La magistrada Imelda Carlos Baruto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, validó la asamblea del ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, donde por unanimidad, decidieron que la minera Mag Silver y su filial Cascabel, dejaran la región y en cien años, ninguna mina explotaría esas tierras.
La asamblea se realizó el 17 de noviembre del 2012, pero Natalio Lozano y Anastasio Montes, presentaron una demanda para anular la convocatoria y el acta de la asamblea, porque la consideraban viciada.
Los argumentos que dieron son que la convocatoria estuvo viciada en cuanto a las formalidades y que aprobaron más asuntos, de los contemplados en el orden del día, ya que sólo planteaban como asunto “la discusión y en su caso, aprobación o rechazo para la anuencia de actividades de exploración y explotación de minerales por parte de la minera Cascabel (Mag Silver) o de cualquier otra minera que quisiera una propuesta en territorio de la comunidad”.
En la asamblea acordaron restringir la explotación y exploración a cualquier minera, en los próximos cien años, y que la minera Mag Silver abandonara el ejido en las próximas 48 horas.
Luego de reconocer a las autoridades del ejido, la magistrada indicó que la convocatoria fue legal porque la convocatoria se hizo con notario público, y quienes eran presidente y tesorero respectivamente, se negaron a convocar a la asamblea aun cuando los ejidatarios la habían solicitado a través del secretario, Martín Solís Bustamante.
La asamblea argumentó que no quieren a ninguna minera porque Mag Silver ha contaminado el territorio, que tiene vocación agrícola y ganadera
Preció que la parte demandante no probó su denuncia, y por lo tanto, validó la convocatoria de la asamblea ejidal, de acuerdo con el juicio 947/2012.
“Si el fin a que por disposición de ley, se encuentran afectadas las tierras de uso común, de las cuales es el propietario el ejido, no es otro que el de construir el sustento económico de la vida en comunidad del mismo, cualquier asunto relacionado con dichos bienes comunes, afecta los intereses colectivos el ejido”, argumenta la magistrada.
Cabe señalar, que la minera demandó a un grupo de ejidatarios integrantes de El Barzón, por robo que asciende a 40 millones de dólares, despojo y daños, debido a que al no salir del ejido en el periodo estipulado, sacaron el mineral que tenían almacenado para guardarlo en unas bodegas.
El Barzón anunció que contrademandaría, porque no se trató de un robo porque los minerales fueron retirados de tierras ejidales y son propiedad comunal, por lo que enfrentarán a la minera jurídica y legalmente.
Además, argumentaron que los minerales son altamente contaminantes y deben ser retirados a un confinamiento especial, y fueron retirados porque estaban en las puertas de los domicilios de los habitantes.
Ese juicio aún continúa.
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