Por primera vez, en la historia de Chihuahua las familias de mujeres víctimas de desaparición logran que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género acepte que estas están vinculadas con la trata de personas y que es una red del crimen organizado quienes se las lleva a la fuerza, donde están involucrados policías y funcionarios públicos. Esto ha sido el resultado de las mesas de revisión de expedientes donde se sienta los familiares de las víctimas, Norma Ledezma de Justicia para Nuestras Hijas como coadyuvante de los casos, el coordinador de la Unidad, el coordinador de la Policía Ministerial, el policía responsable de la investigación y el ministerio público que se encarga de la integración de la carpeta, “Por primera vez las investigaciones van encaminadas a que son los mismos autores quienes se las llevaron, como lo dijimos desde un principio, pero nadie nos hacía caso”, afirma Norma Ledezma, presidenta de Justicia para Nuestras Hijas, organización civil que acompaña a las familias de las víctimas. “No se puede construir la justicia sepultando el pasado”, sentenció Norma Ledezma.
UNA TORTURA CONSTANTE
La desaparición de mujeres en el Estado de Chihuahua siempre ha sido vinculada al delito de trata de personas, las madres de familia, quienes se han convertido en las investigadoras y coadyuvantes de cada caso desde el año 2001 sostienen que a las mujeres se las llevan contra su voluntad o las enganchan para venderlas a consumidores potenciales, situación que se constituye como delito de trata de personas.
A la fecha, Justicia para Nuestras Hijas, organización civil que acompaña a las familias de las víctimas tiene 6 casos que han sido considerados por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género como trata de personas y tienen 3 pendientes en Chihuahua: Diana Jazmín, Paloma y Viviana, pero aún hay líneas abiertas; mientras que en Ciudad Juárez hay 11 casos.
Cabe destacar que en el decreto de creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género no existe el delito de Trata de Personas, ya que es un delito que las mismas autoridades han querido ocultar. En la capital las desapariciones de mujeres iniciaron en el 2001, al registrarse entre los meses de febrero y marzo 4 muchachas extraviadas. En febrero de 2001 desapareció Rosalba Pizarro Ortega; a los 5 días Yesenia Concepción Vega Márquez; el 7 de marzo Julieta Marlene González Valenzuela y el 13 de marzo Minerva Teresa Torres Avendaño. En el 2002, con la desaparición de Paloma Angélica Escobar nace la asociación civil Justicia para Nuestra Hijas, la cual preside Norma Ledezma, quien junto con otras madres de familia le hacía señalamientos a la autoridad, pero nunca quisieron aceptar que las desapariciones estaban vinculadas a la trata de personas.
Norma Ledezma afirma que había una resistencia tan radical y categórica de parte de todos los funcionarios, para ellos el delito de trata de personas no existía hasta hace unos meses que la Fiscalía admitió que las concordancias de los casos lo llevaban a una red de trata de personas.
En el 2003 las desapariciones continuaron con Viviana Rayas Arellanes el 16 de marzo; Neyra Azucena Cervantes el 13 de mayo; Diana Jazmín García Medrano el 27 de mayo. Estos cuerpos fueron encontrados con rapidez, “Nosotros les hacíamos el señalamiento de que tenían que ser los mismos”, relata Norma, sin embargo en el caso de Viviana metieron presos a Ulises Ricardo Persabal Ibañez, alias "La Changa" y a su pareja, Cinthia Luisa Kicker alias "La Cheyenne"; en el caso de Neyra fue a su primo Miguel David Meza, pero las autoridades nunca investigaron el delito de trata solo se abocaron a indagar el entorno más cercano de las víctimas, a las familias.
Las familias siempre supieron que a las mujeres se las estaban llevando del centro de la ciudad, pero sus indagatorias y datos nunca tuvieron eco en las autoridades.
REVISIÓN DE EXPEDIENTES, UNA ESTRATEGIA QUE HA DADO FRUTOS
En el 2008, las familias iniciaron la estrategia de revisión de expedientes, cada mes se reúnen para agotar todas las posibilidades de cada línea de investigación. Esta dinámica les costó sangre, sudor y lágrimas hasta que la ex procuradora Patricia González accedió a darles el espacio, donde las familias se sientan a revisar expedientes en coordinación con el personal de la actual Fiscalía, aquel entonces Procuraduría. Con este ejercicio fueron terminando las líneas de investigación, hasta que el año pasado con la ya Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, los familiares de las víctimas lograron que se aceptará el delito de trata de personas, luego de desde el 2010 hicieron el primer intento para que tomaran los casos de las chicas desaparecidas desde el 2000 al 2003, como probable trata.
Al estar erradicadas las líneas de investigación, solo quedaban las vinculaciones o coincidencias de los casos que eran que desaparecían del centro de la ciudad, tenían un perfil físico similar, eran chicas de escasos recursos. De esta manera se toman los primeros 5 casos y después el sexto.
Por primera vez, en la historia de Chihuahua las familias de mujeres víctimas de desaparición logran que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género acepte que estas están vinculadas con la trata de personas y que es una red del crimen organizado quienes se las lleva a la fuerza, donde están involucrados policías y funcionarios públicos. “Se convencieron de que existía el delito de trata de personas ante la insistencia de las familias, no vamos a cesar en nuestro interés porque aparezca la verdad”.
Los padres y madres de familia se han convertido en especialistas en realizar la investigación de cada caso, se dan a la tarea de tumbar las teorías porque casi siempre el argumento el ministerio público afirma que se van con el novio, hasta encaminar la investigación a que se las llevaron contra su voluntad.
La insistencia les ha costado minutas, investigación e insistencia, ahora se trabaja bajo cronograma, para que las investigaciones avancen “Este año es el de no tolerancia y cero prorroga”, fue lo que le dijo a César Duarte en la reunión del pasado 7 de febrero cuando se reunieron con el mandatario y las madres de los casos que representa Justicia para Nuestras Hijas.
Norma recuerda que un viernes santo, un 29 de marzo de 2002 le entregaron el cuerpo de su hija Paloma Angélica, este año concordó la fecha, en estos días ella se andaba peleado con el procurador Jesús “Chito” Solís porque habían sembrado la fotografía del supuesto asesino. “Hace 11 años no tenemos lo de ahora, yo estaba peleándome con todo el mundo, después de 11 años esta lucha ha dado frutos”. El caso de Paloma iba directo a la Corte Interamericana, quien le hizo una recomendación al Estado Mexicano, el Gobernador le pregunto a Norma que estaba dispuesto a hacer lo necesario, así se creó la Fiscalía Especializada, donde los casos recientes se consignan de manera más eficaz.
“Le falta mucho a Chihuahua, a la fiscalía no le dan todo lo que requiere, no cuentan con más personal, solo reconocieron el delito pero no existe la infraestructura y la voluntad para erradicar el problema”. Dijo que no se puede construir la justicia sepultando el pasado, ello al referirse de que los casos más viejos no se les ha dado la atención necesaria.
REDES DE CRIMINALES
Al hablar de trata de personas son redes integradas por personas con poder político y económico, como para mantener impune del delito en el estado, es un paquete completo se trafica drogas, armas y por supuesto mujeres.
Norma Ledezma destaca que desde 2008 han sido rescatadas de las redes de traficantes de personas al menos 18 jóvenes del estado; y es que esas redes criminales reclutan o enganchan con engaños o con la desaparición forzada a niñas, mujeres adolescentes y jóvenes para sacarlas de su entorno y llevarlas incluso a otros países.
“No hay delito sin protección, esta se paga a gente que está en el poder, desde funcionarios hasta policías”. En Ciudad Juárez a trata de personas es más evidente, entre los casos que representan se encuentran tres muy paradigmáticos donde encontraron los restos y quedó demostrada la trata de personas. Las víctimas Perla Ivonne Aguirre González quien desapareció en el 2009; Yesica Leticia Peña García en el 2010 y Beatriz Alejandra Hernández Trejo en el 2008, encontradas en el Valle de Juárez junto con otras 9 osamentas. Se investigaron a nivel individual, pero al ser encontradas con otras mujeres se acepta que es una red de trata de personas que las conduce al consumidor.
La particularidad es que son muchachas de barrio, sus familias sin poder político ni económico, por lo tanto son personas que al desaparecerlas no representa ni un peligro para gobierno ni para los delincuentes. El que consume trata es el que tiene manera de hacerlo, porque cuesta. El que consume trata es el político, el empresario, el narcotraficante, el que está en la delincuencia organizada.
“Estamos hablando de carteles de la delincuencia organizada liderados por delincuentes de renombre, así como servidores público coludidos con las redes que es lo que no permite que avancemos para llegar a una verdad, la justicia está lejos, en Chihuahua la justicia es una utopía”.
A pesar de que la Fiscalía Especializada reconoce el delito de trata falta mucho por hacer, ya que se requiere de equipo especializado, no cuentan con estructura ni recurso para hacerle frente al monstruo de la delincuencia organizada y red de trata de personas “Yo creo que se podría trabajar de manera cerrada y con expertos, un equipo de esta magnitud requerirá desde seguridad hasta tecnología, así como imparcialidad para no llevar el riesgo de que la información, investigaciones y estrategias se filtren, porque quien dirige la red no es una persona son varias y tienen el poder suficiente para callar a cualquiera”.
En el Arrollo El Naranjo en El Valle de Juárez se localizaron otras osamentas, luego de que se realizara el memorial de Yesica Leticia Peña García, encontraron un paraje donde realizaron un rastreo, el domingo 3 de marzo se encontraron 130 restos óseos, de los cuales 70 pertenecen al mismo cuerpo femenino, los otros 60 están analizándose, en 75 días estarán listos los resultados. A la fecha Justicia para Nuestra Hijas tiene 23 casos de feminicidio desde el 2000, el más antiguo es el de Miriam Cristina Gallegos Venegas quien desapareció el 4 de mayo. En Ciudad Juárez representa a 14 casos y 11 son presumibles que sean trata de personas.
SE DEDICABA A DAR MASAJES Y RECLUTABA JÓVENES
Lucero Cabrera Pérez desapareció el 20 de marzo de 2012 en la colonia Hacienda de las Torres, etapa IV, ella fue encontrada hace 4 semanas con vida.
Justicia para Nuestra Hijas tomo el caso en el mes de junio, le dieron seguimiento rápido. Lucero se dedicaba a dar masajes particulares y tuvo que huir, dejando a sus dos hijos, porque un cartel le cobraba cuota, tenía que reclutar mujeres. Ella a través de anuncios en el periódico enganchaba a las jóvenes se “disfrazan” sus negocios como casa de masajes. Hay personas que se encargan de llevar a las mujeres a los hoteles, otras se encargan de cobrar y otras más de sacarlas. Entre más joven es, más caro se cobra.
Lucero se encontraba refugiada. Ella ya fue sacada del país con seguridad extrema. La Fiscalía no está preparada para dar atención a estos casos, sobre todo para sacar a la víctima, darle otra identidad, lo que vulnera a las víctimas. A pesar de que ese tipo de anuncios está prohibido, se sigue dando, estos son más sutiles. La esperanza de la insistencia es sensibilizar a las autoridades para encontrar la justicia para sus hijas, “Seguiremos pase lo que pase y cueste lo que cueste, la verdad no nos garantiza la justicia, pero si acabar con la tortura desquiciante”. La trata de personas no es un hecho lejano, sucede en Chihuahua, es una latente realidad por lo que las mujeres están propensas a ser víctimas mientras no se castigue a los responsables.
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