"En Chihuahua el dolor causado por la inseguridad lo
hemos transformado en una oportunidad, por eso hasta nos está
lloviendo"... "Somos un ejemplo a la nación de que sí se puede dar
vuelta a la página y en esto los abogados son actores destacados en la sociedad"...
"Me gustaría que se viera cuantas personas se están deteniendo, cuantas
órdenes de aprehensión se han logrado, es verdad hay asesinatos, pero también
hay muchos detenidos y eso tiene que ver con el ataque frontal a la
impunidad”... "Hay presencia, hay autoridad, y los índices de inseguridad
han bajado"... Bienvenidos al mundo feliz de César Duarte, el Gobernador
de Chihuahua.
Así se empeña - con frases como las anteriores -, en eludir la realidad y tratar de esconder el
fracaso de su competencia directa en el combate a la inseguridad. Crea un mundo
fantástico en el que la inseguridad se convierte en lluvia, luego de ahí los
problemas no existen. Hay pólvora, pero está mojada. Por supuesto, él trajo la
lluvia, si no de qué sirvió entonces la consagración de nuestro Estado al
Sagrado Corazón de Jesús.
Duarte tiene a su alcance el presupuesto público para
amplificar su voz, su presencia y reproducir cuantas veces quiera sus dichos en
los medios de comunicación, pero lo que viven los chihuahuenses en una vasta
zona del Estado no lo puede borrar, porque la zozobra, la angustia y el temor
que se han apoderado de los habitantes de la Sierra de Chihuahua no es invento,
sino fruto de la brutal violencia que los azota. El Gobernador puede seguir
siendo el narciso de la política estatal, contemplando su rostro todos los días
en las primeras planas de los periódicos, pero pronto el agua en el estanque
circulará difuminando su figura porque alguien ha lanzado una piedra para
sacarlo de ese embelesamiento propio.
La comunidad de Creel, en el municipio de Bocoyna ha
decidido alzar la voz e interrumpir la auto-contemplación. Mas de mil
pobladores tuvieron el valor de firmar una carta dirigida a Duarte y a su
fiscal personal, Carlos Manuel Salas, para exigirles una respuesta seria e
inmediata a las múltiples quejas que han presentado sobre la violencia e
impunidad que se vive en ese municipio. Hace una semana, mediante una
colaboración editorial, el Padre Jesuita Javier Avila, Presidente de la
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C, nos alertó a
través del Diario de Chihuahua de su circulación en redes sociales, donde la
carta ha sido íntegramente reproducida y en ningún otro medio más.
Reproduzco algunos de los párrafos de la misiva, aunque su
contenido completo lo pueden encontrar en mi página de internet
http://www.javiercorral.org : "...Entre la gente del Municipio de Bocoyna
hay temor de hablar, como hay temor de escribir puesto que no vemos resultados
claros y efectivos a las múltiples denuncias que más de una persona, una
organización de derechos humanos, familias enteras han interpuesto luego de
sufrir muertes, secuestros, asaltos, y han tenido como única respuesta otra
muerte, otro secuestro, otro asalto en venganza a la búsqueda y urgencia de
justicia que la sociedad sigue teniendo a flor de piel. Se desalienta la
denuncia y se genera cada vez más desconfianza hacia las instituciones.
Pareciera que en México nuestros derechos se han convertido en favores".
"Reprobamos cualquier muerte y vemos que no es el
camino para acabar con el delito, pues ni la inseguridad ni las muertes
disminuyen en nuestra región a pesar de
los datos que la prensa y los gobiernos presentan como reales. Para quienes desconocen
la realidad, las estadísticas son definitivas y absolutas; para quienes vivimos
la realidad, las estadísticas son simples indicadores pero no verdades
absolutas. Y en nuestro Municipio seguimos padeciendo la inseguridad porque no
se ven resultados claros frente al clima de delincuencia e inseguridad
constante que vivimos hace más de 5 años.
Esto no es Cd. Juárez ni la Cd. de Chihuahua; en Tarahumara los medios
no están tan presentes y la gente calla los constantes delitos que se padecen.
De ahí los juicios equivocados sobre la disminución de la violencia. Aquí se
padece a diario y sólo los habitantes la documentamos".
"No podemos vivir con entusiasmo en una región y en un
Estado tan golpeado como el de ahora. De hora en hora uno espera las noticias.
No podemos evitar leer los periódicos, ver la televisión, escuchar la radio, y
no sentirnos oprimidos por la preocupación sobre el destino de parientes
cercanos y amigos. No se puede callar, no se pueden cerrar los ojos, no se
puede voltear la cabeza y fingir no ver. Vivimos entre el horror y la
desesperanza, sin que nadie del Estado pueda parar tanta ignominia, tanta ola
criminal, tanta muerte violenta, mientras se grita a los cuatro vientos que ha
bajado la ola del delito. El monstruo sigue creciendo, no se ven respuestas
efectivas de las autoridades, y amigos
queridísimos, vecinos, parientes y demás ciudadanos siguen cayendo. El pueblo
rarámuri sigue agredido y lastimado y no son las Cruzadas ni las despensas las
que les regresarán lo robado: la verdad, la justicia, la seguridad, sus derechos.
Pequeñas en edad escolar son agredidas y violadas sin ninguna esperanza de
justicia y atención, etc.".
En su vano intento por sobreponer a la realidad del Estado
su "ejemplo ante la Nación", la respuesta del Gobernador Duarte fue
patética, sobre todo ante una exigencia tan sentida. No acusó recibo de la
carta, sino de las aviesas intenciones de los manifestantes: "A mí lo que
no me parece prudente es que se politice el tema de la inseguridad, que, si
bien hoy aún tenemos problemas, revisemos lo que pasaba hace 3 años. Hace tres
años era lo que hoy nos sacudió la noticia en el estado de Michoacán, que nos
lastima mucho, era lo que teníamos a diario en el estado de Chihuahua, y hace
mucho afortunadamente no llegamos a esos índices".
A veces es difícil entender el lenguaje de Duarte, pedante,
con frases ininteligibles, pero algo se saca de ello: "No pueden decir que
no hay ausencia, recordemos que no hace mucho hubo enfrentamientos. No se puede
decir que no se está haciendo nada, me parece que hay una natural y entendible
actitud por las cosas que han estado sucediendo en el país, y en Creel que no
ha sido exento, pero se sigue trabajando duro, los resultados ahí están. He
estado en Creel, he estado permanentemente, he estado visitando, sé lo que
sucede, pero insisto, si se politiza, es muy difícil darle gusto a un interés
político".
Para el Gobernador la mínima crítica tiene como propósito
desestabilizar al gobierno, y una exigencia como la de los pobladores de Creel,
es un intento de politización que no merece ser atendido, como si las voces de
desesperación y clamor no fueran de chihuahuenses a los que tiene obligación de
atender y dar respuesta puntual. Pero además, esos mismos pobladores nombraron
a un sacerdote católico - de la misma religión que el Gobernador -, al jesuita Javier Avila y a la autoridad
seccional del poblado, Salvador Bustillos, como representantes "para que
sean ellos los contactos para recibir cualquier respuesta de las
autoridades". Ninguna han obtenido de manera formal, ni el acuse de
recibida la carta, sólo descalificaciones en respuestas a medios. La
interlocución de Duarte es fundamentalmente con el Sagrado Corazón de Jesús y
con los Obispos, partícularmente con el Arzobispo de Chihuahua Constancio
Miranda, pero de quien no sabemos si tenga interés en interceder en favor del
pueblo de Creel y de otros municipios del Estado.
Porque de un tiempo a la fecha, la zona serrana se ha
convertido en una zona de incubación de grupos delincuenciales que ha rebasado,
sin duda alguna, a las autoridades locales, y en no pocas ocasiones cuentan con
su complicidad. En mayo, el gobierno de
España actualizó su alerta de viaje a México en la que calificó de especial
peligrosidad la zona mejor conocida como el Triángulo Dorado que incluye a
municipios como Guadalupe y Calvo, Batopilas, Guazapares y Morelos.
Tan solo el 12 de junio, mismo día en que envíe una carta al
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para alertar sobre la situación
de violencia, fue localizado en la sierra de Chihuahua, el cuerpo de Jaime
Orozco Madrigal, candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo.
Esta situación a su vez ha provocado crisis en sectores como
el de Salud, pues el 10 de junio se dio a conocer que al menos 40 médicos e igual
número de enfermeras abandonaron sus consultorios en 19 municipios serranos por
temor a ser secuestrados o asesinados por grupos del crimen organizado. Otra
vez Duarte minimizó las denuncias: “No es una generalidad en lo mínimo, yo
respeto mucho a los médicos y a su condición, pero les pido a los médicos que
denuncien”.
Luego de la muerte del candidato Jaime Orozco, el director
del Hospital de Guadalupe y Calvo, Héctor Alarcón Herrera, fue también privado
de su libertad por un comando armado que horas después lo liberó, de acuerdo a
información también de El Diario de Chihuahua, sin embargo, la Fiscalía General
del Estado difundió un comunicado en el que sostuvo que el doctor fue víctima
de un “secuestro virtual”, versión que después César Duarte cambiaría para
asegurar que se trató de un montaje del propio médico para llamar la atención
de autoridades para atender un conflicto interno por el que atravesaba su
hospital.
De acuerdo al reporte de Incidencia Delictiva 2013
presentado por el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de
Chihuahua A.C, en el período comprendido entre el 15 y 20 de mayo de este año,
el municipio mencionado tiene un índice de homicidios dolosos de 164.0 por cada
cien mil habitantes.
El 26 de junio una familia compuesta por cinco integrantes
fue asesinada en el municipio de Guadalupe y Calvo. A penas el 14 de julio la
revista Proceso reportaba que este municipio había vivido cinco días
consecutivos de violencia en donde grupos delictivos habían incinerado vehículos
y personas, y reportaba que el 12 de julio, cinco personas fueron asesinadas en
el poblado Puerto de Yerbitas.
Para salir al paso de su fracaso en lo que fue la principal
oferta de su campaña y luego de su discurso de toma de protesta - ofreció solucionar
la inseguridad en un año -, el Gobernador de Chihuahua está teniendo un doble
manejo frente al problema de la delincuencia en nuestro Estado. Por un lado se
apropia en exclusiva de los esfuerzos gubernamentales, policiacos, militares,
sociales y judiciales que disminuyeron los hechos violentos de alto impacto en
Ciudad Juárez y la capital del Estado, y cierra los ojos, culpando a la
maledicencia, ante lo que ocurre en la zona serrana chihuahuense. Pretende
ocultar un hecho indiscutible: la violencia y los crímenes de las mafias
delincuenciales se trasladó a la Sierra de Chihuahua. El periódico Reforma
documentó el martes pasado la "Ola criminal en la Tarahumara".
Tiene montada una absurda campaña mediática para trasladar
afuera del Estado una imagen de éxito que los Chihuahuenses no reconocemos como
existente. En ello se enmarca el grotesco reconocimiento que la Confederación
de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), le otorgó de manos
de su Presidente, Vicente Hernández Barrios. El mérito de la presea que le fue
impuesta descansa en una frase sin comedimiento: "por sus significativos
logros y avances de su administración en materia de seguridad, procuración y
administración de justicia".
Mientras Duarte recibía el premio y se ponía como ejemplo en el país,
afuera del recinto hubo un plantón de abogados, en protesta por el
esclarecimiento del asesinato de más de cien colegas, entre ellos 4
catedráticos de la UACH y un juez. El representante del grupo, David Óscar
Castrejón Rivas, un valiente abogado, intentó entrar solicitando una audiencia
con el gobernador, pero un guardia con arma larga le impidió acceder.
El encuentro de abogados que concluyó este sábado 27 de
junio coincidió en su clausura con la penosa noticia de otro secuestro el del
Licenciado Alonso González Nuñez, quien fuera Director del Instituto de Bellas
Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y actualmente funge como
catedrático de la misma Universidad y desempeña funciones de docente en el
Cobach 2.
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