Comunidades rarámuri: agua, territorio, autodeterminación.

Comunidad de Repechike, en manifestación en Creeel
(Foto: Patricia Mayorga)

Por: Víctor M. Quintana S.

Por más que se esconda, en este país sigue hay racismo institucional. Racismo legal, administrativo, procedimental. A pesar de él, las comunidades rarámuri de Chihuahua, resisten con paciencia, sin aspavientos. Se movilizan, se asesoran,  acuden a las diversas instancias gubernamentales Tan sólo en las últimas semanas, cuatro comunidades de la Sierra Tarahumara  han mostrado su músculo tranquilo en la defensa de su agua, su territorio y su autodeterminación. 

La comunidad de Huitosachi acaba de ganar un litigio  a Fomento Agropecuario Campo Lindo SA de CV y a los hermanos Elías Madero por la titularidad de más de 253 hectáreas en el municipio de Urique. Lograron echar para abajo un fallo contra la propiedad comunal  emitido en noviembre de 2013 por el Juzgado Segundo con sede en Chínipas. Lo apelaron debido a las irregularidades cometidas durante el proceso, sobre todo porque el Juez no tomó en cuenta las pruebas aportadas por los indígenas. 

Ahora, la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Chihuahua falló a favor de los rarámuri de Huitosachi, y en adelante serán los legítimos propietarios de las tierras, hasta ahora en litigo.   En la resolución la autoridad judicial tomó en cuenta las sentencias favorables que los pueblos indígenas de otros países han obtenido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al derecho al territorio, así como el Convenio 169 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y  el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Basada en esa legislación, reconoció que hay elementos jurídicos suficientes para resolver y respetar los derechos de los rarámuri. 

Por su parte, la comunidad de San Elías Repechique,  irrumpió pacíficamente en el Coloquio Nacional de la Lengua Materna para manifestar su inconformidad por la construcción del aeropuerto y el gasoducto de Creel. Solicitan al gobierno el respeto a una consulta previa, libre e informada misma que nunca se dio, para llevar a cabo las obras mencionadas. Los gobernadores indígenas afirman que las instancias gubernamentales no les han reconocido su territorio y han hecho proyectos sin consultarles, a pesar de que ya hay resoluciones judiciales que así lo establecen. Denuncian  que  la construcción del aeropuerto afectará el paso de sus niños hacia la escuela y que el gasoducto pasará por terrenos dedicados al pastoreo de ganado y al cultivo de granos para el autoconsumo sin contar con que atenta contra su forma de vida. Se rebelan contra el turismo invasor que se posesiona de sus territorios y de sus paisajes, convirtiéndolos en una parte de ellos.

Para la  comunidad de Bacajípare la defensa de  su dignidad comienza defendiendo su derecho al agua limpia y al saneamiento, recientemente incorporados a nuestra Carta Magna.  Se acaban de manifestar  frente al Hotel Parque Aventuras, porque éste y los hoteles  de cinco estrellas Mirador, Posada Barrancas y Divisadero, ubicados en la ceja de la Barranca del Cobre, desde hace 17 años comenzaron a descargar sus aguas negras en terrenos de la comunidad y han contaminado los manantiales de donde se abastecen de agua, provocando muchas enfermedades entre los indígenas. Bacajípare empezó su combate legal por su derecho al agua limpia en 2002. Sin embargo,  hasta ahora, ni la Conagua, ni el gobierno estatal han puesto fin a las descargas, ni las empresas hoteleras han exhibido los correspondientes permisos de descarga conforme marca la ley. La comunidad demanda que el gobierno del estado cumpla los acuerdos tomados con ella desde febrero del año pasado,  que Conagua  cumpla con su deber y no simulen que ya se solucionaron los problemas. Para mayor presión han acudido ya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las tres comunidades mencionadas cuentan con el acompañamiento y la asesoría de CONTEC, asesoría técnica comunitaria.

Por otro lado, el 1 de marzo, la comunidad de Bakéachi, siempre en pie de lucha, se hizo presente en la capital del estado, como viene haciéndolo desde 2011 para conmemorar el cuarto aniversario  del asesinato de Ernesto Rábago, asesor de ellos y compañero de su asesora jurídica, la Lic. Estela Ángeles Mondragón, ambos de la asociación Bowerasa.  Tanto en la misa celebrada en lengua rarámuri  por sacerdotes redentoristas y jesuitas, como en el rito que llevaron a cabo en la cruz clavada frente a Palacio de Gobierno en memoria de Ernesto, los bakéachis volvieron a demandar justicia a las autoridades. Reiteraron su determinación de continuar su lucha jurídica y social  por sus territorios, de los que ya han recuperado varios miles de hectáreas invadidas por ganaderos chabochis.

Mucho hay que aprender de  la acción tesonera y paciente de los rarámuri. Con su  resistencia  a  la globalización unilateral y excluyente en los tres ejes que atraviesan casi todas las luchas indígenas en América Latina: territorio, agua, autodeterminación, nos muestran desde su modestia  uno de los caminos para una globalización desde lo local, desde lo comunitario, desde el encuentro  con la naturaleza.