¡Como si el Congreso de la Unión no hubiese aprobado hace unos cuantos meses la reforma del artículo 40 constitucional que incorporó formalmente la laicidad de la República! ¡Como si no existiera el artículo 130 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias! ¡Como si no existiera la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que prohíbe expresamente a los funcionarios federales, estatales y municipales participar con carácter oficial en ceremonias religiosas de culto público! ¡Como si cualquier politiquillo de pacotilla, como evidentemente es el caso del gobernador de Chihuahua, se pudiera plantar para desafiar lo hecho por el Congreso de la Unión y por los estados de la República que aprobaron dichos principios constitucionales!
En un acto verdaderamente vergonzoso para la tradición republicana laica y liberal mexicana, el gobernador de Chihuahua, acompañado por su esposa y presidenta del DIF estatal, en el gimnasio Manuel B. Aguirre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, afirmó lo siguiente, ante el nutrido público y autoridades civiles y religiosas: “Yo, César Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público en la sociedad, pido al Sagrado corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude a la intercesión del inmaculado corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua. Le pido perdón a Dios por todo lo que ha sucedido en el estado de Chihuahua en el pasado, le pido que nos ayude a cambiar todo lo que no sea de él, yo César Duarte declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y de mi pueblo, amen”.
Es tal la aberración y la ilegalidad del acto, que no sé por dónde empezar. Comencemos por el hecho mismo del acto, simbólico por supuesto, de la consagración: el diccionario dice que es “ofrecer a Dios por culto o sacrificio una persona o cosa.” Y en este caso la definición es exacta. Como explicó el obispo de la Tarahumara, Rafael Sandoval Sandoval: “Consagrar significa dar en propiedad a Dios algo o alguien, en este caso al estado de Chihuahua”. El gobernador de Chihuahua decidió entregarse a sí mismo, a su familia, a su servicio público y “todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua” al Sagrado corazón de Jesús y a la virgen María. ¿Puede consagrar el estado? ¿Le consultó a alguien su decisión? ¿Tiene derecho a confesionalizar el servicio público, aunque sea el suyo personal? ¿Está dentro de sus funciones hacer eso? ¿Les preguntó a los ciudadanos (creyentes o no creyentes) si estaban de acuerdo con violar la Constitución? Seguramente no.
Puede ser comprensible la desesperación del gobernador y de muchos sectores de la sociedad chihuahuense ante la violencia que ha azotado ese estado. Pero que sus dirigentes acudan al expediente religioso (peor aún, de una religión específica) para salvar al estado y que confundan “los valores perdidos”, con lo que señala una doctrina religiosa, abandonando los valores de la cultura laica (libertad, democracia, civilidad, igualdad, tolerancia, respeto a la diferencia, etcétera) habla de una claudicación del ejercicio público para el que fueron electos.
El gobernador está haciendo algo que ni Vicente Fox en sus peores momentos se atrevió a hacer, ni Felipe Calderón hubiera soñado en llevar a cabo. Es algo que los dirigentes latinoamericanos más católicos y ultraconservadores hacían a fines de siglo XIX, en lugares como Colombia o Perú. Consagrar un estado al Sagrado corazón de Jesús, o a la virgen María, además de ilegal, es confesionalizar la vida pública, eliminar toda diferencia entre las creencias privadas y el servicio público y retroceder en materia de igualdad de trato y no discriminación. Me extraña que no haya habido en todo Chihuahua quien haya disuadido al gobernador de tal locura. Me sorprende por supuesto que nadie en el gobierno estatal o en el PRI le haya dicho algo para frenarlo de tal despropósito. Pero también me asombra que los propios obispos católicos (que luego se asustan de las reacciones anticlericales de la sociedad) no lo hayan frenado en su intento. Que un gobernador priista se atreva a hacer esto es muy mala señal y una confirmación de que los valores y libertades de la República laica no están a salvo ni en capacidad de estar garantizados en todas partes. Me queda claro que ese gobernador de pacotilla debe ser sustituido, pues ignora cuál es su papel como servidor público. Sus actos, ilegales, no deben quedar impunes. De otra manera ¿de qué nos sirve la Constitución?
Roberto Blancarte
Milenio