Como parte
de su informe mundial anual 2013, Amnistía Internacional presentará también el
capítulo México, que sobresale por las flagrantes violaciones a los derechos
humanos en todos los ámbitos. Indígenas, mujeres, periodistas, adultos mayores,
nadie se salvó. El 2012 fue el año de la impunidad y la injusticia.
Durante los
seis años de Calderón en la presidencia, que concluyeron en diciembre de 2012,
más de 60 mil personas murieron y 150
mil se convirtieron en desplazadas a causa de la violencia asociada a las
drogas.
Los cárteles
de la droga y otras bandas delictivas fueron responsables de la gran mayoría de
los homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en connivencia con
funcionarios públicos. El sistema de justicia penal seguía adoleciendo de
graves deficiencias, y el 98 por ciento de los delitos quedaban impunes. La
población indígena corría un especial peligro de ser sometida a procedimientos
penales injustos.
Los
migrantes en tránsito fueron víctimas de ataques tales como secuestros,
violaciones y trata de personas. Varios periodistas y activistas de derechos
humanos fueron asesinados, atacados o amenazados. Se estableció por ley un
mecanismo de protección para periodistas y defensores y defensoras de los
derechos humanos.
La violencia
contra mujeres y niñas era generalizada. Persistió la impunidad por las graves
violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación dictó fallos
innovadores que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos,
incluidas restricciones a la jurisdicción militar.
El nuevo
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto firmó un pacto con otros partidos
políticos, que incluía algunos compromisos en materia de derechos humanos, y se
comprometió a luchar contra los índices persistentemente altos de pobreza.
Información general
Enrique Peña
Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue elegido presidente
en junio y tomó posesión del cargo en diciembre. Además, el PRI consiguió
gobernadores en más estados y aumentó su representación en el Congreso de la
Unión. La reñida campaña electoral fue testigo del nacimiento de un movimiento
social de protesta juvenil, #YoSoy132, crítico con el proceso electoral y con
el candidato del PRI.
El debate
político estuvo dominado por la inseguridad y la violencia derivadas de la
respuesta militarizada del presidente Calderón a la delincuencia organizada. En
mayo, un cártel de la droga fue el presunto responsable de abandonar 49
cadáveres desmembrados en Caldereyta, estado de Nuevo León; al concluir el año
aún no se había identificado a las personas muertas. El Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad siguió pidiendo el fin de la violencia, y reclamando la
rendición de cuentas de todos los responsables.
El gobierno
del presidente Calderón vetó la Ley General de Víctimas, una ley que, promovida
por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y aprobada por el
Congreso, reforzaba los derechos de las víctimas de violencia, incluido el
derecho a obtener reparación. En diciembre, el nuevo gobierno del presidente
Enrique Peña anunció la retirada del veto a la ley.
En agosto, a
pesar de que las autoridades mexicanas no habían cumplido las condiciones en
materia de derechos humanos impuestas por el Congreso de Estados Unidos como
parte de la Iniciativa Mérida –un acuerdo de cooperación regional sobre
seguridad–, el Departamento de Estado estadounidense recomendó que el Congreso
liberase el 15 por ciento de los fondos de dicha iniciativa, que estaba sujeto
al cumplimiento de tales condiciones.
A lo largo
del año, los comités temáticos de la ONU sobre tortura, discriminación racial y
discriminación contra la mujer examinaron el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por México en virtud de los tratados y formularon recomendaciones.
México adoptó algunas medidas para cumplir las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla, Inés
Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Sin embargo,
las víctimas seguían exigiendo que se cumpliesen plenamente las sentencias.
Seguridad pública
Miembros del
ejército, la marina y la policía municipal, estatal y federal fueron
responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas
cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y
acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas.
El gobierno
se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y
la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales. La impunidad era
generalizada, por lo que el resarcimiento que obtenían las víctimas era escaso
o inexistente.
La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 921 denuncias contra las
fuerzas armadas y 802 contra la Policía Federal. A lo largo del año se
formularon 21 recomendaciones al ejército y la armada y nueve a la Policía
Federal. No se disponía de información pública sobre los policías procesados y
condenados por violaciones de derechos humanos. A lo largo del año, sólo ocho
militares fueron condenados en el sistema de justicia militar.
Detención arbitraria y tortura y
otros malos tratos
Se recurrió
de forma generalizada a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos
para extraer información y confesiones de los detenidos durante los
interrogatorios. La CNDH informó de que había recibido mil 662 denuncias de
tortura y malos tratos durante el año; no se impusieron condenas por tortura
durante 2012.
Los agentes
federales y estatales del ministerio público continuaron recurriendo de forma
habitual a la detención preventiva sin cargos (conocida como arraigo) para
recluir a sospechosos hasta 80 días mientras se llevaba a cabo la
investigación.
El arraigo
socavaba seriamente los derechos de las personas detenidas, al suponer una notable
restricción de su acceso a abogados, familia y atención médica y crear así una
situación en la que eran habituales las denuncias de tortura y malos tratos. En
noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura pidió la eliminación del
arraigo. Sin embargo, su uso sólo se eliminó en los estados de Chiapas, Oaxaca
y Yucatán.
* El 18 de
enero, unos agentes de la policía judicial detuvieron a tres hermanos –Juan
Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez, este último de 14 años– en
Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Según la información recibida, los
golpearon y amenazaron y les aplicaron descargas eléctricas para obligarlos a
confesar que extorsionaban a empresarios locales.
Las
declaraciones de los hermanos se grabaron en vídeo y se presentaron como
prueba. Sin embargo, cuando se decretó la prisión preventiva de los tres, los
funcionarios hicieron caso omiso de las señales de tortura. Los hermanos
denunciaron las torturas, pero al concluir el año no había información que
apuntase a que se había iniciado algún tipo de investigación sobre las
denuncias.
*El 1 de
diciembre se registraron en Ciudad de México violentas protestas contra la
investidura del nuevo presidente, que se saldaron con 97 detenciones. La
mayoría de las personas detenidas quedaron en libertad a lo largo de los días
siguientes. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó
casos de tortura y malos tratos y de detenciones arbitrarias. El 27 de
diciembre quedaron en libertad bajo fianza las 14 personas que aún estaban
detenidas. No se disponía de información sobre la investigación de los
presuntos abusos cometidos por la policía.
Uso excesivo de la fuerza y
ejecuciones extrajudiciales
La CNDH
registró al menos 25 asesinatos de transeúntes en enfrentamientos armados entre
bandas delictivas y las fuerzas de seguridad. No se llevaron a cabo
investigaciones completas sobre la gran mayoría de ellos, lo que impidió que se
identificara a numerosas víctimas, que se aclararan las circunstancias en que
se produjeron los asesinatos y que se procesara a los autores.
* El 3 de
febrero, el indígena Carmen Puerta Carrillo murió por disparos cuando pasaba
conduciendo junto a una base militar en la comunidad de Baborigame, municipio
de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua. Según testigos presenciales, los
soldados dispararon sin que mediase advertencia ni provocación. Al parecer, los
militares advirtieron a los familiares de que no denunciasen lo sucedido.
*En marzo,
la CNDH publicó un informe condenatorio sobre el homicidio de dos alumnos de
magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero,
ocurrido durante las protestas de diciembre de 2011, y sobre la tortura y los
malos tratos sufridos por otros estudiantes. El informe implicaba a
funcionarios estatales y federales en los abusos. Tres funcionarios
del estado estaban en prisión, pero muchos otros no comparecieron ante la
justicia durante el año. En mayo, Vidulfo Rosales, abogado de derechos humanos
que trabajaba en el caso, recibió una amenaza de muerte.
Desapariciones forzadas
En
diciembre, un informe filtrado de la Procuraduría General de la República
indicó que durante el gobierno del presidente Calderón se había tenido noticia
de al menos 25.000 secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero
desconocido en todo el país. La mayoría de los secuestros eran obra de bandas
delictivas, pero en algunos casos también estaban implicados funcionarios
públicos. La CNDH estaba investigando dos mil 126 casos de presunta
desaparición forzada.
En la
mayoría de las ocasiones seguía sin conocerse la suerte que había corrido la
víctima. Las autoridades a menudo se mostraban reacias a investigar los casos,
especialmente las desapariciones forzadas, por lo que los familiares tenían que
llevar a cabo sus propias indagaciones –a menudo con gran riesgo de sufrir
represalias por parte de los perpetradores– para determinar lo ocurrido a sus
seres queridos.
En algunos
estados, los familiares de las víctimas recibían un trato despreciativo, en el
que los funcionarios formulaban acusaciones infundadas sobre las supuestas
relaciones delictivas de las víctimas.
En los
estados de Coahuila y Nuevo León, víctimas y organizaciones de derechos humanos
consiguieron que funcionarios locales se comprometiesen a revisar casos y
responder con rapidez a la hora de iniciar la búsqueda e investigar las
denuncias de desapariciones forzadas. El gobierno federal seguía sin cumplir su
compromiso de crear una base de datos nacional sobre personas desaparecidas.
Según la
CNDH, había al menos 15 mil 921 cadáveres sin identificar y se habían exhumado
más de mil 400 restos de fosas comunes clandestinas. En marzo, el Grupo de
Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias hizo público un
informe que ponía de relieve el alarmante índice de desapariciones forzadas e
impunidad en México.
En
noviembre, el estado de Nuevo León aprobó legislación que tipificaba como
delito la desaparición forzada. En casi todos los demás estados y en el ámbito
federal, las desapariciones forzadas no se penalizaban conforme a las normas
internacionales de derechos humanos. El nuevo gobierno se comprometió a
rectificar esta situación.
* Según
informes, Moisés Orozco Medina fue detenido en mayo por agentes de la policía
del municipio de Uruapan, estado de Michoacán. Las autoridades negaron tener
conocimiento de su detención, y al finalizar el año no se había aclarado la
suerte que había corrido. Su hermano y su padre habían sido secuestrados por
hombres armados en 2009 y 2008; seguía sin conocerse su paradero, y, al
concluir el año, las autoridades del estado no habían ofrecido información
sobre la investigación de estos casos.
Derechos de las personas migrantes
Las personas
migrantes en tránsito seguían siendo víctimas de secuestro, asesinato y
reclutamiento forzoso en bandas delictivas. Las mujeres y los niños y niñas
migrantes corrían especial peligro de sufrir abusos. A menudo se sospechaba que
las bandas delictivas contaban con la connivencia de funcionarios públicos que
a su vez sometían a los migrantes a otros abusos, como extorsión y detención
arbitraria.
A pesar de
los compromisos del gobierno para combatir todos los abusos contra los
migrantes, las medidas seguían siendo ineficaces y los gobiernos de los estados
no impedían ni castigaban los delitos cometidos contra estas personas. En
noviembre entró en vigor el reglamento de aplicación de la nueva Ley de
Migración. En octubre, madres de migrantes centroamericanos desaparecidos
recorrieron México en busca de sus familiares. Al concluir el año aún no se
había creado una base de datos de migrantes desaparecidos, y no había avances
en la identificación de restos que se creía que eran de migrantes. Quienes
defendían los derechos de los migrantes seguían recibiendo amenazas en
represalia por su labor.
* En julio
se cerró el albergue para migrantes de Lechería, en el Estado de México, tras
las reiteradas amenazas de bandas delictivas contra migrantes y trabajadores
del albergue. Las autoridades del estado no garantizaron una protección
efectiva, y algunos residentes de la zona protestaron por la presencia del
albergue. Los migrantes y los defensores de los derechos humanos continuaron
recibiendo amenazas y viviendo en una situación de inseguridad en Huehuetoca,
en donde se abrieron albergues temporales alternativos.
* En
octubre, testigos presenciales denunciaron el secuestro de al menos 40
migrantes que viajaban en un tren de mercancías en Medias Aguas, estado de
Veracruz. La investigación oficial que se abrió sobre el caso no determinó la suerte
que habían corrido los migrantes y negó que se hubiese producido el secuestro.
Periodistas y defensores y defensoras
de los derechos humanos
Los
periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron
sufriendo agresiones y recibiendo amenazas a causa de su trabajo. Al menos seis
periodistas fueron asesinados. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra Periodistas no realizó avances en la mayoría de los casos de
periodistas asesinados. También seguían pendientes la gran mayoría de las
investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores de los derechos
humanos.
La sociedad civil promovió una ley para la creación de un mecanismo de
protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos, que el
Congreso aprobó en abril. El nuevo gobierno se comprometió a establecer el
mecanismo y dar prioridad a la protección de los periodistas y los defensores
de los derechos humanos.
* Cuatro
periodistas murieron en el estado de Veracruz en abril y mayo: Regina Martínez,
corresponsal de la revista de investigación Proceso, y los fotoperiodistas
locales Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. A pesar de las
investigaciones iniciadas en los ámbitos estatal y federal, al concluir el año
los responsables no habían comparecido ante la justicia.
* En
febrero, Lucila Bettina Cruz fue detenida arbitrariamente en Santa María
Xadani, estado de Oaxaca, cuando salía de una reunión con la Comisión Federal
de Electricidad. Fue acusada de privación ilegal de la libertad de funcionarios
públicos, pero posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Había participado
en protestas pacíficas organizadas por indígenas locales cuyas tierras se
habían visto afectadas por la construcción de un parque eólico.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos
indígenas de distintas regiones del país continuaron sufriendo un alto grado de
exclusión y discriminación, y su acceso a numerosos servicios básicos era
limitado. A menudo se les negaba su derecho al consentimiento libre, previo e
informado respecto a proyectos de desarrollo y de aprovechamiento de recursos
que afectaban a sus tierras ancestrales. El sistema de justicia penal negaba
sistemáticamente a los indígenas el derecho a un juicio justo y a una reparación
efectiva.
Un aspecto
en el que se registraron avances fue la revisión de casos emblemáticos por
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
*En octubre,
la SCJN anuló la declaración de culpabilidad y ordenó la puesta en libertad de
Hugo Sánchez Ramírez, un joven taxista indígena del estado de México que había
sido encarcelado injustamente por un secuestro cometido en 2007 tras un proceso
en el que los agentes del ministerio público y la policía estatal habían
falsificado pruebas contra él.
* En
noviembre, la SCJN anuló las declaraciones de culpabilidad de José Ramón
Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz y ordenó su puesta en libertad. Los dos
indígenas, defensores de los derechos humanos y presos de conciencia, habían
sido acusados falsamente de robar un automóvil en 2009 y no fueron sometidos a
un juicio justo. En julio de 2010 los habían declarado culpables de cargos
penales falsos en represalia por ampliar el acceso al agua en su comunidad.
* Alberto
Patishtan, indígena condenado por matar a siete policías en el estado de
Chiapas en 2000, continuaba encarcelado en espera del resultado del recurso
presentado ante la SCJN contra su condena. Amnistía Internacional planteó a la
SCJN su preocupación porque, al negarle el derecho a un juicio con las debidas
garantías, la declaración de culpabilidad había sido manifiestamente injusta.
* Los
indígenas wixáricas continuaron haciendo campaña para poner fin a las
concesiones mineras en sus lugares ancestrales de peregrinación en Wirikuta,
estado de San Luis Potosí. El gobierno se comprometió a crear un parque de
biodiversidad para proteger parte de las tierras, pero al concluir el año no se
había consultado adecuadamente a los wixáricas sobre el proyecto.
Discriminación y violencia contra
mujeres y niñas
La violencia
contra las mujeres y las niñas, que incluía palizas, violaciones, secuestros y
asesinatos, era generalizada en numerosos estados. La legislación para prevenir
y castigar la violencia no se aplicó de forma efectiva, y la formación que
recibían los funcionarios sobre el modo apropiado de
abordar los
delitos por motivos de género tampoco se supervisó adecuadamente para
garantizar el cumplimiento de dicha legislación.
A pesar de
los compromisos de mejorar la investigación de la violencia de género, a lo
largo del año no se introdujeron nuevos protocolos de investigación policial, y
los perpetradores solían eludir la justicia. Las órdenes de protección seguían
siendo ineficaces en muchos estados, y las víctimas recibían amenazas
continuamente. Según informes, la política gubernamental sobre seguridad
pública y el elevado índice de violencia delictiva hicieron que las autoridades
prestasen menos atención a la violencia de género. Algunos estados introdujeron
el delito de “feminicidio” (homicidio de mujeres por motivos de género), pero
gran parte de la legislación de los estados seguía siendo contraria a las
obligaciones en materia de derechos humanos contraídas en el ámbito
internacional.
* En los
tres primeros meses de 2012 se descubrieron al menos 13 cadáveres de niñas y
mujeres jóvenes en el distrito de Valle de Juárez, a las afueras de Ciudad
Juárez. Según la información recibida, siete cadáveres fueron identificados
como pertenecientes a muchachas de entre 15 y 17 años que habían sido
secuestradas en el centro de Ciudad Juárez.
Fuero militar
En agosto,
la SCJN revisó una serie de casos para determinar los límites del sistema de
justicia militar. Previamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
había dictado cuatro sentencias sobre esta cuestión, y en julio de 2011 habían
entrado en vigor reformas constitucionales en materia de derechos humanos que
establecían la obligación de aplicar los tratados internacionales de derechos
humanos.
La SCJN
falló que el sistema federal de justicia civil debía ocuparse de los casos de
militares implicados en delitos comunes, incluidas violaciones de derechos
humanos, que no estuviesen relacionados específicamente con la disciplina
militar. En el caso de Bonfilio Rubio Villegas, profesor indígena asesinado por
militares en un control de carretera en el estado de Guerrero en 2009, la SCJN
estableció el derecho de los familiares a impugnar el fuero militar.
Al concluir
el año, la SCJN no había establecido la jurisprudencia para orientar las
resoluciones de los tribunales inferiores en casos similares, y continuaba la
incertidumbre en torno a la aplicación del fuero militar.
En abril se
bloquearon las propuestas de reforma del Código de Justicia Militar destinadas
a excluir las violaciones de derechos humanos. Al finalizar el año el nuevo
Congreso no había retomado las propuestas legislativas para adaptar el Código a
las sentencias de la Corte Interamericana o de la SCJN. El gobierno federal no
dio instrucciones a los agentes del ministerio público para que garantizasen
que todas las investigaciones preliminares estuviesen a cargo únicamente de
autoridades civiles.
