofrecieron una recompensa a quien diera información para encontrarlo.
Los casos más graves como asesinatos y desapariciones provienen en su mayor parte del crimen organizado y la impunidad en estos casos supera el 80% de los casos. Sin embargo, los estudios revelan que las autoridades, tanto Federales, Estatales como locales también tienen responsabilidad en agresiones menores. Artículo 19, registra un aumento en el número de este tipo de agresiones a periodistas en los últimos años. Mientras entre 2009 y 2011 la organización contabilizó 303 agresiones, 207 fueron registradas sólo en 2012. Las víctimas atribuyen el 44% de ellas a autoridades de los tres niveles de gobierno.
Frente a las varias docenas de
miles de víctimas de homicidio y desaparición como resultado de la “guerra a
las drogas” la cantidad de periodistas e informadores asesinados o
desaparecidos podría parecer, a primera vista, de poca monta. Sin embargo, además
de tratarse de vidas humanas, la violencia contra periodistas e informadores
tiene el efecto pernicioso de atentar contra derechos fundamentales de todos
los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión, fundamental para la
convivencia civilizada; el derecho a la información, vital para asegurar la
gobernabilidad democrática y la seguridad de las personas, requisito
fundamental para la paz.
La autocensura ha sido una
respuesta común de los periodistas y comunicadores ante la amenaza de la
violencia y muchos estados se han transformado en “hoyos negros” informativos,
donde ya no se publica información relativa a la violencia. Las consecuencias
del silencio son graves, ya que contribuye a perpetuar la impunidad de los
delitos y a la creación de una ciudadanía desinformada, y por lo tanto débil e
imposibilitada para ejercer sus derechos. Dos informes de la Fundación Mexicana
para el Periodismo de Investigación (MEPI), constataron en 2010 y 2011 que en
la medida que crecía la violencia en 14 estados de la República, disminuía la
cobertura informativa de los periódicos hasta más del 50%. La situación es tal
que en 2011 sólo dos periódicos en dos estados de los 14 estudiados, pudieron publicar
y dar seguimiento a información relacionada con violencia, proveer contexto o dar
nombres de víctimas. El resto se sumió en el silencio.
Estos desafíos para el
ejercicio de la libertad de expresión no sólo alcanzan a periodistas y medios
de comunicación tradicionales: la censura y la represión comienzan a atacar
también a los usuarios de las redes sociales.
Microsoft Research publicó
recientemente un estudio sobre el comportamiento de los ciudadanos comunes y
corrientes que informan en Twitter o Facebook, también llamados periodistas
ciudadanos, desde lugares como Tamaulipas, Monterrey o Coahuila donde existe
vacío informativo respecto de temas de violencia o crimen organizado. Los
periodistas ciudadanos participantes del estudio expresaron frustración por la
debilidad de los medios de comunicación con relación al tema de
la violencia. La investigación de Microsoft concluye que son estos
ciudadanos en redes sociales los que informan, confirman, comentan y difunden
información acerca de la violencia existente en sus comunidades. Sin embargo,
el costo de dicho reportaje fue muy alto: al final del 2011, 4 reporteros
fueron asesinados en Nuevo Laredo, dos de ellos colgados de un puente y
dos decapitados.
Los periodistas civiles
también han sido víctimas de intimidación y ataques. A fines de 2012 Freedom
House y el Centro Internacional de Periodistas realizaron un sondeo sobre
seguridad digital entre periodistas y twitteros en 20 estados. Entre los
hallazgos se encuentra que el espionaje cibernético y el “crackeo” de cuentas
de correo electrónico son riesgos habituales en su trabajo. El informe también
revela que el 70% de las 103 personas consultadas han sido atacados por su
trabajo y que el 96% conoce a alguien que ha sido víctima de agresiones.
Iniciativas en defensa de la libertad de expresión
Tanto el Estado como la
sociedad civil han respondido a los desafíos de la violencia contra la prensa
con una serie de iniciativas que incluyen:
Primero, la creación de un mecanismo estatal
de protección a periodistas en riesgo. El Mecanismo –creado por la Ley de
Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (LPPPDDH),
aprobada en junio de 2012— debe analizar casos de periodistas o defensores de
derechos humanos en situación de vulnerabilidad y proveer protección para
salvaguardar la vida e integridad de aquellos que se encuentren en riesgo. El
reglamento que permite la operatividad de este mecanismo sufrió retrasos y sólo
fue aprobado el 30 de noviembre del 2012.
Hasta la fecha el mecanismo ha tenido dificultades
para cumplir con su rol. Según diversas fuentes, los casos que llegan al Mecanismo
no tienen suficiente personal calificado para ser analizados, por lo que los
expedientes han comenzado a quedar rezagados. Además, parte importante de los
recursos económicos asignados para su funcionamiento no pueden utilizarse, pues
el Fideicomiso en el que se concentran aún no cuenta con los criterios y
lineamientos que son requisito de la Secretaría de Hacienda para su operación.
Por último, hay poca información sobre los procedimientos para acceder al
mecanismo: las organizaciones de la sociedad civil, por un lado, no tienen
claro cómo hacerlo y, por el otro, aún no tienen confianza ni en el Mecanismo,
ni en las autoridades que lo operan.
Segundo, la reforma al Artículo 73-XXI de la
Constitución, publicada oficialmente el 25 de junio de 2012, que faculta a las
autoridades federales para atraer y conocer casos de agresiones en contra de
periodistas sucedidos en el ámbito local. Al ser una reforma a la Constitución,
ésta requiere que se reformen leyes secundarias para poder operar. Estas
reformas fueron aprobadas por el pleno del Senado, recién el 11 de abril de
2013. Es necesario que ésta se apruebe en la Cámara de Diputados y,
posteriormente, sea publicada por el Presidente de la República para hacerse
efectiva.
La tercera es la Fiscalía
Especial de Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE),
creada en 2010 y que está adscrita a la Procuraduría General
de la República. Si bien esta es una buena iniciativa, que ha mostrado algunos
resultados en sus años de funcionamiento, la PGR está inmersa actualmente en un
proceso de reestructuración, y por tanto la permanencia, capacidad de operación
y efectividad de la FEADLE es incierta.
La cuarta iniciativa está aún pendiente y corresponde
al fortalecimiento de una instancia especializada al interior de la
Procuraduría General de la República (PGR) que se encargue de conocer todos los
casos contra la libertad de expresión, tanto federales, como los de nivel local.
Dicha instancia debe contar con autonomía plena, facultades suficientes,
presupuesto y personal calificado para llevar a cabo estas funciones de manera
eficaz.
La sociedad civil ha sido muy
activa en generar instancias de discusión, diálogo y de elaboración de
propuestas concretas tendientes a mejorar la situación de vulnerabilidad de los
periodistas y de la libertad de expresión.
Entre otras actividades, desde
inicios de 2012 Freedom House convocó a organizaciones de la sociedad civil,
autoridades de gobierno, así como a la Oficina México de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a
conformar un grupo de trabajo para fortalecer a las instituciones del Estado a
fin de que cumplan con su obligación de proteger la seguridad y los derechos de
los ciudadanos. Durante este tiempo el grupo se avocó al fortalecimiento de un
mecanismo de protección para defensores y periodistas en riesgo, alojado en la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) que antecedió a la LPPPDDH así como al
combate a la impunidad mediante la estrecha colaboración con la FEADLE.
Si bien estas instancias han
sido fundamentales para el avance de iniciativas gubernamentales de protección,
aún hay un largo camino por recorrer en la defensa de la libertad de expresión
y la integridad de los periodistas. Freedom House ofrece aquí una serie de
recomendaciones, tanto para el gobierno mexicano como para el Presidente Obama
que pueden contribuir en esa dirección.
Recomendaciones para el presidente Obama en su visita
a México:
Inclusión de la
violencia contra periodistas y comunicadores como tema fundamental de la agenda
de conversaciones durante la visita a México. Freedom House
considera que la exclusión de temas relacionados con la grave y frágil
situación de libertad de expresión en México da una señal negativa a actores
mexicanos, incluidas instancias gubernamentales, sociedad civil y los propios
periodistas, que ven en el apoyo de Estados Unidos una contribución importante
para mejorar su situación.
Mantener abiertos
canales formales y permanentes de diálogo bilateral sobre temas de derechos
humanos y expansión de estas iniciativas. Los gobiernos de Estados Unidos y México retomaron en Marzo una
plataforma de diálogo bilateral sobre temas de derechos humanos (U.S.-Mexico
Bilateral Human Rights Dialogue), en que participó la Subsecretaria de Estado
Roberta Jacobson y otras figuras de alto nivel. Freedom House recomienda a ambos
gobiernos mantener abierto este canal de comunicación, incluir de temas
relacionados con la libertad de expresión en la agenda, y abrir este diálogo a
la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Recomendaciones al Gobierno de México:
Fortalecimiento del
Mecanismo de Protección: Para
mostrar un compromiso con la protección a los periodistas en riesgo, es
necesario instruir a las autoridades encargadas a generar los lineamientos y
normativa necesaria para abrir el Fideicomiso que permita operar el Mecanismo
de Protección. Asimismo, es necesario fortalecer y contar con los recursos
humanos suficientes para analizar los
casos de periodistas y defensores en riesgo y así agilizar el proceso.
Abrir y mantener los canales de comunicación con la sociedad civil: Cualquier política y programa de
protección nacional debe incluir a la gente que pretende servir. Por tanto, la
comunicación abierta con las organizaciones de la sociedad civil mexicanas
necesita mantenerse para continuar el diálogo sobre la protección de
periodistas y libertad de expresión. La comunicación continua asegurará la
transparencia y responsabilidad del mecanismo de protección lo que, a cambio,
generará mayor confianza en el gobierno.
Aprobación de las Leyes Secundarias de la Reforma al Artículo 73-XXI: Para lograr abatir la impunidad y
generar un ambiente de justicia, es necesario lograr su pronta promulgación por
el Presidente de la República.
Fortalecimiento de la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos contra
la Libertad de Expresión (FEADLE): Es de vital importancia contar con un órgano especializado para atender
los delitos contra la libertad de expresión, como lo ha sido la FEADLE. En el
proceso de reformas de la fiscalía es importante que se mantengan instancias
temáticas especiales como ésta. Más aún, es necesario que ella cuente con autonomía
plena, facultades suficientes, presupuesto y personal calificado para llevar a
cabo sus funciones de manera eficaz.
Washington / México, DF, 30 de abril de 2013