Vivebús, ¿negocio redondo?

El nuevo sistema de transporte urbano, vendido a la ciudadanía como un sistema modernizado, aún no funciona, mantiene en la quiebra a cientos de familias de concesionarios que invirtieron todo su patrimonio en él, no han logrado pagar a los choferes sus prestaciones de ley y acusan que el sistema está secuestrado por el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Doroteo Zapata García, en complicidad con el gobernador César Duarte Jáquez.

Cientos de choferes del transporte urbano en la ciudad de Chihuahua realizaron un paro laboral durante la mañana del 17 de noviembre pasado. A más de un año de la reestructura del sistema de transporte, no han firmado contrato colectivo de trabajo ni perciben todas las prestaciones de ley, a pesar de que el gobierno estatal les prometió que se las otorgaría la empresa creada para ese fin, Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC).

A partir de las 5 de la mañana, los conductores de camiones urbanos, pararon actividades en las terminales norte y sur de la capital, marcharon hacia palacio de gobierno para exigir sus derechos y que el exsenador Doroteo Zapata, “saque” las manos de la empresa.

Poder Judicial, cuestionado en Chihuahua

Desde el Poder Ejecutivo prepararon el camino para controlar el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), colocaron a cinco magistrados en un solo proceso y al secretario general priistas, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) negoció dos magistraturas, de las últimas trece designadas.

El pretexto de una “profunda” reforma al Poder Judicial, fue “oxigenarlo” de vicios antiguos, pero convirtieron la elección de trece magistrados, en una contienda electoral.

El reto se logró con la colaboración de todas las fracciones del Congreso del Estado, que con reformas legislativas obligaron a jubilase de manera forzada a ocho magistrados (varios del ala crítica en el Pleno del STJ) y eligieron a trece nuevos magistrados, siete políticos del PRI o del PAN.

Las reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el procedimiento de elección, fue impugnada por diversos grupos de abogados, que buscan evidenciar la “aberración” política que invade al Poder Judicial en un ambiente de impunidad que vive la entidad desde hace años.

La impunidad del caso Aeroshow.

Por: Aída María Holguín Baeza.

Justo cuando creíamos que el escándalo y el daño causado por la indolencia oficial en el caso Aeroshow había tocado fangoso fondo, sigue acumulando su escalada de negligencias, que parece no tener fin.

Ahora, a través de los dos medios impresos con más circulación a nivel local, hemos podido enterarnos de la supuesta falsificación de documentos relacionados con ese espectáculo en el que nueve personas fallecieron y casi cien resultaron heridas.

Aún y cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido -o no ha querido- deslindar responsabilidades; queda más que claro que el Aeroshow es un caso en el que la negligencia y la corrupción son la causa de la tragedia.

El escándalo ‘Safe It’

Por: Jaime García Chávez.

En la jerga jurídica y política, cuando se habla de escándalo lo que se quiere decir es corrupción. En Chihuahua –este es un punto de partida ineludible– está instalada la corrupción política de manera estructural y como nunca. Aquí se dan a plenitud las tres condiciones que son su mejor caldo de cultivo: monopolio de las decisiones públicas, absoluta discrecionalidad y nada de fincar responsabilidad, entendida ésta como la obligación de dar cuentas del quehacer del poder público. No hay en la estructura del Estado una frontera perfectamente delimitada entre los intereses de quienes tienen el poder y sus negocios privados, de tal manera que manejan el erario como si fuera el propio cortijo. A la escena pública salieron los negocios de un alto funcionario del gobierno del estado, y además consentido del titular del Ejecutivo, y se puso de manifiesto los fuertes cimientos que parecen edificar sólidamente la putrefacción en todas sus expresiones.

De la consagración al cuestionamiento.

Por: Víctor M. Quintana S.

No había pasado un año, que el gobernador César Duarte “consagró” solemnemente el estado a los “Sagrados Corazones de Jesús y de María”, en un acto público, con la presencia de varios obispos, encabezados por el Arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckman, cuando el eclesiástico no tuvo más que lanzarle algunos dardos –por cierto no tan afilados- a la política de seguridad pública del gobierno.

Lo que encendió la invectiva del Arzobispo fue el artero asesinato del seminarista Samuel Gustavo Gómez, de 21 años, la noche del Domingo de Ramos al Lunes Santo, en San Ignacio, desértico poblado del municipio de Aldama. Fue ultimado por tres sujetos en estado de intoxicación, dos de los cuales ya están presos y confesos, con el fin de despojarlo de su automóvil y su celular. El clérigo acababa de llegar al pueblo a evangelizar con motivo de la semana mayor.